Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.
Pasqualina Curcio nos invita a reflexionar sobre lo que parece normal
en el mundo, como que alrededor de 820 millones de personas se
encuentran en situación de inseguridad alimentaria, de las que 150
millones sufren de hambruna, a pesar de que, según la FAO, todos los
días se producen alimentos suficientes para todos los habitantes del
planeta.
En 2020 –continúa Curcio– unas 12 mil personas habrán muerto de
hambre diariamente como consecuencia de la pandemia, número mayor de los
que se estima fallecerán por el propio Covid-19. El hambre causa la
muerte de 45 por ciento de niños menores de 5 años en el mundo. Esta es
la normalidad, mientras ocho de las mayores empresas de alimentos
y bebidas han repartido entre sus accionistas más de 18 mil millones de
dólares desde enero de este año, cifra 10 veces superior a lo que la
ONU estima necesario para evitar que la gente siga pasando hambre (véase
https://www.alainet.org/es/articulo/208601 ).
Elecciones en Jamaica
El 11 de septiembre están convocadas en Jamaica
elecciones parlamentarias, donde las encuestas dan ganador al gobernante
Partido Laborista (JLP) sobre el Partido Nacional del Pueblo (PNP),
aunque con muchos indecisos todavía. Ambas formaciones practican
políticas de ajuste neoliberal, pero resulta interesante lo que apunta
el periodista Trevor Brown: La distinción más clara entre ambos partidos
está en el área de las relaciones exteriores, ya que la postura del PNP
es progresista y no alineada, en contraste con el JLP,
internacionalmente conocido como pro-Trump para cualquier tema que sea
apoyado por el imperio, incluido el del estado de Israel. Sin embargo,
resulta interesante destacar la posición del actual líder del PNP, Peter
Phillips, quien, junto con otros integrantes de la dirección, ha
estado impulsando una plataforma socialista democrática que contiene
apoyo para el fortalecimiento de la clase trabajadora y de la clase baja.
Punto final
El 4 de septiembre se cumplen 50 años de la histórica
victoria electoral de Salvador Allende. Su gobierno, derrocado por un
golpe de Estado ordenado a la CIA por Richard Nixon, fue un ejemplo de
soberanía nacional, latinoamericanismo y justicia social.
Washington. El candidato presidencial demócrata, Joe
Biden, sostuvo ayer que que como presidente nunca utilizaría a las
fuerzas armadas como utilería ni como milicia privada y acusó al presidente Donald Trump de emplear a las fuerzas estadunidenses para resolver ”vendettas personales” y violar los derechos de los ciudadanos.
En un discurso virtual a la conferencia general de la Asociación de
la Guardia Nacional, dijo que Trump recomendó “que ustedes deban ser
desplegados para ‘dominar’ a sus conciudadanos por ejercer su derecho a
protestar pacíficamente”. Somos mucho mejores que eso, dijo Biden. Ustedes merecen algo mucho mejor.
Sus comentarios se produjeron un día después de que el general Mark
Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo al
Congreso que las fuerzas armadas no tendrán ningún papel en la ejecución
del proceso electoral ni para resolver un resultado disputado.
Fue un indicio de tensiones crecientes en ambas partes, pues Trump
declaró, sin pruebas, que el esperado aumento de las boletas por correo
durante la pandemia de coronavirus va a resultar en una votación más inexacta y fraudulenta. El mandatario ha insinuado que no aceptará los resultados de las elecciones si pierde.
Biden dice que está absolutamente convencido de que las fuerzas armadas sacarían a Trump de la Casa Blanca si pierde y se niega a irse.
Eso no es ley y orden
Tal separación de poderes “ha sido puesta a prueba
recientemente, pero les prometo que, como presidente, nunca los pondré a
ustedes en medio de políticas ni vendettas personales”, dijo el ex vicepresidente. Nunca
usaré las fuerzas armadas como utilería ni como milicia privada para
violar los derechos de conciudadanos. Eso no es ley y orden.
Eso fue una referencia a los recientes esfuerzos de Trump de expandir
la intervención federal en algunas ciudades en momentos en que él hace
de las palabras la ley y el orden la pieza fundamental de su
campaña de relección, con un trasfondo de protestas en todo el país
contra el racismo institucional. En julio, Trump desplegó fuerzas
federales en Chicago y Albuquerque, tras haber enviado a agentes de
Seguridad Nacional a Portland, Oregon.
Policías de minneapolis mostraron una crueldad particular
Minneapolis. Los fiscales estadunidenseS planean exigir
penas excepcionalmente duras para los policías acusados de la muerte de
George Floyd en Minneapolis, por mostrar una crueldad particular y por la condición vulnerable de la víctima.
El hombre negro de 46 años residente de Minneapolis, Minnesota, murió
en mayo luego de que el policía blanco Derek Chauvin se arrodilló sobre
su cuello ignorando las súplicas de Floyd, quien gritó varias veces que
no podía respirar. El detenido estaba desarmado, con las manos
esposadas a la espalda y tumbado boca abajo, mientras Chauvin y dos de
sus compañeros se arrodillaban sobre él.
Al evocar numerosas circunstancias agravantes, la acusación solicitará penas superiores
a las recomendaciones legales para los cuatro agentes implicados en la
muerte de Floyd, según documentos judiciales transmitidos el viernes al
tribunal.
El juicio tiene su comienzo previsto para marzo de 2021.
Los policiales abusaron de su posición de autoridad y Chauvin manifestó una crueldad particular, infligiendo violencia gratuitamente, ante numerosos testigos, especialmente niños, subrayó el fiscal Keith Ellison.
Chauvin, de 44 años, es acusado de asesinato involuntario, al
presionar su rodilla durante cerca de nueve minutos sobre el cuello de
Floyd, asfixiándolo. Sus tres ex colegas Alexander Kueng, Thomas Lane y
Tou Thao son acusados de asistir en un asesinato involuntario.
George Floyd, la víctima, era particularmente vulnerable porque
los policías ya lo habían esposado detrás de su espalda y lo habían
puesto de cara al suelo, subrayaron los fiscales.
Además, Floyd había dicho clara y repetidamente a los agentes que no podía respirar, añadieron.
La muerte de Floyd, que transeúntes filmaron y luego publicaron en
las redes sociales, dio la vuelta al mundo, provocó un movimiento de
protesta de una amplitud inédita en décadas en Estados Unidos.
Las penas en Minnesota para asesinato involuntario usualmente son de hasta 12 años y medio de prisión.
Los fiscales no precisaron la duración de las penas que planean
solicitar, pero la pena máxima por asesinato en el estado de Minnesota
es de 40 años de cárcel.
Los temas raciales en Estados Unidos están en el centro del debate
nacional durante una pandemia que ha afectado desproporcionadamente más a
los estadunidenses de raza negra. Los organizadores y participantes de
la marcha en Washington del viernes dicen que el evento ofreció un muy
necesitado grito de guerra para la movilización.
El lema de la marcha, a la que asistieron decenas de miles de personas de todas las razas, fue Quita tu rodilla de mi cuello, en alusión al asesinato de Floyd.
Brooke Moreland, mujer negra y madre de tres hijos, quien asistió a
la marcha en Washington expresó la importancia de participar en las
elecciones como conmemoración de la marcha a Washington de 1963 para
exigir empleos y libertad, también abrieron paso a un mensaje central:
vota y exige el cambio en las próximas elecciones de noviembre.
Como personas negras, debemos comprender cómo muchos murieron para
que nosotros fuéramos capaces de sentarnos en público, votar, ir a la
escuela y poder caminar libremente y vivir nuestras vidas, dijo Moreland, de 31 años.
Si cada elección es una oportunidad, entonces ¿cómo nos atrevemos a
no votar después de que nuestros antepasados lucharon para que estemos
aquí?
