Sin
argumentos frente al éxito de los modelos económicos y sociales de los
gobiernos progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se
dedica a atacar la imagen personal de los líderes de la izquierda
latinoamericana.
Cada vez más favorito para volver a ser
presidente de Brasil, asumiendo la coordinación del gobierno de Dilma
Rousseff, Lula es acusado de tener un departamento que nunca fue suyo,
en un sitio que nunca le perteneció. Se ha vuelto el político más
investigado por sus enemigos en el Poder Judicial y en la Policía
Federal, se ha presentado siempre para declarar, sin ningún problema,
pero nunca han encontrado nada que lo involucrara.
Lula,
después de ser el presidente de más éxito que Brasil jamás tuvo, dentro y
fuera del país, volvió a vivir en el mismo departamento de antes, en
São Bernardo do Campo, periferia de la industria automotriz de Sao
Paulo, donde el había hecho su carrera profesional de tornero mecánico y
de líder sindical metalúrgico. Mientras que Cardoso, después que salió
de la presidencia, tiene, entre otros bienes nuevos, un departamento en
la Avenue Foch, en el barrio más rico de Paris.
De la
misma manera, Dilma Rousseff tiene un pedido de impeachment encaminado
por 38 votos de una comisión parlamentaria, 35 de los cuales están
implicados en procesos de corrupción, mientras que nada se ha probado en
contra de ella.
Tratan de implicar a Evo Morales en
supuestas acciones de favorecimiento de empresa privada, a partir de una
relación afectiva que tuvo en el pasado. Y buscan acusar, sin ningún
fundamento, a Cristina, en un supuesto caso de lavado de dinero.
Se
tratan de casos de persecución política, promovidos por la alianza
entre sectores del Poder Judicial y de los medios, unidos en el combate a
la imagen pública de los líderes populares.
Es la
confesión de que la derecha no puede competir con esos líderes en la
disputa democrática de las elecciones y de las manifestaciones
callejeras. Trata entonces de buscar la judicialización de la política,
intentando sacar de la vida política a líderes populares de amplio apoyo
en la sociedad.
La forma que buscan es la de la
descalificación personal. Los gobiernos del PT habrían tenido éxito
porque habrían financiado sus elecciones y reelecciones mediante
procesos de corrupción. No encuentran ninguna evidencia, pero insisten
en esas acusaciones, intentando descalificar todo el proceso de inmensa
democratización social que el país ha vivido en esos años.
Tratan
de descalificar las gigantescas trasformaciones que ha vivido Bolivia
bajo el liderazgo de Evo Morales y de Álvaro García Linera, alegando un
comportamiento personal indebido del presidente y de que el documento
universitario que comprueba el currículo académico del vicepresidente no
correspondería.
Al igual que intentan criminalizar a
Cristina, sin ningún fundamento, como si ello pudiera descalificar el
rescate de Argentina de la peor crisis de su historia, que Néstor y
ella hicieron.
Lo que tratan de hacer es de ensuciar la
imagen pública de los líderes populares, con la reiteración de denuncias
sin base alguna, pero que, por la reiteración, buscan crear sospechas
respecto al comportamiento de esos líderes. Buscan, a la vez, desplazar
los temas económicos, políticos y sociales, hacia temas de la
corrupción, con la acción correspondiente del Poder Judicial.
El
inmenso proceso de democratización social que ha vivido América Latina
en este siglo está en peligro, en caso de que no se avance en la
democratización de la formación de la opinión pública y en la
democratización del Poder Judicial.
- Emir Sader,
sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del
Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de
Janeiro (UERJ).
http://www.alainet.org/es/articulo/176700
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