ALEPH: Amanecer latinoamericano

Carolina Escobar Sarti 

El otro día, en la primera plana de un periódico local, apareció la imagen de un joven lanzándole una patada a otro. Quien la lanzaba expresaba cólera por haber sido robado; quien la recibía, era quien acababa de robar y lloraba. No pude alegrarme y, por el contrario, sentí una honda pena por lo que veía. Podría ser la foto de la indignación, la desesperanza y la tristeza de dos jóvenes en cualquier país del mundo donde la justicia no existiera. Por ninguna parte me supo a justicia y, por mucho, me supo a todo lo contrario.

El otro día, en la primera plana de un periódico local, apareció la imagen de un joven lanzándole una patada a otro. Quien la lanzaba expresaba cólera por haber sido robado; quien la recibía, era quien acababa de robar y lloraba. No pude alegrarme y, por el contrario, sentí una honda pena por lo que veía. Podría ser la foto de la indignación, la desesperanza y la tristeza de dos jóvenes en cualquier país del mundo donde la justicia no existiera. Por ninguna parte me supo a justicia y, por mucho, me supo a todo lo contrario.

En cambio, la justicia franca y recta, esa que promueve sociedades más justas, me conmueve hasta la médula y me remite a la frase de Joubert que señala que “la justicia es la verdad en acción”. En Argentina, Uruguay y Guatemala hay evidencias incuestionables de un amanecer en la justicia latinoamericana.

Hace dos días, los tribunales argentinos condenaron a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y a perpetuidad, a 12 exoficiales de la Marina de Guerra de aquel país por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas, ultrajadas y asesinadas. Entre estos criminales, está Alfredo Ignacio Astiz, el Ángel rubio o el Ángel de la muerte, infiltrado a finales de la década de 1970 en organizaciones de derechos humanos.

Por él, en diciembre de 1977, fueron secuestradas las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete activistas de derechos humanos. Durante el operativo, Astiz simuló seguir siendo uno de ellos mientras entregaba con un abrazo a las víctimas. Y lo hizo tan bien, que durante varios años se consideró que Gustavo Niño, nombre con el cual era conocido en esos grupos, era uno más en las listas de desaparecidos. Luego de sufrir torturas y vejaciones, las 12 personas fueron lanzadas al mar en un vuelo de la muerte, idéntico a los que se realizaban aquí en Guatemala sobre el mar, el Motagua o el cráter de algún volcán. Por muchas razones, esta sentencia sabe a justicia, y una de ellas es que los criminales tuvieron acceso a procesos judiciales que solo se viven en democracia y que ellos jamás les concedieron a sus víctimas.

Por otra parte, hace dos días, el Congreso uruguayo determinó que los delitos de lesa humanidad jamás prescriben. Esto es histórico, no solo por lo que significa, sino porque fue una decisión maratónica tomada a solo cuatro días de que estos crímenes prescribieran, según lo dictaba la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986. La aprobación de un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos durante los 12 años de dictadura es un claro llamado a la justicia y un paso definitivo contra la impunidad.

En el caso de Guatemala, no solo se han abierto al público archivos desclasificados del Ejército y la Policía; también se dio el primer juicio por genocidio contra Héctor Mario López Fuentes, exgeneral acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos “de ser el principal responsable de más de 10 mil asesinatos, nueve mil desplazamientos y violaciones contra mujeres del área Ixil, crímenes ocurridos en marzo de 1982 a octubre de 1983. Según el fiscal del caso, Manuel Vásquez, los crímenes ocurrieron al ejecutar los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, que fueron creados y ejecutados durante el mando de López Fuentes como jefe del Estado de la Defensa del período de facto de Efraín Ríos Montt”. Además, se logró la captura de Pedro García Arredondo, imputado por el delito de desaparición forzada, y se dio la histórica sentencia de cuatro exkaibiles a seis mil 60 años de condena cada uno, por haber masacrado a 201 personas en Dos Erres, Petén, en 1981.

Amanece la justicia en nuestra ancha y vasta América Latina y todo amanecer trae consigo una promesa; en este caso, la de desmontar la cultura de muerte ejercida desde Estados terroristas que nos arrebataron todo, hasta el amor.