Comicios y racismo
Esa determinación podría ser crítica en la elección
presidencial cuando la contienda surge como un punto de tensión. El
presidente Donald Trump, en la Convención Nacional Republicana de esta
semana, enfatizó un mensaje de ley y orden para su base de
seguidores, mayoritariamente blanca. Su rival demócrata, Joe Biden, ha
expresado empatía hacia las víctimas de la brutalidad policial y está
contando con una fuerte participación de los afroestadunidenses para
ganar en estados críticos como Carolina del Norte, Florida, Pensilvania y
Michigan.
Al iniciar la fase final de la campaña, hay un intento cada vez más
enérgico entre los estadunidenses de raza negra de transformar en poder
político la actual frustración ante la brutalidad policial, el racismo
sistemático y los estragos desproporcionados del coronavirus.
Si no votamos en cantidades que nunca antes hayamos visto y
permitimos que este gobierno siga haciendo lo que hace, nos dirigiremos a
un camino de destrucción grave, dijo Martin Luther King III a The Associated Press antes de hablar ante la multitud.
Haré todo lo que pueda para motivar, promover y movilizar. Lo que
está en riesgo es el futuro de nuestra nación, nuestro planeta. Lo que
está en riesgo es el futuro de nuestros hijos, afirmó después durante su discurso, pronunciado 57 años después del famoso Yo tengo un sueño de su padre.
▲ Imagen de archivo del legislador venezolano Juan Requesens, quien fue
puesto en arresto domiciliario después de pasar dos años detenido.
Caracas. Las autoridades venezolanas otorgaron ayer el
beneficio del arresto domiciliario al diputado opositor Juan Requesens,
detenido desde hace dos años en la sede de la policía política tras ser
vinculado al fallido atentado con drones contra el mandatario Nicolás
Maduro en 2018.
Requesens recibió el beneficio de casa por cárcel y se mantiene en su residencia bajo custodia policial, anunció en su cuenta de Twitter su defensor Joel García.
La decisión coincide con las exigencias que venían haciendo desde
hace varias semanas activistas de derechos humanos, abogados y
familiares de los llamados presos políticos para que los
detenidos de la cárcel capitalina de El Helicoide, que funciona en una
de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin),
fueran enviados a sus residencia para evitar que se contagiaran del
nuevo coronavirus tras las denuncias de algunas supuestas infecciones
que se dieron en ese centro.
Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean,
indicó en su cuenta de Twitter la opositora Rafaela Requesens, hermana
del congresista, quien publicó algunas fotografías del político del
partido Primero Justicia, bastante delgado y con la cara cubierta con un
tapabocas, en su residencia.
Asimismo, el dirigente opositor Henrique Capriles difundió en su
cuenta de la red social un video del momento en que Requesens, de 31
años, fue recibido entre abrazos por sus padres y conocidos en un
edificio. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios
sobre la medida que se otorgó al opositor.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, saludó la medida y dijo en un comunicado que dicha decisión es un gesto muy positivo.
Aliento a las autoridades a seguir tomando medidas similares que
contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y que
permitan avanzar en el diálogo político, indicó Bachelet.
Requesens fue detenido en un apartamento del este de la capital el 7
de agosto del 2018 tres días después del fallido ataque con drones que
sufrió Maduro durante un desfile militar en el centro de la capital.
El opositor fue imputado por la Fiscalía General de los delitos de
instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de
frustración contra Maduro, uso de artefactos explosivos, asociación para
delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y
traición a la patria.
El mundo migrante,
después de la Segunda Guerra Mundial solía estar dividido en dos grandes
hemisferios, el americano de Alaska a la Patagonia y el europeo de los
países nórdicos hasta el Cabo de Buena Esperanza.
Estados Unidos y Canadá fueron el imán migratorio para varias
generaciones de latinoamericanos y caribeños. Por su parte Europa
recibía intensos flujos migratorios de sus antiguas posesiones
coloniales en África, Medio Oriente y gran parte de Asia.
En Estados Unidos viven y trabajan cerca de 40 millones de los
llamados hispanolatinos; en Europa se reparten de manera simétrica los
orígenes migrantes de acuerdo con las viejas posesiones: indios y
pakistaníes en Reino Unido, magrebinos en Francia; moros en España; turcos en Alemania, indonesios en Holanda.
Este equilibrio empezó a romperse a fines del siglo XX. Los países
andinos, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia empezaron a emigrar a la
madre patria, de manera paralela surgió la migración transgeneracional
de hijos o nietos de migrantes europeos que volvían a la tierra de sus
ancestros, especialmente a España e Italia.
El equilibrio se ha roto en el otro sentido. Han empezado a llegar a
América migrantes de África y Asia que no estaban en el tradicional
libreto de las migraciones chinas.
La llegada de inmigrantes extracontinentales tiene una conexión
directa con la ausencia de requisitos de visa y las puertas de entrada
principales han sido Ecuador y Brasil y en menor medida Guatemala, Cuba y
Panamá.
En junio de 2008 el presidente Rafael Correa promulgó una política de puertas abiertas y de ciudadanía universal.
Y en tres meses, de julio a septiembre, el experimento dio resultados,
llegaron a Ecuador 14 mil 549 ciudadanos chinos, de los cuales sólo 32
solicitó refugio. Una parte se quedó en el país, especialmente en
Guayaquil, otra se fue a Perú y otros más a Estados Unidos. En
diciembre, se tuvo que dar marcha atrás y poner el requisito de visa a
los chinos.
Dos años después, en 2010, Ecuador volvió a rectificar y exigir visa a
los ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia,
Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Las redes de tráfico y trata habían
encontrado el camino para hacer sus negocios. La apertura ecuatoriana se
refleja en los datos colombianos, entre 2008 y 2010 fueron deportados
288 ciudadanos de Eritrea, 278 de Bangladeh y 117 de Somalia. Y también
se reflejan en México, en el mismo periodo fueron detenidos mil 600
asiáticos y mil 500 africanos.
La otra puerta de entrada al continente es Brasil, especialmente de
países africanos de habla portuguesa que no requieren de visa, por
acuerdos de libre circulación, como Mozambique, Angola, Guinea Bissau,
Cabo Verde y otros. También llegan muchos con pasaporte falso de África
de Sur, que no requiere visa. Durante las Olimpiadas y el Mundial de
Futbol hubo gran apertura y muchos aficionados de los países africanos
que vinieron a competir, aprovecharon para quedarse o entrar al
continente.
En menor escala Panamá y Cuba son también puertas de entrada, Cuba
por la conexión aérea, desde Moscú, y Panamá por ser un centro logístico
internacional. Y recientemente Guatemala quitó la restricción de visa a
los ciudadanos indios y ya empezaron a llegar.
Las fuentes mexicanas sobre migrantes detenidos en situación
migratoria irregular reflejan estas tendencias, con el agravante de que
concentran como en un embudo todas las corrientes migratorias que fluyen
por el continente.
La migración china es de las más numerosas y entran a México por la
vía legal y la irregular. Están a la vista de todos la gran cantidad de
restaurantes chinos en todas las grandes ciudades, incluso las medianas y
las pequeñas. El negocio de la gastronomía es la puerta de entrada para
quedarse y traer a la familia, luego el salto a Estados Unidos es
siempre una posibilidad. Pero los chinos no le hacen el feo a México, ni
a ningún país, donde haya negocio y trabajo se quedan.
En segundo lugar llama la atención la inmigración de la India que
llega por Guatemala y se interna de manera irregular, muchas veces
camuflada con las redes centroamericanas y las caravanas. Entre 2010 y
2019 fueron capturados 15 mil 766 indios, que pretendían llegar a
Estados Unidos. También ha cobrado importancia la inmigración de esa
región: Pakistán, Afganistán y Bangladesh, de este último país fueron
capturados 4 mil 589 en el mismo periodo.
La migración africana también creció en la pasada década, Somalia,
Ghana y Eritrea ocupan los primeros lugares en la década. Pero en 2019
fue Camerún el que ocupó el primer lugar en cuanto a detenidos, 3 mil
100, luego El Congo, mil 800, Angola 857, Eritrea 369 y Ghana 196.
La migración de Asia y África está comenzando, son cifras
comparativamente bajas, pero marcan una tendencia irreversible. La
política de deportación no es solución, y pretender que se los puede
enviar a todos de regreso, así sean de Marte, como diría el inefable Francisco Garduño, es irresponsable, además de petulante.
