Cuando se toca el tema de la reforma fiscal en Guatemala, hay estigmas que pesan sobre él como piedras en el abrigo de un suicida cuando entra al agua: uno es que lo fiscal se asocia solo al coco de la tributación que vendrá por la noche a llevarnos, y el otro es que la ciudadanía de a pie cree que todo lo que entra siempre, indiscutiblemente, se lo roba el gobierno. Verdades a medias, mentiras a medias, convenientemente sostenidas, porque una reforma integral beneficia a todas y todos por igual y porque quienes evaden impuestos son tan ladrones como quienes los sustraen de las arcas nacionales.
Cuando se toca el tema de la reforma fiscal en Guatemala, hay estigmas que pesan sobre él como piedras en el abrigo de un suicida cuando entra al agua: uno es que lo fiscal se asocia solo al coco de la tributación que vendrá por la noche a llevarnos, y el otro es que la ciudadanía de a pie cree que todo lo que entra siempre, indiscutiblemente, se lo roba el gobierno. Verdades a medias, mentiras a medias, convenientemente sostenidas, porque una reforma integral beneficia a todas y todos por igual y porque quienes evaden impuestos son tan ladrones como quienes los sustraen de las arcas nacionales.
Como se cree que el tema compete únicamente a los tecnócratas, hemos olvidado que detrás de cualquier fría cifra hay personas, seres humanos viviendo a la orilla de hondas brechas que desnudan miserias y excesos deplorables. Olvidamos que una política fiscal integral no es un desafío técnico para el país, sino uno de orden esencialmente político. A días de la toma de posesión de un nuevo gobierno autodenominado de derecha, en un país donde el principal problema es la desigualdad, este es un tema fundamental a tratar, ya que la política fiscal de un gobierno se convierte en el brazo comunicador del Estado.
El mandato obligado de una política fiscal integral es la equidad. Como dijera recientemente Ricardo Barrientos, investigador del ICEFI, en un evento de la Friedrich Ebert donde expertos de distintas disciplinas compartieron ideas y propuestas para una agenda progresista de nación en el contexto político que se avecina: tenemos que partir de que un Estado siempre operará con recursos limitados, y por ello la ciencia que intenta lidiar con este problema aritmético se llama Economía. Pero los economistas no pueden hacer mucho si no consideran los balances y desbalances del poder en que se inscribe su ejercicio. Para confirmar que el desafío es político y no técnico, basta observar cómo se dan las negociaciones en el Legislativo cada año para la aprobación del presupuesto nacional del año siguiente, o preguntarse con quién validan los gobiernos la reducción de la pobreza, si no es con el gran capital.
En una plutocracia como la nuestra, donde el poder real lo ostentan los dueños del capital, el gobierno de turno pasa cuatro años pagando favores de campaña y concediendo privilegios a sus patrocinadores, en vez de implementar una política fiscal integral como la que necesita Guatemala, ordenada según las prioridades del país. Eso no tiene otro nombre que una política de privilegios. De allí que entidades como la Flacso, ICEFI y la CIIDH, se hayan pronunciado en el reciente Congreso de Zonas Francas señalando que reconocen la necesidad de que Guatemala sea un país competitivo y que logre atraer inversión productiva —nacional y extranjera—, que genere beneficios tanto para nuestro país como para el inversionista. Sin embargo, la estrategia de competitividad basada en la exención o exoneración total de impuestos que gozan las maquilas y las zonas francas, es un privilegio fiscal injustificado porque no ha generado nueva inversión y por tanto no contribuye a incrementar la productividad del país. Además, porque reduce la recaudación de impuestos que pueden ser destinados para invertir en carreteras, educación y seguridad. En vez de promover más privilegios fiscales, Guatemala será más competitiva, en la medida en que la sociedad contribuya a mejorar las condiciones de educación, salud y seguridad de toda su población, así como a generar infraestructura física y humana de calidad, a mejorar la organización y el ordenamiento territorial que permitan reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y los desastres físicos y humanos que los mismos han provocado en nuestro país. Las empresas pueden contribuir a hacer más competitivo y hacer menos vulnerable a nuestro país pagando responsablemente sus impuestos, señalan. Parece que es impostergable una reforma fiscal integral en el país, siempre y cuando seamos de verdad un país.
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