La decisión del jefe de Estado, reseñada este viernes en la página digital de la Presidencia, está acompañada con la firma de los 13 titulares integrantes del gabinete ministerial.
El texto, en plena vigencia, restablece "la pretensión punitiva del Estado" para todas las infracciones cometidas por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando imperó el régimen de facto en Uruguay.
El documento, una iniciativa del gobernante Frente Amplio (FA), fue aprobado esta semana en las cámaras de senadores (alta) y de diputados (baja), siempre con los votos de los representantes de la coalición de izquierda.
En el primero de los casos, 16 favorables sobre 31; y en el segundo, 50 entre 90, tras dos sesiones que consumieron en total 22 horas de debates.
Mujica adelantó la víspera que el Ejecutivo acompañaría la decisión parlamentaria.
"Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento que el Ejecutivo acompañará y luego estará dispuesto a reconocer la decisión de la Justicia", precisó el mandatario y subrayó que la Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales.
"Pienso que el sistema político uruguayo es bastante maduro, tiene diferencias y no hay unanimidades", comentó el jefe de Estado, de acuerdo con la fuente.
Militares retirados comunicaron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justica cuando se les cite a declarar, y tienen previsto presentar acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó el portal El Observador.
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