No obstante, ¿a quién hay que preguntarle sobre la política
migratoria mexicana al respecto? A ¿Alejandro Encinas?, a ¿Marcelo
Ebrad?, a ¿Sánchez Cordero?, a ¿Francisco Garduño?
▲ En las ciudades alemanas se impulsa la idea de tolerancia sexual con
estos semáforos amistosos, los cuales empezaron a cobrar notoriedad en
Europa.Foto Alia Lira Hartmann
Hannover, capital del estado
de Baja Sajonia, al noreste de Alemania, con una población de casi 550
mil habitantes, se ha unido recientemente a otras ciudades de este país
en la instalación de semáforos peatonales que lucen motivos de parejas
del mismo sexo, como una clara señal de aceptación y tolerancia.
Los íconos de un peatón en color verde o rojo en los semáforos son
sustituidos por parejas del mismo sexo con un pequeño corazón en medio
que simboliza la aceptación del amor en parejas homosexuales.
Este tipo de transformaciones en las señales de tráfico en varias
ciudades europeas van encaminadas a fomentar valores de igualdad social y
promover un contexto antidiscriminatorio.
Otras ciudades como Berlín, Frankfurt, Hamburgo o Munich cuentan con
ellas desde hace algunos años. La capital de Austria, Viena, marcó la
pauta en 2015, con los primeros semáforos llamados gay friendly.
La instalación debe ser aprobada por el parlamento local de cada
ciudad, el mensaje político detrás pretende hacer visible en espacios
convencionales lo que aún se considera no convencional, como una pareja
de dos mujeres o de dos hombres.
Hannover se ha visto gravemente afectada por los efectos del
Covid-19. La ciudad cuenta con el recinto ferial más extenso en todo el
país, lo cual le imprime el carácter de plataforma mundial de negocios y
exposiciones en los más diversos rubros.
Con alrededor de un millón de metros cuadrados disponibles entre
espacios abiertos y salas de exposiciones distribuidas en 27 naves, esta
inmensa área fue planificada bajo modernos estándares
urbano-arquitectónicos para echar a andar una maquinaria logística de
una gran variedad de eventos masivos a nivel internacional.
Aquí se lleva a cabo la feria industrial más grande del mundo: la
CeBIT, la cita anual más importante de la industria de la informática,
con conciertos de figuras destacadas en el mundo de la música o
encuentros internacionales de pirotecnia en donde México ha tenido
durante varios años un papel destacado.
Todos los eventos programados para este año fueron cancelados y la
denominada Deutsche Messe Hannover se ha convertido en un inmenso
escenario de naves industriales desoladas.
NYT cita a un funcionario de Defensa de Estados Unidos (EU) (sin identificar): China lanzó una barrera de fuego de misiles de medio alcance al mar del sur de China como demostración por Pekín de su “dominio estratégico y soberanía sobre los mares en disputa (https://nyti.ms/2QCw6T2)”.
El lanzamiento de tales misiles forma parte de los ejercicios militares del país asiático en el mes, cuando la escalada en el mar del sur de China ha alcanzado nuevos grados de tensión (http://goo.gl/ugdmbP) en medio de la guerra multidimensional que libra Trump contra Pekín, donde resalta la temeraria osadía de la visita del secretario de Salud, el libanés-estadunidense Alex Azar, a la isla renegada de Taiwán (https://bit.ly/3jsYJPf), lo cual retrocedió el cronograma de las relaciones bilaterales hasta 1979, cuando Jimmy Carter reconoció a China bajo el apotegma de “la política de una sola China (https://bit.ly/2YKimdB)”.
▲ Global Times sentencia en editorial la postura de Trump en el mar sur de China, dice que la presencia militar de EU en la región buscaría contener o asfixiar a China.Foto Ap
China ha sido el blanco favorito de la retórica electorera de Trump, quien ha obligado a la venta de la exitosa TikTok en EU, mientras el funcionario de Defensa aludido afirma que el “ejército de EU detectó el lanzamiento de cuatro (sic) misiles desde China hasta el mar del sur de China (https://bit.ly/32xnxyA)”.
Muy al estilo de la cultura china, el portavoz del Ministerio Nacional de Defensa chino, coronel Wu Qian (WQ), no mencionó para nada el lanzamiento de los misiles, pero sí confirmó que Pekín ha realizado ejercicios militares planeados con antelación en una zona que va de Qingdao (noreste de China) hasta las disputadas islas Spratly, en el mar del sur de China. El coronel WQ comentó que tales ejercicios no están dirigidos contra ningún país.
Los lanzamientos se escenificaron después de que China acusó a EU por su flagrante provocación al sobrevolar con su avión espía U-2 la zona de sus ejercicios.
Según Taylor Fravel, director del programa de Estudios de Seguridad en el MIT, los misiles antiembarcaciones probados por China pudieran ser del tipo DF-21, los “asesinos de portaviones ( carrierkiller)” que tendrían la capacidad de destruir los portaviones de EU.
El editorial del Global Times titula “Ojalá los misiles carrierkiller nunca sean usados en el mar del sur de China (https://bit.ly/2EDNwfV)” y comenta la alterada reacción del Departamento de Defensa de EU, que critica los ejercicios militares chinos y el lanzamiento de misiles balísticos –en alusión a los misiles DF-21D y DF 26B– que desestabilizarán más la situación en el mar del sur de China, además de que contrastan con la promesa de la nación asiática de no militarizar (sic) el mar del sur de China.
El editorial comenta que China no admite ni niega el lanzamiento de los misiles, pero este silencio es una postura (sic).
Luego pregunta: ¿Cuál es la nación regional que tiene disputas territoriales con China y posee portaviones? En alusión a la presencia de los dos portaviones Ronald Reagan y Nimitz de EU en la zona.
El editorial contrataca y afirma que es EU quien ha militarizado el mar del sur de China, que no es el Caribe (sic), donde los militares de EU pueden actuar desenfrenadamente.
Global Times realiza una letanía de la presencia militar de EU en toda la región, des-tinada a contener o asfixiar a China, donde destacan las intenciones malignas de EU cuando envía barcos de guerra al mar del sur de China por lo que debieron haber pensado que el ejército chino lanzaría los misiles DF-21D y DF-26B en el peor de los casos.
Global Times sentencia sin tapujos que los dos misiles están preparados para los portaviones de EU en caso de que ataquen al ejército chino en el mar del sur de China convertido en un teatro geopolítico y en línea frontal marítima para suprimir a China.
El problema para los estrategas chinos es discriminar entre la electorera guerra retórica de Trump –que comporta componentes reales en sus guerras comercial y tecnológica– con la postura relativamente menos cacofónica de los militares de EU que no esperaban las pruebas de los misiles “asesinos de portaviones ( carrierkillers)”.
Otro mundo es posible: ese fue el disparador que enamoró a
quienes luchaban en contra de la injusticia y la destrucción del
planeta, pero obviamente lo que se intentaba era evitar este mundo de la
financiarización y el despojo mundial. El Foro Social Mundial (FSM)
pasó a ser desde 2001 y por varios años un punto de encuentro de los
movimientos sociales contrarios a la globalización neoliberal y se
constituyó en voz alternativa a las directrices del Foro Económico
Mundial de Davos.
Casi dos décadas después, algunos de los históricos fundadores
convocaron a replantear objetivos y evaluar potencialidades. Pero hoy
lamentamos la ausencia de varios de los pensadores críticos que le
dieron fuerza al Foro, desde nuestro Eduardo Galeano, pasando por José
Saramago, Samin Amin, Immanuel Wallerstein, Francois Houtart, Samuel
Ruiz. Eso habla también de la falta de renovación del pensamiento
crítico (o de la falta de su difusión y socialización)
«¿El Foro Social Mundial, que celebra su vigésimo aniversario en
2021, es sólo un espacio abierto o puede, debería ser, también un
espacio de acción? Esta cuestión ha sido discutida durante años en su
Consejo Internacional y hasta ahora no hubo posibilidad de llegar a una
conclusión”, señala el manifiesto de los fundadores.
