El
debate por la modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias, con
media sanción en Diputados y aún trabada en Senadores, se centró en
dónde poner el límite para pagar o no pagar y de dónde sacar la plata
para recuperar lo que se dejará de recaudar. La esencia del reclamo de
trabajadores y trabajadoras en actividad o ya jubilados, se perdió en
una marea de números y negociaciones políticas.
Qué se
discute cuando se habla de la modificación del Impuesto a las Ganancias,
debería ser la pregunta a hacernos entre tantas informaciones que
circulan, opiniones encontradas, proyectos que se cruzan en los debates
parlamentarios y comunicacionales.
Empezando por una conclusión,
creemos que se ha perdido el eje que desde un inicio fue el reclamo de
los trabajadores y trabajadoras: el salario no es ganancia, ni tampoco
lo son las jubilaciones y pensiones que son consecuencia del trabajo
activo. Y decimos esto porque la discusión pasa por un universo de
contribuyentes que exceden a quienes trabajan en relación de
dependencia.
Es que el proyecto con media sanción de Diputados
modifica el artículo 23 de la ley de Ganancias. Este artículo es el que
determina los montos posibles a deducir – y que por lo tanto disminuyen
la base sobre la que se calcula el impuesto- de los ingresos que
reciben las “personas físicas”. Por lo tanto el impacto no solo
alcanzará al trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y
pensiones, sino también, por ejemplo, a quienes cobran honorarios por su
tarea de dirección en sociedades.
Creemos que es necesario dejar
en claro este punto ya que uno de los ejes que atraviesan los debates
es de dónde sacar el dinero que el Estado dejaría de percibir al
resignar cobrar Impuesto a las Ganancias a un sector de contribuyentes.
Para
fundamentar con datos este punto, nos remitimos a un trabajo de
reciente publicación, realizado por Sergio Arelovich de la Universidad
Nacional de Rosario (El impuesto a las Ganancias y lxs Trabajadores)
Utilizando
estadísticas tributarias, datos del Ministerio de Trabajo, boletines de
la Seguridad Social, información del INDEC y elaboración propia,
muestra cómo está compuesto lo que el Estado ha recaudado, desde enero a
setiembre de este año, con este impuesto.
Las conclusiones son:
1-El 71% lo pagan las sociedades y el 29% las personas físicas
2-Dentro de ese 29%, solamente un 12% tributan trabajadores y trabajadoras con salarios contenidos en Convenios Colectivos.
3-Completan
ese 29%, un 3% de quienes perciben ingresos por tareas gerenciales y no
salariales y un 14% que pagan personas físicas por sus participaciones
en sociedades y empresas.
La conclusión a la que llega Arelovich
en su trabajo es que eliminar el impuesto a las Ganancias para los
trabajadores y trabajadoras que perciben sus salarios por negociaciones
paritarias solo significaría entre un 0,8% y un 1% del Producto Bruto
Interno, 51.098 millones de pesos.
Esta cifra de por si no
significaría demasiado, pero si pensamos que los intereses por las LEBAC
(Letras del Banco Central, es decir títulos de deuda de corto plazo que
licita el Banco Central de la República Argentina) a pagar durante este
año serán de alrededor de 200.000 millones de pesos por pura
especulación nada productiva para el país (como sí lo es el trabajo de
los asalariados), que la rebaja de derechos a las exportaciones
representó para ese sector dejar de tributar 55.000 millones de pesos,
entre otros ejemplos, fácil es concluir que se trata claramente de una
decisión política.
Este gobierno, durante su primer año de
gestión, transfirió a los sectores concentrados de la economía
(devaluación, quita de retenciones al agro y a la minería, desregulación
de la tasa de interés, aumento de precios, pago a Fondos Buitre,
condonación de deuda a las distribuidoras eléctricas, dólar a futuro,
etc.) cerca de 32.600 millones de dólares, casi 500.000 millones de
pesos. En caso de que no cobrarse un solo peso de Impuesto a las
Ganancias por el trabajo asalariado solo se “perdería” de recaudar un
10% de lo se llevaron estos sectores. Tampoco se evalúa el impacto que
tendría en la economía que esa masa salarial fuese al consumo.
También
se discuten las fuentes de financiamiento para el “agujero fiscal” que
significará poner en funcionamiento esta reforma tributaria. El proyecto
con media sanción establece como fuentes compensatorias un impuesto al
juego, a la renta financiera, a las operaciones financieras
especulativas, inmuebles improductivos, entre otros.
Sin embargo,
hay que recordar que la Ley del Blanqueo en vigencia disminuyó las
tasas y los montos sobre los que se aplicará el Impuesto sobre los
Bienes Personales.
En este sentido, el ex diputado por
Unidad Popular Claudio Lozano expresó: “no existe problema alguno en
materia de costo fiscal para llevar adelante la reforma en Ganancias. No
sólo porque se puede eliminar la exención a la renta financiera y subir
la alícuota a los millonarios tal cual plantea nuestro proyecto, sino
porque es factible recuperar recursos fiscales grabando la riqueza de
los multimillonarios en base al impuesto a los bienes personales”.
“En
la Argentina, hay 11 personas que tienen un patrimonio neto superior a
los mil millones de dólares, hay 1.040 personas cuyo patrimonio supera
los 30 millones de dólares, y son 114.000 los residentes en la Argentina
que tienen un patrimonio neto superior al millón de dólares. Un
promedio de 15 millones de dólares cada uno. Si a estas 114.000 personas
que en conjunto suman una fortuna de un billón setecientos mil millones
de dólares se les aplicara el 0,75% que establece la ley de bienes
personales, el Estado argentino recuperaría unos 13.000 millones de
dólares o lo que es lo mismo unos 190.000 millones de pesos. Argentina
tiene cómo resolver su problema impositivo. El único esfuerzo fiscal que
hay que hacer es cobrarle a los ricos para construir mayor igualdad”,
concluyó Lozano.
Jueves 15 de diciembre de 2016
Red Eco Alternativo Argentina
http://www.alainet.org/es/articulo/182411
No hay comentarios:
Publicar un comentario