DESENREDO
En San Marcos, departamento guatemalteco fronterizo con México, se hace
evidente cómo en territorios donde hay ramales del río Suchiate y del
Volcán Tajumulco, instancias del Estado y de la iniciativa privada se
alían para impulsar la construcción de grandes hidroeléctricas, a pesar
del descontento social que existe en esa zona, mismo que se ha expresado
a diferentes funcionarios públicos de tres gobiernos.
Es importante conocer que desde 2002 habitantes de caseríos y aldeas del
departamento de San Marcos, en múltiples ocasiones han denunciado la
problemática energética que viven. A través de diferentes formas
organizativas, mujeres, hombres indígenas y mestizos han expresado su
rechazo a los proyectos extractivistas porque sólo benefician a los
grandes empresarios.
El público lector tiene que saber que en lugar de escuchar las demandas
populares, las instituciones del Estado han respaldado las exigencias de
los inversionistas (entre los que figuran finqueros del café y
empresarios industriales), y para ello han optado por criminalizar la
lucha comunitaria. En este tiempo, 10 líderes han sido asesinados, entre
ellos Evelinda Reyes y Víctor Gálvez.
Actualmente, en San Marcos hay 14 presos políticos; Maribel Díaz Gómez,
madre soltera con cuatro hijos, es una de ellos. Además, existe la
amenaza de nuevas capturas de líderes comunitarios, autoridades
indígenas, representantes de consejos de desarrollo o alcaldías
auxiliares. La más reciente sucedió ayer.
Acallar el descontento mediante la represión a las personas organizadas
es una práctica que se repite en Guatemala, aun así, quienes están
convencidos de la validez de su lucha por defender el “agua, la tierra y
la vida” continúan haciendo esfuerzos para liberar a sus presos
políticos, reconocen claramente el sesgo racista que tiene la actuación
de algunos administradores de justicia, y representantes empresariales.
Las comunidades organizadas siguen en resistencia, a pesar de la
represión, dicen con fuerza: “no nos ahuevamos”. Han recibido la
solidaridad de agrupaciones de Petén, Izabal, Alta Verapaz y otros
lugares.
Cuentan con la asesoría y apoyo de varios abogados, quienes explican que
en estos procesos irregulares participa la jueza Hortensia Reyes Ríos y
Casimiro Pérez, quien se ha presentado como supuesta víctima, primero
de tres personas, luego de 25 y recién denunció a otras 25.
Las palabras de Zoila Pérez, esposa de uno de los presos quien a pesar
de estar absuelto sigue en prisión, sintetizan la situación: “estamos
viviendo persecución, no es justo lo que estamos sufriendo, en especial
los hijos. Pido justicia, no puede ser que los maleantes estén libres y
personas inocentes estén privadas de libertad. Si defendemos la madre
tierra y el agua, eso lo tenemos que hacer”.
Entre las irregularidades detectadas en los procesos judiciales, los
abogados enlistan: aceptar como querellante adhesivo a la Liga pro
Patria, acusar de asociación ilícita y secuestro, faltar al cumplimiento
de plazos en el Organismo Judicial, otorgar medidas sustitutivas con
prohibiciones extensas y asignar casos a un juzgado del crimen
organizado, a pesar de no corresponderle.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Tomada de comunitariapress.wordpress.com
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.-
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