El Foro Social Mundial todavía tiene un gran potencial para darle voz
y ayudar a los movimientos a poner sus alternativas en un contexto
global donde los nuevos discursos y prácticas puedan converger. Es por
eso que pedimos un “renovado foro social mundial”, agrega..
“Nos enfrentamos a una crisis global multidimensional; se necesita
acción a nivel local, nacional y global, con una articulación adecuada
entre ellos. El FSM es el marco ideal para promover esta acción. De eso
se trata esta iniciativa», concluye el documento
Desanclarse del pasado
Durante muchos años, muchos “progresistas”, anclados en el pasado,
trataron de sortear las críticas a la realidad del FSM. Hace un par de
años señalábamos que muchos habián tomado posturas cercanas a la máxima
que dice que “en una fortaleza sitiada, la crítica es traición” (lo
único fuera de debate son los principios). Las dudas siguen vigentes:
continuar dentro del FSM para introducir estos debates tan necesarios o
construir otra herramienta y en ambos casos, con quién.
Claro, todo ésto en plena ofensiva neocolonial y en un declive del
progresismo a nivel latijoamericano y mundial, una mirada conservadora
impuesta por los medios hegemónicos y las redes sociales, y el temor de
algunos “organizadores” a perder a sus patrocinantes.
Estamos a la puerta del efecto de las nuevas tecnologías en la
sobrevida de los trabajadores y la economía, así como las noticias
falsas (fake news), la posverdad y la inteligencia artificial, lo que
hace necesaria un nueva agenda, pero manejada desde el sur. Claro, de
todo esto ni se hablaba en 2001 en Porto Alegre…
Señalábamos que el comité brasileño nunca quiso dejar el poder en un
modelo anárquico abstracto basado quizá en la visión de las comunidades
de base católicas brasileñas, sin ninguna relación con la realidad. Y el
Comité Internacional, de personalidades, siguió manejado por pequeños
grupos y figuras que más allá del altermundismo, representan a ONG
(algunas a sueldo), cada una de ellas con líneas y propósitos tan
concretos como propios, y muchas veces apenas a sí mismos.
Nueva agenda, nuevas formas
La única posibilidad de reflotarlo es para que vuelva a ser un
espacio de acción (y no sólo de debate) que incida en el mundo, reviendo
su carta de principios acorde a la realidad de un mundo peor que el de
hace 20 años, poniéndose acuerdo sobre los temas a debatir, incluyendo
el cambio climático, las migraciones, las guerras, la deuda externa, el
dominio de las nuevas tecnologías, las finanzas especuladoras, la enorme
desigualdad, el hambre, los modelos de desarrollo.
En el foro de San Salvador, por ejemplo, ni se habló del cambio
climático. Se impusieron los temas canalizados por ONG europeas y
estadounidenses, interesados en temáticas que no son urgentes ni
importantes para nuestras sociedades, pero que cuentan con
financiamiento para su organización.
Durante mucho años, el discurso de la horizontalidad se contradijo
permanentemente con el autoritarismo y la manipulación desde las
estructuras del poder del FSM), más entusiasmadas en organizar eventos
(todo es eventual, no hay continuidad ni seguimiento de los temas y
debates) entre convencidos, que dar la pelea por el pensamiento crítico
anticapitalista.
Recordamos que cuando los movimientos políticos comenzaron a
acercarse al Foro, se hizo todo lo posible para alejarlos, con la excusa
de evitar la contaminación. Y nuestros presidentes progresistas no
fueron bienvenidos. E incluso, recordemos, el grupo brasileño impidió
que el Comité Internacional emitiera un comunicado contra el juicio
político a la presidenta Dilma Rousseff. Ni siquiera se defendió la
democracia.
En los primeros foros, por ejemplo, el panel que se organizó sobre la
Utopía demostró la necesidad del debate, de la batalla de ideas, en la
guerra cultural contra el capitalismo y las fuerzas neocoloniales.
Hace unos años, las personalidades que dieron vida y prestigio al FSM
coincidían en señalar la profunda crisis, como indicaban las cifras y
la falta de repercusión y entusiasmo, e insistían en la necesidad de dar
paso a una horizontalidad siempre inclusiva y transparente, pero
aceptando que es necesaria un mínimo de organización y estructuración.
Desde el comienzo del proceso se insistió (desde los medios
alternativos) en la necesidad de que se crearan instrumentos para
compartir con los que no concurrían a los foros Pero el FSM fue quedando
con iniciativas endogámicas: de cada Foro no llegó nada de las
experiencias al resto del mundo.. Hoy los medios electrónicos hacen
posible lo que hace 20 años era impensable.
El antiguo diseño del FSM es facilitador de la fragmentación, de que
cada panel crea que lo más importante es su lucha y no la que dio origen
al mismo, la necesidad de inventar un mundo diferente, justo,
equitativo, de paz, de respeto a la naturaleza. Como decía Galeano en
los setenta, mientras algunos hacen la revolución, Brigitte Bardot lucha
en defensa de las ballenas azules…
En más de tres lustros, el FSM corrió los peligros como la
rutinización, la oenegización, la cooptación, la burocratización, la
falta de participación de movimientos reales, la dispersión, la
infiltración, el copamiento. Y esta realidad lo confirma. En medio de la
crisis sistémica del capitalismo, con una crisis climática, política,
social, sanitaria, migratoria, alimentaria sin precedentes, se insistía
en apostar a la tan mentada horizontalidad, que solo beneficia al
pensamiento único y al inmovilismo.
El FSM ha perdido peso e influencia en nuestra región, quizá porque
aquellos movimientos sociales que llevaron a nuestros presidentes
reformistas al gobierno, desaparecieron de las calles, porque también
ellos fueron cooptados (y burocratizados) para tareas del gobierno y los
movimientos desmovilizados.
Hoy muchos otrora altermundistas buscan foros sobre temas que tienen
interés para ONG europeas y estadounidenses y huyen de los temas
acuciantes para el futuro de su propia gente, quizá para no perder la
gimnasia forista… y su financiamiento.
El desafío es saber hacia dónde caminar, con quién caminar. Decía Antonio Machado que “no hay camino, se hace camino al andar”.
Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo.
Mágister en Integración. Fundador de Telesur. Dirige el Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) y preside la Fundación
para la Integración Latinoamericana (FILA).
Durante la pandemia las noticias falsas potenciaron su
capacidad de daño y hoy son uno de los mayores riesgos que deben
enfrentar las sociedades.
¿Qué vías de acción son eficaces para combatir la desinformación?
¿Cómo deberían intervenir los Estados? ¿Qué formas consensuadas y
eficaces de política pública de comunicación pueden surgir a partir de
esta crisis? Un análisis sobre medios, plataformas y las formas futuras
de habitar la vida en democracia.
Si hay un tema que durante los
últimos años monopolizó las discusiones académicas y periodísticas
alrededor de los “nuevos medios” y su impronta política en las
sociedades contemporáneas es el conjunto conformado por ciertas
denominaciones del paso de un “ecosistema comunicacional industrial” al
“ecosistema comunicacional informacional”. Posverdad, fake news y ahora también infodemia
conservan marcas de continuidad con prácticas precedentes y, a la vez,
expresan novedades que adquieren una nueva dimensión al incorporarse a
la jerga cotidiana y de sentido común.
La noticia falsa o construida sobre hechos inexistentes apunta, en cierto sentido ontológico, a la idea de la desinformación.
Su empleo como herramienta política o de manipulación no es novedoso.
En ese uso, los medios de comunicación masiva fueron y son un espacio
estratégico. Incluso pueden comprometerse en su diseño: un contenido que
aparece en las redes digitales es, muchas veces, levantado,
difundido y explotado por los medios tradicionales. Y viceversa: un
contenido nativo de los medios puede viralizarse exponencialmente a
partir del accionar de las redes.
