La Paz, 25 ep (PL) Varias organizaciones sociales de Bolivia evaluarán hoy en reuniones nacionales la violencia desatada y los atropellos en una marcha indígena que rechaza la construcción de una vía interdepartametnal.
Felipa Huanca, dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas- Originarias, Bartolina Sisa, precisó que el encuentro servirá además para condenar el secuestro la víspera por cuatro horas del canciller David Choquehuanca y dos viceministros.
También los Ponchos Rojos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y las Comunidades Interculturales, por separado, anunciaron que sus plenos repudiarán esa movilización cuyos organizadores son manipulados por exautoridades resentidas del proceso de cambio.
La víspera, el ministro de Gobierno, Sacha LLorenti, precisó que existen evidencias de que el diálogo con los marchistas se rompió de manera inesperada y comenzó la violencia tras la llegada a la localidad amazónica de Limoncito de antiguos funcionarios rencorosos, como el exviceminsitro de Tierras Alejandro Almaraz.
También mencionaron al exembajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán; al exsenador Lino Vilca; y a Oscar Olivera, uno de los protagonistas de la llamada Guerra del Agua, en Cochabamba, en el año 2000.
LLorenti anunció además que este domingo integrará una comisión junto a la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, para viajar a Washington, sede la Organización de Estados Americanos (OEA), y presentar una denuncia internacional por el secuestro de Choquehuanca.
Además precisó que sostendrán reuniones con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El propio jefe de la diplomacia boliviana tras ser liberado dijo a los medios de prensa en el Grupo Aéreo de Caza 31, en la ciudad de El Alto, que Palacio Quemado está dispuesto a continuar con el diálogo para atender demandas de la marcha en protesta por la carretera que pasará por el Parque Nacional Isboro Sécure.
Choquehuanca aseveró que el gobierno podría permitir incluso, para evitar más enfrentamientos, que la caminata llegue hasta La Paz.
No se descarta que se permita el paso porque queremos evitar enfrentamientos, señaló el diplomático que fue obligado a marchar desde la localidad de Chaparina hasta Yucumo, 320 kilómetros al noreste de La Paz, tras acudir para entablar el diálogo.
Precisó que cualquier decisión será fruto de la evaluación que realice el Poder Ejecutivo.
La caminata partió el pasado 15 de agosto de la ciudad de Trinidad con rumbo a La Paz en protesta por la carretera que unirá al occidente con el oriente del país suramericano.
Para el Ejecutivo, más allá del rechazo a la vía por supuestos daños al medioambiente, se esconden detrás de la movilización intereses políticos y vínculos con Organizaciones No Gubernamentales y la embajada de Estados Unidos.
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