Por desgracia empieza a ser normal –en el sexenio del “gobierno de leyes” y del llevado y traído “estado de derecho”– que la ciudadanía se entere por medios de comunicación de Estados Unidos de la creciente intervención directa y abierta de agentes de las dependencias antinarcóticos en territorio mexicano.
Gracias a revelaciones de The New York Times quedó evidenciada la red de agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) “infiltrados” en los corporativos aztecas del tráfico de estupefacientes e indocumentados, trata de personas, piratería, secuestro, cobro de “derecho de piso” y tráfico de órganos.
Patricia Espinosa, como ya es costumbre quizá por incompetencia, cinismo o ambas cosas, reconoció sin inmutarse que “El gobierno de México conoce de la presencia de estos agentes y en lo que sí somos muy estrictos y estamos empeñados es en cuidar que el marco jurídico vigente se aplique de manera estricta”. Es la misma reacción de cuando fue pillada con los dedos de la mano en la puerta de su despacho, en avenida Juárez, al darse a conocer que aviones estadunidenses sin piloto realizan sobrevuelos de espionaje en el espacio aéreo nacional.
Simultáneamente, Barry McCaffrey, exdirector de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de Estados Unidos, estimó en 39 mil millones de dólares anuales los que se quedan en México, producto de satisfacer la demanda de narcóticos de cerca de 30 millones de adictos estadunidenses, y que tanto preocupan a la Casa Blanca porque en manos de mexicanos sirven para “corromper”, pero seguramente en USA serían utilizados para causas tan nobles como rescatar a los magnates de la banca que lava dólares.
Abundó la justificadora de la política exterior de Felipe Calderón, misma que es de alineamiento a las estrategias prohibicionistas y policiacas –militaristas para México y Colombia– de la Casa Blanca en los últimos 40 años, que “Existe una serie de reglas que definen la estancia de estos agentes, incluyendo el hecho de que tienen una prohibición explícita y expresa de realizar actividades que están reservadas a las autoridades mexicanas”.
Espinosa recordó que tienen prohibido portar armas, pero se ahorró detallar la “serie de reglas”, el número y la ubicación de los agentes de la DEA, con el argumento de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó que “es un tema reservado por cuestiones de seguridad”, fórmula consentida del gobierno del “partido de la victoria cultural” para justificar decisiones autoritarias del señor que insiste en contar malos chistes en actos públicos ante la cruda realidad –no etílica– y mostrar esa sonrisa que no es tal, sino un tic nervioso.
La vocera presidencial y antes censora de medios independientes a través del manejo faccioso de la pauta publicitaria, Alejandra Sota, juró que “toda esta cooperación ha sido y es plenamente respetuosa del marco jurídico mexicano”. La pregunta obvia es por qué la mantienen en la secrecía. Además, resulta hilarante la candidez de la funcionaria que recitó “Ayer mismo la embajada de EU reiteró que nunca se ha hecho una acción por parte del gobierno norteamericano sin el respeto pleno a la soberanía y la legislación mexicana en beneficio de nuestros dos países y de nuestras metas compartidas”. Sí, Chucha.
Revelaciones del diario neoyorquino que además reavivaron el caso de Jesús Vicente Zambada Niebla, del llamado cártel de Sinaloa, a quien un informante de la DEA ofreció inmunidad a cambio de información. En tanto, la esposa de Joaquín Guzmán Loera y sus gemelos recién nacidos en Los Ángeles, California, se desenvuelven también como Pedro por su casa.
Acuse de recibo
La abogada Norma Esperanza Falcón agrega sobre Las mordazas de Calderón (7-X-11): “Por lo que debemos concientizar en busca de la verdadera democracia” y pone de ejemplo al Movimiento Regeneración Nacional con base en un artículo de Agustín Díaz Lastra, integrante del Grupo María Cristina… El embajador Eduardo Jiménez González, también miembro del GMC, sentencia sobre Relevante queja presidencial (17-X-11): “Que se vayan los malos como los corrió Fidel y los mandó a Miami, pero ya”… A 10 años del “Asesinato de defensora de derechos humanos Digna Ochoa sigue impune en México”, sostiene el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y dijo, el 19 de octubre, que “lamenta profundamente la impunidad en la que el Estado mexicano ha mantenido el asesinato. (…) La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal archivó el caso el 9 de septiembre pasado, después de un proceso largo, parcial y poco diligente para investigar los hechos”… Marta Sánchez Soler informa que “35 madres y familiares de migrantes desaparecidos realizan un recorrido por la ruta migrante en busca de sus familiares desaparecidos en tránsito. En esta ocasión vienen familiares de Honduras y de Nicaragua, recorrerán nueve estados de la republica mexicana y la ruta seleccionada incluye por vez primera la ruta del Golfo de México”.
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