Por Néstor Rosa-MarbrellSan Juan, 12 abr (PL) El Congreso de Estados Unidos se dispone a decidir el futuro fiscal de Puerto Rico, excluyendo a representantes de la isla, mientras una veintena de funcionarios, líderes políticos y empresarios cabildean hoy en Washington. El gobernante puertorriqueño, Alejandro García Padilla, se halla desde el domingo en la capital de la nación norteña a la cabeza de una delegación mixta para intentar persuadir a los congresistas a otorgarle una salida a la crisis fiscal del Estado Libre Asociado (ELA) para hacer frente a su deuda de 70 mil millones de dólares.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal se dispone a realizar mañana una sesión en torno a un proyecto de ley dirigido a imponer a Puerto Rico, sin la participación de representantes del ELA, una junta de control fiscal.
La exclusión del gobierno puertorriqueño de la audiencia en el Congreso es considerado una gran ironía, porque reafirma que Estados Unidos no reconoce en su terreno los poderes soberanos que por más de 60 años afirmó en las Naciones Unidas que tenía Puerto Rico.
Esto provocó que la administración de García Padilla destine decenas de miles de dólares de sus reducidas arcas para pagar a influyentes cabilderos estadounidenses con el fin de que maniobren en contra del organismo federal tal como se ha concebido en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Esa junta, que podría contar con cinco o siete miembros, estará en control de esta isla del Caribe por encima de las determinaciones que puedan tomar los funcionarios electos, incluido el gobernador.
Se espera que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah) presente en la tarde de hoy la legislación, de la que los puertorriqueños solo conocen parcialmente el borrador que se ha filtrado a los medios de comunicación estadounidenses.
De momento, se indicó que la función de la junta federal de control fiscal, que no incluirá ningún funcionario del gobierno de García Padilla, tendría como misión -por los próximos cinco años- manejar las recaudaciones contributivas de los puertorriqueños y ordenar un proceso de reestructuración de la monumental deuda pública isleña.
Pese a que hay discrepancias entre los congresistas, incluso republicanos, en la concepción del organismo de control de las finanzas puertorriqueñas, el Tesoro de Estados Unidos también desea que se establezca una junta con esos fines, según admisión del subsecretario Jacob Lew.
El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, reconoció desde Washington -donde cabildea ante los congresistas- que es muy poca la información que se le ha provisto sobre lo que se proponen hacer.
Bhatia comentó que es posible que la junta federal de control fiscal, que tendrá base en Washington y San Juan, parece que se ampliará de cinco a siete miembros.
El senador puertorriqueño Ángel Rosa destacó, por su parte, que la junta federal usurpa todos los poderes de Puerto Rico y no provee mecanismos para su desarrollo económico.
"Este es un escenario de batalla campal, donde cada uno intenta sacar un pedazo del país", dijo Rosa desde Washington a una emisora local.
El parlamentario caracterizó de "antidemocrática" la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) porque "violaría el principio básico que en Estados Unidos no se pueden poner impuestos sin representación política".
"La junta podría aumentar el impuesto que pagan los puertorriqueños sin la participación de nadie autorizado por el pueblo de Puerto Rico, (por lo que) es la negación de un principio fundamental, razón principal por la cual las 13 colonias (originarias norteamericanas) se rebelaron contra Inglaterra", refirió Rosa.
Al tiempo que cabildea en Washington junto a miembros de su gabinete, legisladores y empresarios para que se limite el poder de la junta federal sobre los asuntos fiscales del país, García Padilla aboga también por el establecimiento de medidas que propendan al desarrollo económico de esta isla del Caribe, desde 1898 una colonia de Estados Unidos.
A la vez, enfrenta en la isla la realidad de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) se dirige hacia una insolvencia inevitable, debido a que ya no recibe depósitos de los principales municipios del país -como San Juan, Guaynabo, Carolina y Caguas- ante el temor de que los bonistas embarguen sus activos.
Esto ha llevado al gobernante boricua a decretar una moratoria en el pago de la deuda del BGF, lo que ha sido criticado por sectores independentistas, como la senadora María de Lourdes Santiago, porque se priva de pago a los proveedores de servicios, mientras se cumple con el pago a los bonistas.
El BGF tiene previsto pagar el 1 de mayo próximo 422 millones de dólares y el mes subsiguiente otros 700 millones a los acreedores.
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