La infodemia, una práctica informativa que genera pánico o promueve conductas incorrectas,
es el fenómeno contemporáneo que mejor expuso estos riesgos. La
Organización Mundial de la Salud lo empezó a usar en plena pandemia del
COVID-19 y en la Argentina fue la Secretaria de Acceso a la Salud Carla
Vizzotti quien lo nombró por primera vez. Sus efectos profundizaron la
erosión de los sistemas y gobiernos democráticos. Expliquemos por qué:
las democracias liberales y los Estados modernos descansan en un
complejo entramado de relaciones que no podría sostenerse si la
ciudadanía no tuviera la certeza de que el poder político actúa
respetando las normas. Ese es el principio básico del contrato social
que las fake news y la infodemia corrompen. Al hacerlo, debilitan la
confianza y erosionan la democracia. Para visualizarlo estadísticamente:
un sondeo de opinión pública de marzo de 2019 realizado por la
consultora Solo Comunicación
mostró que el 61% de los entrevistados manifiesta chequear la
veracidad de la información de actualidad que ve en portales de
Internet pero el 26% dice no hacerlo. Una vez enterados de la eventual
falsedad de una información que circula, casi la mitad (48%) decide
ignorarla. Además, el 34% de los entrevistados dice no chequear la
veracidad de la información compartida por WhatsApp. Incluso, el 21%
manifiesta haber compartido información de la que luego se enteró de su
falsedad.
Durante la pandemia proliferaron en Argentina algunos ejemplos de Fake News, incluso uno de ellos alertado por la plataforma de fact checking Contar (de la que hablaremos en detalle más adelante). El 28 de mayo Clarin.com y A24
mostraron un video en el que se veía a la dirigente social Milagro Sala
bailando con otras personas. El contenido audiovisual fue compartido
como “El baile de Milagro Sala en plena cuarentena” y generó indignación
en gran parte de la sociedad. Más de 130 mil personas lo vieron en
Facebook. El video es real pero no ocurrió en el marco de la cuarentena,
sino que fue en diciembre del año pasado. La propia Milagro Sala
desmintió lo ocurrido en una entrevista con Víctor Hugo Morales en AM
750.
Lo que nos interesa señalar del caso es la potencialidad de las fake news para el daño social, en tanto instrumentos de diseño para la intervención política. Pero, sobre todo, qué rol le cabe a los diferentes Estados y particularmente el argentino en un escenario como éste.
Durante los últimos años y al calor
del incremento de las plataformas y redes digitales se multiplicaron los
informes tematizados como fake news, a modo de clickbait
literario. La mayoría de sus preocupaciones se centran en un sistema de
alerta orientado hacia el debate público y el funcionamiento de las
democracias centrado en: su incidencia electoral (Trump, Brexit,
Bolsonaro) como forma de activación temática de una agenda de
polarización; su continuidad con otras patologías mediáticas como las
operaciones de prensa; definiciones y taxonomías vinculadas con la
des-información y/o la manipulación: el accionar inconsciente de
ciudadanos que viralizan información sin verificarla. En esa diversidad
de agendas hay un común denominador: la dificultad que la mayoría de
esas aproximaciones evidencia al referirse al rol del Estado en estos
escenarios.
¿Qué papel le cabe a los Estados
nacionales en un contexto de potencial desinformación o información
falsa permanente y a gran escala? ¿Son los espacios del llamado
fact-checking los más propicios para prevenir, intervenir e interpelar
la circulación de estas noticias? ¿Los medios estatales tendrían que
formar parte de esas estrategias de desmentida?
¿Deben ser las máximas autoridades quienes se expongan al juego de la
desmentida y contesten en primera persona las noticias falsas? ¿El
registro de “denuncia” es el único posible frente a la difusión de
noticias falsas? ¿O deben fomentarse otros en clave anticipatoria,
crítica y pedagógica? ¿El Parlamento puede legislar para impedir,
reducir y sancionar la producción y circulación de noticias falsas?
***
Una de las formas de abordar la circulación de las noticias falsas y la infodemia fue
la proliferación de un nuevo tipo de organización que se autoinstituye
como instancia mediadora entre los acontecimientos, los discursos
políticos, la prensa y la sociedad. Por lo general, son plataformas
digitales las que llevan adelante la tarea del fact-checking o verificación de información, tanto desde el sector privado (Reverso) como las generadas por voluntad pública (Confiar).
Confiar
es una de las iniciativas más completas y novedosas (aunque con escasa
difusión) del sector público. Propone despejar dudas en torno a las
fuentes de desinformación acerca del coronavirus y, para ello, verifica
información al mismo tiempo que provee a los ciudadanos de herramientas y
criterios para diferenciar la calidad y veracidad de las noticias. Confiar se suma a otras experiencias internacionales con impulso público, como EFE verifica, el sitio de fact checking de la agencia española EFE, o las que poseen otras agencias de noticias internacionales como AFP, AP y Reuters.
Estas experiencias sin duda representan un avance sobre el escenario problemático, pero implican una verificación a cargo del usuario, y en dispositivos (del gobierno o de los medios tradicionales) cuya autoridad suele también relativizarse.
***
Desde el inicio del devenir del COVID-19 han circulado diversos tipos
de fake news que hacen referencia a cuatro ejes: las posibles
conspiraciones sobre el origen del virus; las modalidades de
diseminación y contagio; los síntomas y tratamientos; y la eficacia de
las medidas gubernamentales. Estos aspectos actúan sobre
predisposiciones en la recepción como que la cura sea posible y cierta o
que una intención política impulsó la creación del virus.
El rol de los organismos
especializados, los medios de difusión y cualquier otra forma de
comunicación institucional regida por deontologías profesionales debe ir
más allá del aporte informativo y de su sesgo ideológico. Debe ser
también excepcional: debemos exigir que al rigor periodístico sumen
acciones concretas que para contener las fake news. Pongámoslo a la
inversa, ¿es posible pensar formas consensuadas y eficaces de política
pública a partir de la ventana de oportunidad que ofrece la pandemia?
Por ejemplo, avanzar en el diseño de pautas de ética periodística que
orienten la actividad en los medios de carácter público, y que puedan
constituirse como una guía para el conjunto del sistema de medios. El
documento Ética Periodística en la Era Digital
elaborado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) con la
cooperación de la Oficina de Montevideo de la UNESCO, sugiere: “Ante
el dilema frecuente: o noticias al instante, o noticias producidas sin
prisa, la diferencia la hace la voluntad de servir a la audiencia antes
que al negocio. La prisa por la verdad inmediata afecta la verdad.
También la afecta, y ¡en qué forma!, la violencia ambiente”.
También existen un conjunto de
rutinas integradas al programa de la comunicación profesional que
podrían adaptarse al estado de excepción que transitamos. Por ejemplo extremar el ajuste de la comunicación de crisis al momento de difundir una política pública, donde debería trazarse una narrativa de continuidad que vaya desde el anuncio a la aplicación efectiva
de la política, desde la asignación de recursos hasta la distribución
de los productos o servicios. Pueden sugerirse estas y otros cientos de
acciones particulares. El problema sigue siendo la compleja relación
entre ciertas culturas políticas y mediáticas.
Dentro de la tradición sobre Manuales o Códigos de Ética Periodística, cabe destacar el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística.
Además del reconocimiento de los deberes tradicionales del ejercicio
periodístico y de la importancia de los medios de comunicación en las
sociedades contemporáneas, el documento plantea cuestiones éticas en
relación al rol de los medios. Por ejemplo, señala que “los
medios de comunicación efectúan una labor de ‘mediación’ y prestación
del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con
la libertad de información, están en función de los destinatarios que
son los ciudadanos”. Por otra parte, establece un párrafo que conecta bien con el actual contexto: “La
emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las
actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad
en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no
deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las
noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los
hechos y datos”.
