México incumple acuerdos internacionales y leyes nacionales
Cimacnoticias
A pesar de lo que mandatan la legislación
nacional y los acuerdos internacionales en migración, en México menos de
1 por ciento de niñas, niños y adolescentes que son detenidos por
autoridades migratorias son reconocidos como refugiados o reciben otro
tipo de protección, reveló Human Rights Watch (HRW).
En el informe “Puertas cerradas. El fracaso de México en la protección
de niños refugiados y migrantes de América Central”, HRW señaló que el
gobierno mexicano dificulta el acceso a refugio para las y los niños
migrantes, además de que propicia su detención en estaciones
migratorias, en lugar de procurarles cobijo adecuado, lo que contraviene
el principio de interés superior de la niñez, establecido en leyes
nacionales y en diversos tratados internacionales.
Además, HRW sugirió, como han acusado aquí grupos civiles, que Estados
Unidos “apoyó” económicamente a México para que detuviera el cruce de
niñas y niños migrantes, lo que propició que en 2015 más de 35 mil
personas menores de edad fueran detenidas en los centros migratorios del
país.
NIÑAS HUYEN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
La organización internacional recordó que en los países del llamado
“Triángulo Norte” de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras),
la violencia de pandillas (“maras”) persigue desde hace más de 10 años a
niñas, niños y adolescentes, quienes se ven orilladas a viajar a México
en busca de seguridad.
En Honduras, más de 400 personas menores de 18 años murieron en la
primera mitad de 2014, la mayoría víctimas de la violencia pandillera,
quienes las presionan incluso para que se unan a las “maras” bajo
amenazas de daño físico, muerte o contra su familia.
Las niñas y mujeres adolescentes afrontan en mayor medida la violencia
sexual y el acoso por parte de miembros de las pandillas, explicó HRW.
El organismo constató con testimonios que las personas menores de edad
salieron de sus países hacia México por razones de seguridad, luego de
que fueran presionadas para unirse a la “maras”, amenazadas con
violencia sexual y explotación, secuestros, así como sometidas a
extorsión o víctimas de violencia en el hogar.
También hubo quienes aseguraron que emigraron porque las personas encargadas de su cuidado habían muerto.
DERECHOS DE PAPEL
HRW recordó que por ley México ofrece protección a las y los refugiados,
así como a otras personas que podrían afrontar amenazas contra su vida o
seguridad si regresan a sus países, pero los mismos datos oficiales
refieren que menos de 1 por ciento (sin desagregar por sexo) de las
niñas, niños y adolescentes detenidos por Migración en México son
reconocidos como refugiados.
Y es que aunque “sobre el papel, la ley y los procedimientos mexicanos
reflejan, en muchos aspectos, las normas internacionales”, HRW detectó
“grandes discrepancias entre la ley de México y la forma en que se
aplica”.
Las reglas son claras: las normas internacionales exigen una audiencia
justa para cada solicitud de refugio; la evaluación de las solicitudes
presentadas requiere tomar en cuenta el interés superior de la infancia;
y las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados deben
recibir representación legal u otro tipo de asistencia.
Los agentes de protección a la infancia del Instituto Nacional de
Migración (INM) deben evaluar las necesidades de la infancia migrante, y
la Ley de Migración de México exige que las y los menores de edad sean
referidos a refugios operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF).
Esa misma ley obliga a cualquier funcionario del INM o del gobierno que
reciba una solicitud verbal o por escrito de asilo de una persona
migrante de cualquier edad, a remitirla a la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR).
Además, las y los migrantes de cualquier edad que son víctimas de delito
grave en México también pueden solicitar al INM una visa humanitaria
HRW encontró que niñas y niños que podrían cumplir los criterios para
recibir asilo, afrontan múltiples obstáculos a la hora de presentar su
solicitud cuando son detenidos por el INM. El obstáculo tal vez más
desafiante, dijo la organización, es la práctica de someter a todas las
niñas y niños migrantes a condiciones carcelarias.
En total, más de 35 mil niñas y niños en 2015 estaban detenidos en
centros migratorios, más de la mitad no acompañados, pero incluso
aquellos que llegaron al DIF estaban en condiciones de detención, ya que
no asisten a la escuela, carecen de visitas supervisadas a jardines,
parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la
comunidad.
Y a menos que necesiten atención médica especializada, permanecen en los
refugios las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La detención, dijo HWR, es especialmente problemática para quienes
quieren solicitar la condición de refugio, ya que –según los
testimonios– los agentes del INM amenazan con que la solicitud de asilo
significa la prolongación de su detención.
Otra dificultad es que los agentes del INM no informan a las y los niños
migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados;
además, las autoridades no evalúan adecuadamente para determinar si sus
solicitudes de asilo son viables; no dan asesoría jurídica u otro tipo
de asistencia; y los procesos de resolución de las solicitudes no están
diseñados en el interés superior de la infancia.
MÉXICO RECIBIÓ APOYO DE EU
Como señalaron activistas en 2015, HRW confirmó que el apoyo del
gobierno de EU a la capacidad de México de aplicar medidas de control a
la migración aumentó después de mediados de 2014, cuando empezó a llegar
al país vecino un número sin precedente de menores de edad no
acompañados y familias con niñas y niños desde Centroamérica.
Lo que incluso derivó en que el secretario de Seguridad Nacional de EU,
Jeh Johnson, elogiara al gobierno de México por tomar “medidas
importantes para interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes
de Centroamérica con destino a EU”, y también en que las aprehensiones
por parte del país del norte disminuyeran mientras que las detenciones
en México aumentaron.
HRW enfatizó que la devolución de niñas y niños que experimentan
violencia en sus países de origen incumple también las obligaciones de
México para proteger a la infancia.
Si bien HRW buscó entrevistarse con altos funcionarios en México para su
investigación, éstos no respondieron la solicitud, pero ayer el INM
reviró en redes sociales que no recibe recursos económicos de ningún
tipo de organismo o dependencia, nacionales o extranjeras.
El instituto aseguró que a través de los Oficiales de Protección de la
Infancia prioriza la seguridad de las y los menores de edad, a quienes
rescatan y dan el “retorno asistido” (no así refugio), y les ofrece un
trato humanitario.
A contrapelo de los testimonios y de los organismos civiles, el INM
también aseguró que todas las niñas, niños y adolescentes migrantes
extranjeros “rescatados” son canalizados al DIF y se les ofrece refugio,
alimento y comunicación.
También argumentó que es su prioridad la reunificación familiar, con
especial atención de las y los menores de edad que viajan no
acompañados, y pidió que se realice “una valoración objetiva” de lo que
está sucediendo en países en donde se origina la migración.
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