El texto consta de cuatro artículos y apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, período cuando imperó el régimen de facto en Uruguay.
También declara estos quebrantos como de lesa humanidad, acorde con tratados internacionales firmados por el país, y cumple el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado uruguayos, indicaron fuentes frenteamplistas.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos convocaron a concurrir este martes a las barras del Palacio Legislativo.
Igual reclamo de asistencia formuló la central obrera PIT-CNT porque el debate que se generará allí "es un hecho importante y gravita en el futuro del país", señaló el dirigente sindical Washington Beltrán.
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales ocuparán el centro de estudios durante esta jornada y hasta el 31 de octubre, en repudio a la prescripción de las transgresiones del régimen dictatorial.
El reclamo es por "la aprobación de un proyecto de ley que obligue a juzgar estos crímenes contra la humanidad", señaló un comunicado de los estudiantes de esa carrera y de la Federación Universitaria.
La Mesa Política del FA acordó este lunes transmitir a la bancada legislativa la confianza que esta vez lograrán aprobar un proyecto el cual implique derogar la Ley de Caducidad.
El FA fracasó en mayo de este año en su intento de aprobar en la Cámara de Diputados (baja) un pliego denominado interpretativo para anular Caducidad.
Tras el regreso a la democracia, el Parlamento uruguayo aprobó en diciembre de 1986 esa legislación, conocida también como de Impunidad, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA.
La norma jurídica impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros violaciones durante la dictadura.
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