El movimiento estudiantil hizo su primera protesta el 28 de abril recién pasado y desde entonces ha organizado unas 40 marchas para pedir una educación pública gratuita y de calidad, en un movimiento que ha dado gran popularidad a sus líderes -en particular Camila Vallejo y Giorgio Jackson- y que ha movilizado a la ciudadanía.
Sin embargo, los avances concretos son pocos, según analistas. Hasta ahora el Gobierno ha enviado al Congreso dos proyectos de ley para rebajar el interés de los créditos estudiantiles, y permitir la renegociación de unos 110 mil créditos morosos.
Se han comprometido también a dar becas al 40% de los estudiantes más vulnerables y crear una Superintendencia para fiscalizar que las universidades privadas no obtengan ganancias, prohibidas en la legislación.
Pero no hay un cambio radical del modelo actual, en el que no hay universidades gratuitas y en el que sólo el 40% de los escolares asiste a colegios públicos gratuitos, que por demás son de considerable menor calidad que los de pago.
La demanda de acabar con el sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tiene un amplio respaldo en la población, sobre todo en la clase media, la más afectada por un sistema que fomenta el endeudamiento para costear los estudios.
Son los pertenecientes a esa clase los que han acompañado a los estudiantes en sus marchas, algunas de ellas las más masivas de las últimas dos décadas y que en su mayoría han terminado en violentos disturbios.
"Las protestas han hecho que los chilenos se preocupen más por la calidad de la educación que reciben sus hijos. Ese es un buen resultado del movimiento. Un país preocupado por la calidad de la educación que reciben sus hijos es un país que tiene bien puestas sus prioridades", dice a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Patricio Navia.
"El problema es que el gobierno, en lugar de aceptar que se vuelva a discutir el modelo, hasta hoy no ha hecho más que refugiarse en sus convicciones ideológicas y responder con firmeza que el modelo mismo se podrá repintar y refaccionar, pero que su esencia de mercado, lucro y competencia permanecerá inalterada", señaló el experto en educación Mario Waissbluth, a la AFP.
Por esa posición el apoyo al mandatario se derrumbó en un año de 63% a 22%, el más bajo desde el retorno a la democracia tras la dictadura.
Las masivas protestas callejeras, casi todas las semanas, han dominado la agenda pública desde fines de abril, opacando las revolucionarias reformas sociales aplicadas por Piñera, como la extensión del permiso post natal a seis meses o la eliminación de un descuento en las pensiones de los jubilados.
Ambos proyectos, anhelados largamente por los sectores más pobres, forman parte de una serie de realizaciones con las que Piñera buscaba coronar el segundo de sus cuatro años de gobierno.
"El gobierno no ha logrado avanzar otros temas de su agenda y parece atrapado en el conflicto. Se suponía que el gran año de las realizaciones y prioridades del gobierno tenía que ser 2011 pero éste fue un año dominado por el conflicto estudiantil", dice Navia.
"Es un año perdido para el gobierno, con niveles de aprobación mínimos, pese a que ha hecho las cosas bien en el ámbito de las políticas sociales", señaló de su lado el analista Mauricio Morales, de la Universidad Diego Portales.
El problema, explica Morales, es que "estas políticas que van a los sectores más desprotegidos no han producido los efectos esperados y se mantiene la idea de que este gobierno es de los empresarios, de una élite y que se mantiene la desigualdad", agregó.
La falta de concesiones a los estudiantes acrecienta la percepción negativa hacia Piñera, un multimillonario empresario que defiende la iniciativa privada.
"Piñera es un presidente que está sumamente frustrado, porque se ha dado cuenta de que hacer política no es tan fácil como hacer negocio", según Morales.
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