Colectiva por el Derecho a Decidir reveló los datos acopiados por el Poder Judicial de estos actos lesivos de los derechos humanos en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y pidió cambiar la ley que impide interrumpir los embarazos de tales crímenes.
De acuerdo con la legislación vigente en este país centroamericano, las féminas que decidan abortar después de ser violadas pueden ir a prisión, recordó el diario El País.
"Existen situaciones límite en las cuales se convierte en una práctica de tortura obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo. Uno de los casos más emblemáticos es la violación", afirmó la portavoz de la organización, Adriana Maroto.
Despenalizar en este contexto, significa que ni la mujer que aborta ni las personas que la ayuden, sean perseguidas de forma legal, puntualizó.
En todos los casos, las féminas son las que deben decidir de acuerdo a sus valores morales y condiciones de vida, enfatizó.
Si el sistema penal reconoce que la violación es delito y como sociedad entendemos que el Estado falló en proteger la integridad física de las víctimas, forzar a las embarazadas por ese delito a continuar contra su voluntad, es un doble acto de violencia, añadió su par, Larissa Arroyo.
Estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social reflejan que 570 menores de 14 años quedaron embarazadas en 2010, 80 por ciento de ellas víctimas de abuso por parte de un pariente o allegado a la familia.
El embarazo es un factor de riesgo para la vida y la salud física en estas circunstancias, por lo que estos casos deberían contemplarse en el aborto terapéutico, permitido en Costa Rica desde 1928, opinaron las feministas.
Desde 1990, mujeres de la región celebran el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y exigen un diálogo serio, respetuoso y desprejuiciado sobre el tema desde la perspectiva de la salud pública y los derechos humanos, según El País.
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