***
Frente al estado de excepción,
debemos pensar desde una mayor complejidad la dimensión pública e
institucionalizada de la ética informativa. Por ejemplo, impulsar a los
gobiernos a incrementar los niveles de transparencia de manera de
comprometer también al sector privado de medios a sostener mayores
niveles de calidad y claridad en el manejo informativo, aspecto que
resulta históricamente resistido. Es indispensable fortalecer los
sistemas públicos o comunitarios, históricamente marginados. Y también
resulta necesario generar una iniciativa a nivel nacional, una propuesta
desde el Estado, que interpele pública y directamente a los grandes
medios comerciales.
Sabemos que se requiere un compromiso
democrático excepcional para superar las malas prácticas de ciertas
culturas políticas y mediáticas, hoy digitalmente potenciadas. Las
formas institucionales que se relacionan con estas problemáticas en
otras regiones suelen concentrarse en ecosistemas propios del estado
(organismos de control, defensorías, cuerpos consultivos) o del sector
privado (formas de autorregulación, colegiaciones, colaboraciones
corporativas).
El esfuerzo cultural y político
consiste en combinar ambos espacios y podría institucionalizarse bajo la
forma de un Consejo plural orientado a la ética y la responsabilidad en
el tratamiento de la información pública. Una instancia compartida
entre medios comerciales de difusión, organizaciones civiles,
plataformas y agencias del estado. Un Consejo de estas características
tendría como objetivo avanzar sobre un sistema de acuerdos de buenas
prácticas, con la finalidad de contribuir a un debate público respetuoso
de las diferentes legitimidades pero claramente orientado a desplazar
cualquier forma de violencia simbólica.
En dicho cuerpo colegiado todos los
convocados deberían asumir responsabilidades orientadas a: resguardar el
derecho humano a la comunicación, moderar el tono del debate público,
vehiculizar acciones positivas del Estado que no colisionen ni
restrinjan la libertad de expresión; precisar procedimientos sobre
noticias falsas, construir consensos en procura de la defensa del
interés general, fortalecer y promover códigos de ética y modelos de
autorregulación y colaboración; educar a las futuras generaciones en una
cultura informativa para los ecosistemas digitales; entre otras.
Respecto a los antecedentes sobre iniciativas de este tipo, es posible mencionar el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de
Chile creado en 1990. Si bien fue concebido con lógica autorregulatoria
por parte de los medios privados (fue promovido por la Federación de
Medios de Comunicación Social de Chile sin participación estatal)
constituye un espacio desde donde se emiten resoluciones con pedido de
mejoras sobre el ejercicio periodístico y el rol de los medios. Aquí una de las últimas respecto a los medios en el contexto de pandemia.
En definitiva, abordar el problema de
las fake news mediante formas regulatorias conlleva también el riesgo
de habilitar el abuso por parte de gobiernos con tendencias
autoritarias, creando las condiciones para un nuevo tipo de censura.
Es un debate abierto en diferentes
estados, y en algunos de ellos existen normas que pretenden atenuar sus
efectos. En Francia desde 2018 se sancionó una ley por la cual se puede
recurrir a un juez para que detenga la difusión de informaciones falsas
durante los tres meses anteriores a un proceso electoral. El Reino Unido
enfoca su intervención regulatoria desde la Autoridad de Competencia y
Mercado (CMA) planteando condiciones de competencia para las plataformas
online y publicidad digital, instando al cumplimiento de códigos de
conducta basados en principios de buenas prácticas a la vez que se
contemplan penalidades financieras por incumplimiento.
Brasil dio media sanción en el Senado
a un proyecto de “Fake News” muy objetado por diferentes organizaciones
sociales que lo señalan como un riesgo para la vigencia de derechos
fundamentales como la privacidad, protección de datos, acceso a Internet
y libertad de expresión.
Las iniciativas mencionadas forman parte de experiencias
internacionales, pero aún no se constituyeron como reclamos de
colectivos vinculados a la comunicación. Tampoco forman parte de la
agenda inmediata del gobierno actual que recorre otras preocupaciones
más urgentes vinculadas con la pandemia de coronavirus. Si la crisis se
nos presenta como una oportunidad, usémosla para construir acuerdos
colectivos al respecto: a partir de ella podemos pensar las formas
futuras de habitar la vida en democracia.
La humanidad alcanza más de medio año promedio de confinamiento donde
todavía los tenues alcances de una vacuna puedan revertir una situación
casi inédita en términos fito sanitarios, psico-sociales y
económico-políticos.
La detención del motor económico mundial – que viera su primer
señalamiento por la dinámica recesiva previa producto de políticas de
austeridad fiscal y de guerras comerciales entre polos opuestos – agrava
los mismos cimientos del funcionamiento del sistema capitalista esto es
la producción (“Sin producción no hay Economía “Lenin ), el consumo y
la distribución del excedente en diferenciación según sea el régimen
estatal en cuestión y de la presión sindical dominante.
La consecuente caída de los niveles gananciales han obstruido también
los lineamientos de una reinversión o de su colocación por fuera del
sistema, algo que afectaba ya de sobre manera el funcionamiento inercial
en su conjunto.
El libreto neoclásico fue archivado y la política en su cara más
llana intento – o intenta – enderezar el rumbo perdido con las llamadas
políticas de estimulo fiscal y monetario a fin de reconstruir la rueda
anteriormente señala.
No obstante ello, se percibe que los resultados o son escasos o son
modestos mientras que la penuria social aumenta y la contención
política/partidaria no es suficiente cuando el descredito mundial sobre
la política es marcado.
Entre la despolitización global neoliberal y la acucia por solucionar
los problemas de desempleo y manutención hacen de la “política “un
factor innecesario o hasta molesto que no percibe el estado de necesidad
o que directamente no es suficiente.
Asimismo – y no como en otras épocas quizás similares – la falta de
liderazgos políticos es una moneda evidente al frotar nuestro globo
terráqueo en la búsqueda de lideres que comprendan la situación
vivenciada y que de allí surjan soluciones para el resto de la
humanidad.
La radicalidad parece ser una palabra prohibida por lo que se
“reservan” a estímulos por dentro del estatus quo que ya señala su
limitación por parte de la misma población a la que es asistida.
La “globalidad “trajo aparejada la estandarización de los insumos
mentales bajo un ordenado sistema cultural que impuso su dominio como
único tanto dentro de sistemas educativos como de medios de comunicación
masiva.
El “pensar “o pensamiento crítico quedo reservado para pequeños
confines del mundo incapaces de quebrar los muros eficientemente
construidos.
El entretenimiento paso a ser el nuevo modo de dominio mundial
mientras que los cimientos eran en si mismos socavados por la verdadera y
material realidad.
Volver atrás seria una entelequia y considerar salidas políticas
anteriores casi un pretexto para no entablar una necesaria reflexión
hacia un futuro que nadie puede conocer a ciencia cierta aún.
Quizás plantear que los espacios geográficos de mediano
envejecimiento, alta natalidad, que a su vez cuentan con un espacio de
desenvolvimiento acorde y que puedan auto sustentarse con sus propios
recursos puedan dar una nueva geopolítica al interior de sí mismos y que
en el plazo de dos generaciones se pueda revertir la acuciante
situación por lo que se atraviesa.
Considerar que la mera resolución de lo económico dará la respuesta
al problema es caer nuevamente en el mismo error – ya atravesado en
décadas pasadas – de lo que se trata es de dar un salto político que
enhebre el triángulo de lo Político – Económico – Cultural.
Sin la reconstrucción de un aparato cultural propio pocas esperanzas
habrá sobre un parir político y sin la directriz de lo político la
cuestión económica difícilmente pueda recomponerse en un terreno
equilibrado en la asignación o redistribución del producto.
“El tiempo está a favor de los pequeños “( Silvio Rodríguez )
Guatemala
es actualmente el país de Centroamérica y el Caribe con más personas
fallecidas por la pandemia de Covid-19 (más de 2,600) y con una tasa de
letalidad superior al 3.8%, una de las más altas en la región.
También es el tercer país con más casos de coronavirus (casi 70 mil).
El
primer caso en Guatemala se registró oficialmente el 13 de marzo. El
17 de marzo se decretó estado de calamidad pública[1] a nivel nacional
para la contención de la pandemia, con suspensión de garantías
constitucionales y toques de queda. La medida fue prorrogada cinco
veces.
