Marielos Monzon
Con el paso de los días la violencia contra las mujeres va en aumento y la saña con la que se les asesina también. Los reportes forenses dan cuenta del sadismo y el odio con el que se cometen los crímenes: estrangulamiento, asfixia, tortura, mutilaciones. Se les asesina por su condición de mujeres, porque se les considera objetos en propiedad y personas de segunda clase. La semana pasada aparecieron los cuerpos de Heydi Montúfar Lorenzana, de 16 años, y de Heiser Mercado, de 18.
Las primeras hipótesis revelan que fueron violadas y estranguladas. Después apareció el cadáver desmembrado de Damaris Saraí, de 14 años, en varios puntos de la colonia Villalobos. Sus nombres forman parte de una larguísima lista de mujeres asesinadas y violentadas, que desde el 2001 suman más de cinco mil.
Pero como en este país vivimos en el mundo del revés, en lugar de que estos crímenes provoquen la indignación y la movilización ciudadana para exigir que se detengan, las mujeres asesinadas, violadas o desaparecidas sufren una doble victimización, porque se les considera responsables de su propia muerte o de su violación.
Encima de todo, ahora resulta que tres abogados presentaron una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto los artículos 5, 7 y 8 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer —aprobada por el Congreso en el 2008— que permite dar un marco regulatorio para juzgar y condenar a quienes ejercen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, incluyendo la más brutal: el femicidio. La normativa está en concordancia con diversas convenciones e instrumentos internacionales, ratificados por Guatemala, a favor de los derechos de las mujeres.
El argumento central es que las normas violentan la igualdad ante la ley. No hay que ser un abogado medianamente formado, pero sí hay que ser muy machista, para plantear semejante tesis en un país como el nuestro, donde está clarísimo que los crímenes contra las mujeres reflejan odio, desprecio y subestimación hacia nosotras por nuestra condición de género. Todos los días en Guatemala hay mujeres golpeadas, torturadas, violadas y asesinadas, pero también todos los días hay mujeres violentadas sicológica, emocional y económicamente —en un altísimo número, por sus parejas o familiares cercanos—. Y aquí tienen mucho que ver las históricas y desiguales relaciones de poder entre los hombres y las mujeres producto del sistema patriarcal que se traduce en controlar, dominar y someter a las mujeres por su condición de mujeres.
En una opinión consultiva de la CIDH queda clara la interpretación que debe dársele al principio de la igualdad jurídica: “una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonablemente igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, sin discriminaciones arbitrarias, y reconociendo que los desiguales merecen un trato desigual.”
La pelota está en la cancha de la CC, que puede convertirse en garante de los derechos humanos de las mujeres a través de una resolución que fortalezca esta ley y siente un precedente a favor de la vida y la dignidad de las mujeres.
Encima de todo, ahora resulta que tres abogados presentaron una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto los artículos 5, 7 y 8 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer —aprobada por el Congreso en el 2008— que permite dar un marco regulatorio para juzgar y condenar a quienes ejercen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, incluyendo la más brutal: el femicidio. La normativa está en concordancia con diversas convenciones e instrumentos internacionales, ratificados por Guatemala, a favor de los derechos de las mujeres.
El argumento central es que las normas violentan la igualdad ante la ley. No hay que ser un abogado medianamente formado, pero sí hay que ser muy machista, para plantear semejante tesis en un país como el nuestro, donde está clarísimo que los crímenes contra las mujeres reflejan odio, desprecio y subestimación hacia nosotras por nuestra condición de género. Todos los días en Guatemala hay mujeres golpeadas, torturadas, violadas y asesinadas, pero también todos los días hay mujeres violentadas sicológica, emocional y económicamente —en un altísimo número, por sus parejas o familiares cercanos—. Y aquí tienen mucho que ver las históricas y desiguales relaciones de poder entre los hombres y las mujeres producto del sistema patriarcal que se traduce en controlar, dominar y someter a las mujeres por su condición de mujeres.
En una opinión consultiva de la CIDH queda clara la interpretación que debe dársele al principio de la igualdad jurídica: “una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonablemente igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, sin discriminaciones arbitrarias, y reconociendo que los desiguales merecen un trato desigual.”
La pelota está en la cancha de la CC, que puede convertirse en garante de los derechos humanos de las mujeres a través de una resolución que fortalezca esta ley y siente un precedente a favor de la vida y la dignidad de las mujeres.
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