De los 10 mil 315 casos de agresión denunciados en 2009, apenas 70 resultaron en condenas y para la dirigente del Centro Feminista de Información y Acción, Ana Carcedo, "esa es una invitación a seguir maltratando porque la impunidad se convierte en parte del problema".
"Los programas especializados de las instituciones públicas se desmantelan y la legislación dirigida a la protección de las mujeres no se aplica o se aplica deficientemente", añadió, citada por el diario La Nación.
La presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvia Meza, destacó la desaparición de programas especializados respecto al tema tanto de la Policía como de la Caja Costarricense de Seguro Social.
También afirmó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) asumió un papel muy pasivo en la lucha contra el flagelo, frente a lo cual la fiscala adjunta de Género, Eugenia Salazar, alegó que muchas dificultades al aplicar condenas derivan del tipo de delito, y no de deficiencias estatales.
No obstante, aceptó la insuficiencia del respaldo estatal a las víctimas y abogó por un sistema de atención integral de apoyo a estas.
En tanto, la presidenta del Inamu, Maureen Clarke, negó que el ente incumpla con su rectoría y remarcó el avance en estrategias contra otros tipos de violencia como la trata de personas.
Costa Rica cuenta con una Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, desde 2007, pero la entidad recibe cada año más de 50 mil denuncias por agresión física o emocional a féminas, y los tribunales dictan medidas de protección insuficientes en la mayoría de los casos.
La cifra de asesinadas rondó las 40 anuales en la última década y siete de cada 10 de estos crímenes son feminicidio -asesinatos por cuestiones de género-, la mitad cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.
Desde 1995 hasta noviembre de 2010, ocurrieron más de 400 y el ascenso progresivo de la problemática llevó a la muerte a 13 en los primeros seis meses de este año.
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