La querella contra el Gobierno, firmada por 23 mil personas, está dirigida a que esa Corte investigue presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por la ofensiva antidrogas que lanzó el presidente Felipe Calderón.
En el texto de la Presidencia se afirmó que esas imputaciones al Gobierno de México "son claramente infundadas e improcedentes".
Añadió que estas constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, por lo cual el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.
El texto agregó que México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.
Ante el clamor de ayuda de ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición de sus autoridades estatales, continuó la nota, el Gobierno ordenó que se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
En estas acciones, "las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley y preservar la Seguridad Interior del país".
En los casos verdaderamente excepcionales en que se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, prosigue la declaración, el Gobierno no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que procedió en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
La ola de violencia que azota el país ha dejado unos 50 mil muertos durante la actual Administración.
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