Unos 400 indígenas y ambientalistas ocuparon este jueves por tiempo indeterminado las obras de la gigantesca hidroeléctrica Belo Monte, en el corazón de la selva amazónica, para exigir la paralización de la construcción, indicó un vocero.
Centenares de indígenas ocupan terrenos donde es construida una presa en Brasil. (AFP).
"Fue todo pacífico, no había guardias, no había trabajadores", afirmó un portavoz de la ONG Consejo Indigenista Misionario (Cimi).
La ocupación por tiempo indeterminado exige la suspensión definitiva de las obras o que al menos se detengan hasta que se realicen consultas a los pueblos indígenas que se verán afectados, precisó.
Unos 700 indígenas, pescadores y comunidades que viven en las márgenes del río Xingú aprobaron la ocupación el miércoles durante una reunión en Altamira, estado de Pará (norte), luego de que el gobierno brasileño desistiera de participar de una reunión de mediación convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
"Es una vergüenza la manera como nuestro propio gobierno nos trató, con continuas mentiras y negándose al diálogo con las comunidades afectadas", afirmó Sheyla Juruna, del movimiento Xingú Vivo, citada en un comunicado.
Las autoridades brasileñas consideran a la represa elemento fundamental para el desarrollo energético del país.
Mientras, el proyecto ha generado una fuerte oposición de indígenas, pobladores locales y ambientalistas, que argumentan que el impacto ecológico y social será demasiado grande.
Con 11 mil 200 MW de potencia (cerca de 11 por ciento de la capacidad instalada del país) y un costo de 11 mil millones de dólares, la represa de Belo Monte está destinada a ser la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
En setiembre, la justicia federal de Pará dispuso la paralización los trabajos que alteren el curso del río Xingú, en una decisión que podrá ser apelada. El fallo indicó que las obras que no interfieran con la actividad pesquera, como la construcción de canteros y residencias, pueden continuar.
La ocupación por tiempo indeterminado exige la suspensión definitiva de las obras o que al menos se detengan hasta que se realicen consultas a los pueblos indígenas que se verán afectados, precisó.
Unos 700 indígenas, pescadores y comunidades que viven en las márgenes del río Xingú aprobaron la ocupación el miércoles durante una reunión en Altamira, estado de Pará (norte), luego de que el gobierno brasileño desistiera de participar de una reunión de mediación convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
"Es una vergüenza la manera como nuestro propio gobierno nos trató, con continuas mentiras y negándose al diálogo con las comunidades afectadas", afirmó Sheyla Juruna, del movimiento Xingú Vivo, citada en un comunicado.
Las autoridades brasileñas consideran a la represa elemento fundamental para el desarrollo energético del país.
Mientras, el proyecto ha generado una fuerte oposición de indígenas, pobladores locales y ambientalistas, que argumentan que el impacto ecológico y social será demasiado grande.
Con 11 mil 200 MW de potencia (cerca de 11 por ciento de la capacidad instalada del país) y un costo de 11 mil millones de dólares, la represa de Belo Monte está destinada a ser la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
En setiembre, la justicia federal de Pará dispuso la paralización los trabajos que alteren el curso del río Xingú, en una decisión que podrá ser apelada. El fallo indicó que las obras que no interfieran con la actividad pesquera, como la construcción de canteros y residencias, pueden continuar.
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