Quito, 12 abr (PL) La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) expuso
hoy su preocupación por la seguridad jurídica de Brasil y de la región,
ante la decisión en ese país de avanzar en el proceso de destitución de
la presidenta Dilma Rousseff.
La Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil resolvió ayer dar este
paso pese a que, según Unasur, no existe hasta el momento una prueba que
incrimine a la mandataria de manera personal y directa en la comisión
de un delito.
Esta decisión se convierte en un motivo de seria
preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región, afirma
un comunicado de la entidad divulgado este martes.
Unasur,
compuesta por 12 países de la región suramericana, tiene emplazada su
sede en Ecuador, a 14 kilómetros al norte de esta capital, en el
complejo Ciudad Mitad del Mundo.
La presidenta solo puede ser
procesada y destituida -revocando el mandato popular que la eligió- por
faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y
activa, asevera el comunicado.
Aceptar que un mandatario puede
ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter
administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del
gobierno por razones de índole simplemente políticas, concluye.
La Unasur fue constituida en 2008 y la integran Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname,
Uruguay y Venezuela.
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