Reclamo del otro campo
Página/12
Representantes
campesinos de países latinoamericanos, con el apoyo del CELS,
denunciaron ante la CIDH la violación a los derechos humanos en el
sector rural del continente.
Privatización de semillas,
tierra en pocas manos, criminalización, reforma agraria y soberanía
alimentaria fueron algunas de las palabras escuchadas en Washington
durante la audiencia protagonizada por campesinos en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Encabezado por la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía
Campesina) y con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), se dejó constancia de que en el sector rural “el patrón común
del continente” es la violación de derechos humanos “y su directa
relación con las corporaciones transnacionales y el modelo de
agricultura industrial”. Se apuntó al rol de las empresas, la
subordinación de los Estados y la necesidad de acciones regionales.
El
mendocino Diego Montón, de la CLOC, denunció la avanzada empresaria
para patentar la naturaleza. Ejemplificó con el maíz. “Durante diez mil
años las distintas generaciones de campesinos mejoraron semillas,
produjeron el maíz, lo cuidaron. Y hoy las empresas patentan y se hacen
dueñas de esa creación de generaciones”, denunció, y alertó que en
Argentina se prepara una ley (bautizada “ley Monsanto”) que restringe
el uso de semillas criollas.
En la audiencia, realizada el 28 de
octubre, Montón explicó la propuesta de la CLOC: “Las semillas no
pueden tener dueños. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad”. También abogó por el derecho a la
alimentación y la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de
los pueblos a decidir su sistema alimentario. Recordó que los
campesinos “con sólo un cuarto de las tierras agrícolas alimentan al 70
por ciento de la población”.
“La agricultura industrial, de la
mano de las transnacionales, promueve la privatización y
mercantilización de los alimentos, convierte la comida en commodities
sometidos a la especulación financiera”, caracterizó.
La CLOC
tiene 20 años de historia y está compuesta por 84 organizaciones de 18
países del continente. Durante la audiencia se denunció el masivo uso
de agrotóxicos, los problemas en la salud ya probados por la ciencia,
el éxodo rural, los agrocombustibles y la subordinación de los estados
a las empresas.
América latina tiene una población de 595
millones de personas. El 20,5 por ciento vive en zonas rurales (122
millones). Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la
Agricultura, la pobreza en zonas rurales de América latina y el Caribe
es el doble que en los centros urbanos. El 80 por ciento de quienes
sufren hambre y el 75 por ciento de quienes se encuentran en extrema
pobreza son habitantes rurales. “Las estadísticas revelan las
consecuencias de las políticas neoliberales y el modelo de producción
agrícola industrial, que inciden negativamente contra los derechos
humanos campesinos”, precisa el informe presentado ante la CIDH.
El
escrito apunta al sector privado. Ejemplifica con Monsanto, que
controla “el 90 por ciento” del mercado mundial de semillas
transgénicas y, junto a otras diez empresas, maneja el 90 por ciento de
los agroquímicos. En la comercialización de granos, cuatro
corporaciones (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por
ciento del mercado mundial. El informe también llama la atención de la
violencia en Colombia, Paraguay y Honduras. Y remarca las coincidencias
entre Brasil y Argentina: concentración de tierra en pocas manos y
avance empresario sobre territorios campesinos e indígenas.
Daniel
Pascual, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, precisó que en
todo el continente se produce el avance de monocultivos, mineras,
hidroeléctricas y petroleras que “profundizan la crisis de tierras y
alimentos”. Afirmó que cuando las empresas no pueden hacerse de las
tierras campesinas e indígenas, “aparecen los ministerios y tribunales
para criminalizar y perseguir” a quienes luchan. Aseguró que la única
salida rural contra el hambre y la pobreza tiene tres palabras: reforma
agraria integral.
El comisionado de la CIDH Rodrigo Escobar
preguntó si existía alguna “buena práctica” de algún país de la región.
Diego Montón mencionó a Bolivia y Cuba con experiencias de políticas de
acceso a la tierra. El funcionario de la CIDH lanzó otro interrogante:
“¿La posición campesina es de rechazo a la agroindustria, creen que no
debe promoverse, o hay algún mecanismo para conciliar la agroindustria
con la economía campesina?”.
Montón recordó que los campesinos
no aceptarán que se “patente la naturaleza” (por ejemplo, las
semillas). Daniel Pascual resumió: “El monocultivo y la agroindustria
no son compatibles con la soberanía alimentaria y con el respeto a los
derechos de los campesinos”.
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