También se decretó estado de sitio en varios municipios
del país, decisión que conllevó una creciente militarización de los
territorios y la detención de más de 50 personas, incluso autoridades
indígenas y periodistas.
Organizaciones de derechos humanos, como
la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Guatemala (Udefegua), denunciaron la falta de acceso a datos y fuentes
de información sobre la pandemia, así como la poca credibilidad de las
cifras brindadas por las autoridades de salud.
Crisis sanitaria y corrupción
“Estamos
ante la presencia de datos muy subestimados. Los hospitales están
colapsados, el sistema de salud está cada vez más deteriorado y las
autoridades sanitarias, pese a contar con el presupuesto más alto de su
historia, no logran hacerle frente a la pandemia”, dijo Jorge Santos,
coordinador general de Udefegua.
En efecto, las tasas de
ejecución del multimillonario presupuesto son bajísimas, algo que le ha
costado el puesto al titular de salud, Hugo Monroy. También fueron
cesados los viceministros técnico y administrativo por irregularidades
en la adquisición de medicamentos y material sanitario
A inicios
del mes de agosto, por ejemplo, la ejecución en el rubro de adquisición
de ventiladores, pruebas y equipos de protección personal era de apenas
un 4%, la del bono familia (unos 125 dólares) y el fondo de protección
al empleo no llegaba al 40%, y los desembolsos para el programa de
remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud
alcanzaban apenas el 16%.
Lo mismo ocurría con los fondos para hospitales temporales, cuya ejecución no llegaba al 15%.
Consintiendo al gran capital
A pesar de la situación, las autoridades guatemaltecas han comenzado
a reactivar las actividades económicas y a permitir la movilización en
casi todo el país.
“La impresión es que toda esta estrategia fue
dirigida a garantizar los privilegios a la oligarquía guatemalteca. Ha
sido una política criminal de ‘sálvese quien pueda’, en el marco del
autoritarismo, el retroceso democrático y del aumento progresivo de las
agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos”, advirtió
Santos.
Como ejemplo, el coordinador de Udefegua señaló tres
municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz, donde se mantiene el estado
de prevención. El gobierno argumentó que la medida obedece a la
presencia de personas y grupos armados que llevan a cabo actos de
violencia. Sin embargo, para Jorge Santos el verdadero objetivo es
garantizar los intereses de compañías mineras y corporaciones
agroindustriales de la zona.
“La militarización ha significado
desalojos violentos, capturas, agresiones, abusos sexuales contra las
mujeres. Lo que se ha estado implementando son esquemas de control
social y represión, en procesos cada vez más difíciles para la auditoría
social y la observación en materia de derechos humanos.
El
gobierno del presidente Giammattei ha utilizado de manera perversa la
pandemia y la poca movilidad que tiene la población para sostener los
intereses de los grandes capitales. Todo esto a costa de la libertad, la
seguridad y la vida de las comunidades que, en vez de ser atendidas,
son agredidas y sus derechos son violados”, añadió Santos.
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness (descargue aquí
la versión en español), Guatemala se mantiene entre los países con la
mayor cantidad absoluta de personas defensoras de la tierra y los bienes
comunes asesinadas el año pasado (13).
Pacto de corruptos
El
denominado ‘pacto de corruptos’, que reúne a los ocho grupos
oligárquicos que controlan la economía, la política y la justicia en el
país, es parte de la estrategia de agresión contra quienes exigen un
cambio profundo en Guatemala.
“Son ellos que diseñaron y están
financiando la estrategia de ataques contra la democracia y los derechos
humanos. Quieren secuestrar el Estado y tomar control de la
institucionalidad para garantizar sus intereses y el sostenimiento de un
modelo económico que concentra riqueza, explota la fuerza de trabajo y
los bienes comunes, expolia territorios.
Los nuevos ataques de
estos días contra el Procurador de derechos humanos[2], el Fiscal
especial contra la impunidad y contra jueces y juezas del sistema de
mayor riesgo, son parte de esta estrategia de agresión contra
funcionarios que, bajo el marco de la honestidad y la defensa del estado
de derecho, han sostenido la lucha iniciada por la sociedad civil y la
Cicig[3]”, manifestó Jorge Santos.
Para el coordinador de
Udefegua, el presidente Giammattei ha venido profundizando el esquema de
agresión en contra de la débil construcción democrática en Guatemala.
Más agresiones
Entre
enero y junio de este año, Udefegua contabilizó 677 agresiones contra
defensores y defensoras pertenecientes a unas 70 organizaciones y
comunidades. Febrero, junio y mayo fueron los meses más violentos con
180, 152 y 126 agresiones respectivamente. En tan sólo seis meses hay un
aumento del 73% respecto al total de agresiones de 2019 (494). También
se registraron 13 asesinatos entre enero y mediados de agosto.
“Hubo
ataques a la libertad de expresión, desalojos extrajudiciales
violentos, muchos casos de criminalización, varios asesinatos y la
desaparición de un dirigente comunitario. Es decir, mientras la
población sufría los impactos de la pandemia, el gobierno y la
oligarquía arremetían violentamente contra la oposición política y las
personas defensoras de los derechos humanos.
Prácticamente el
comportamiento de agresiones y violencia contra las y los defensores
tiene el mismo ritmo de crecimiento exponencial que la pandemia. De
tener el mismo comportamiento durante los próximos seis meses, el 2020
se convertiría en el año de mayor nivel de violencia contra defensores y
defensoras en Guatemala”, concluyó.
Fuentes: El tábano economista -Imagen: Kamala Harris, foto de Jeff Kowalsky, AFP via Getty Images
Parafraseando a Henry Ford, uno podría decir que los
estadounidenses pueden tener el presidente que quieran, siempre y
cuando sea demócrata o republicano.
Desde hace varios meses los medios de EE.UU. daban como número
puesto a Kamala Harris, senadora de color por California, para ocupar
la candidatura a vicepresidencia por el Partido Demócrata. También
desde hace tiempo todos los integrantes de esta cruzada sospechan de la
salud mental del candidato Biden desde que entró en campaña. Cualquier
que esté familiarizado con su trayectoria política conoce su discurso
inconexo, sus trompicones dialécticos, sus equivocaciones constantes,
que ponen al candidato demócrata como una especie de Macri en potencia,
pero ahora, según las conjeturas, con Alzhéimer.
Trump,
habla de él sin ningún decoro, como es habitual, y con toda acidez lo
califica como el ‘somnoliento Joe’. Pero esta idea, por más que resulte
ofensiva, es el murmullo de la clase política americana, “ningún
republicano ha disputado la presidencia con ese nivel de demencia
senil”, asegura el maniaco Rudy Giuliani. Aun así, el candidato
presidencial Joe Biden dijo que se haría la prueba cognitiva a principio
de año para desechar los rumores circulantes, ahora dice que no se ha
sometido a una prueba cognitiva y asegura que dejará que la ciudadanía
decida si es apto para el cargo.
La disputa no es menor, más con estas revelaciones, donde parte de la ecuación debe contemplar al establishment
estadounidense suponiendo dónde depositará la confianza en defensa de
su intereses. Debemos entender que ambos partidos están directamente
vinculados al capital financiero, a las grandes corporaciones
industriales, profundamente unidos a la idea imperial de Estados Unidos
y su mirada hegemónica global. Pero, por sobre todo, son dos partidos
que pertenecen al mismo sistema y representan los mismos intereses de
clase, y solo difieren el uno del otro porque son portavoces de
fracciones diferentes de la misma clase dominante, proyectando
políticas distintas para satisfacer los mismos intereses.
Estados
Unidos debe ser uno de los países menos democráticos del mundo. Desde
siempre republicanos y demócratas se pelean la presidencia, una especie
de dictadura bipartidaria. Sin extendernos sobre el sufragio en sí,
diremos que es una democracia indirecta, la gente no vota para
presidente, sino a representantes que lo eligen, por eso Donald Trump
sacó casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton y, sin embargo,
resultó presidente. La respuesta, el mapa de representantes expuesto
abajo, que muestra dos cosas: 1) por qué California (55 representantes)
tiene a Kamala Harris como candidata a vicepresidenta, y para los
desvelados, 2) Florida (con 27 representantes), cuna del antiesclavismo,
no dejará que Venezuela tenga paz, ya que tanto demócratas como
republicanos tratarán de seducir al fascismo golpista de dicho estado.
Antes de adentrarnos en la elección de Kamala Harris como segunda en
la fórmula presidencial, deberíamos establecer ¿qué y a quiénes
representa el Partido Demócrata? para que quede en evidencia su
elección. Según la filósofa americana Nancy Fraser los demócratas
representan el “neoliberalismo progresista”, definición que puede sonar como un oxímoron, pero es así.
El
neoliberalismo progresista se desarrolló en los EE. UU. y fue
ratificado por el triunfo electoral de Bill Clinton en 1992. Clinton fue
el principal ingeniero y portaestandarte de los “nuevos demócratas”, el
equivalente estadounidense del “nuevo laborismo” de Tony Blair, el hijo
predilecto de Margaret Thatcher. Aun cuando la administración Clinton
hizo suyas esas ideas progresistas, enamoró a Wall Street. La economía
fue maneja por Goldman Sachs, desreguló el sistema bancario, negoció
tratados de libre comercio que aceleraron la desindustrialización y
desarmaron mundialmente la producción.
Lo que se perdió por el camino fue el ‘cinturón oxidado’ (o del óxido) (Rust Belt),
esa región, junto con nuevos centros industriales en el sur, que
recibió un duro revés cuando la financiarización más desatada comenzó a
fijar el curso productivo de las pasadas dos décadas. Continuadas por
sus sucesores, incluido Barack Obama (el mayor deportador de latinos),
las políticas de Clinton degradaron las condiciones de vida de todo el
pueblo trabajador, pero especialmente de los empleados en la
producción industrial. Para decirlo sumariamente: “Clinton
tiene una pesada responsabilidad en el debilitamiento de las uniones
sindicales, en el declive de los salarios reales, en el aumento de la
precariedad laboral y en el auge de las familias con dos ingresos que
vino a substituir al difunto salario familiar.”
Esta
contradicción a la que nos referimos es como el neoliberalismo
progresista se ha convertido en la alianza de las corrientes principales
de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo,
multiculturalismo y derechos de los LGBTQ) promocionados y protegidos
por la “Open Society Foundation”, del malhechor George Soros, por un
lado, y por el otro, los sectores de negocios de gama alta de servicios,
como Wall Street, de quien depende el partido Demócrata; Silicon
Valley, parte del establishment, las grandes corporaciones industriales y
de Hollywood, entre otros, a través del esposo de Kamala Harrys, el
abogado Douglas Emhoff, consejero de litigios y asesor de confianza para
algunos de los más grandes nombres y para todo el espectro del
entretenimiento, los medios de comunicación y los deportes, a través de
la firma legal multinacional DLA Piper.
Así las
cosas, las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con el
capitalismo depredador, especialmente el financiero. Lamentablemente lo
cierto es que las primeras prestan su prestigio, crédito y reputación a
este último. Ideales como la diversidad y el “empoderamiento”, que, en
principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a
políticas que han resultado devastadoras. Esta combinación fue posible
solamente por ausencia y destrucción de una izquierda genuina, que, de
manera meticulosa, el partido Demócrata se encargó de demoler (la
representada por Bernard “Bernie” Sanders), de la que solo rescataron la
marketinera, y por cierto exitosa y lucrativa, consigna “Las vidas negras importan”.
Harris, senadora en su primer mandato, tiene la reputación de ser
una aguda crítica de la administración actual. Previamente, se
desempeñó como fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de
California antes de ser elegida para el senado de los Estados Unidos.
Como se ve en este breve currículum, forma parte del riñón del partido
Demócrata, el mismo conservador y demoledor del progresismo, al menos
desde el 2012, y por sus cargos ocupados, una férrea defensora de ese
poder profundo estadounidense.
El historial de Harris en la fiscalía, como fiscal del distrito en
San Francisco de 2004 a 2011 y como fiscal general de California de
2011 a 2017, casi seguro que será discutido en las elecciones
generales, en especial debido a la indignación nacional por el abuso
policiaco y el racismo sistémico que se ha desatado desde el asesinato
de George Floyd.
Si bien se
cataloga como una fiscal progresista, esta definición sería algo
parecido a decir que se puede tener mano dura contra el crimen y, al
mismo tiempo, confrontar las profundas desigualdades del sistema de
justicia penal. Esta parte queda a la libre interpretación del lector.
Lo cierto es que, como fiscal general, nunca procesó a oficiales de la
policía que hubieran asesinado a civiles (de color). También recibió
críticas por haberse negado a permitir pruebas avanzadas de ADN que
pudieron exonerar a Kevin Cooper, un hombre negro sentenciado a muerte, y por haber defendido algunas condenas en contra de acusaciones de conducta inapropiada de la fiscalía.
El 11 de
agosto de 2014, dos días después de que Brown fuera asesinado en Misuri,
agentes de policía de Los Ángeles mataron a tiros a Ezell Ford, un
hombre negro de 25 años, desarmado, con antecedentes de enfermedad
mental, lo que provocó una ola de manifestaciones. Harris se remitió a
Jackie Lacey, el primer fiscal de distrito negro de la ciudad, quien
finalmente no presentó cargos.
Algo
parecido ocurrió con su inicial respaldo al proyecto de ley “Medicare
para todos”, del senador Bernie Sanders, antes de cambiar su postura
durante la campaña presidencial, que luego abandonó por falta de fondos,
aunque sigue oponiéndose al proyecto hasta la actualidad.
Muchos piensan que al final del día la pelea será entre Soros contra
Trump, con un lobby israelí divido entre Benjamín Netanyahu, quien
apoya al actual presidente en tándem con el magnate del juego de las
Vegas, Sheldon Adelson, por un lado, y George Soros por el otro, quien
se adjudica, no solo el triunfo, sino su reposicionamiento con la
candidatura de Kamala. ¿El establishment estadounidense ha
encontrado la figura perfecta para dirimir la interna entre California
(55 representantes) y Texas (34 representantes) jugando como pívot
Florida, con 27 representantes? Asiática, de color, esterilizada en
contra de las peleas raciales, buena presencia y fiel defensora de Wall
Street, Silicon Valley, y las grandes corporaciones industriales, ¿se
necesita algo más para mantener el status quo estadounidense que esta
percepción errónea de progresismo encubierto?
La verdad es que sí, porque es cierto que el neoliberalismo
progresista sigue su marcha y afianza su lógica política, social y
económica, y esta idea debería quedar clara en Latinoamérica. También
debe quedar claro que del otro lado está Trump, quien no necesita
presentaciones. Pero si quisiéramos ver el resultado de esta disputa
electoral para Sudamérica, podríamos tomar las palabras del periodista
brasileño de IndiMundi, Breno Altman: Si Trump pierde el presidente
Bolsonaro de Brasil pasará a tener problemas en la región, su poder se
vería disminuido y la sustentabilidad de sus iniciativas regionales
seriamente afectadas. Si gana Biden, ¿que sucederá? Ah, nada.
En poco más de tres meses,
el 6 de diciembre, se celebrarán las elecciones parlamentarias en
Venezuela. Las anteriores se celebraron el 6 de diciembre de 2015 y la
oposición obtuvo mayoría gracias a la abstención de 2 millones de votos
chavistas que decidieron quedarse en casa y no votar.
Pero las circunstancias hoy son otras y el chavismo se encuentra
unido después de haber sorteado infinidad de ataques políticos,
económicos y militares provenientes del imperialismo estadunidense y sus
cipayos locales, ataques intensificados desde la autoproclamación de
Guaidó el 23 de enero de 2019.
Es por eso que el ala más radical de la oposición venezolana,
agrupada en el llamado G4 (Voluntad Popular de Leopoldo López, Primero
Justicia de Henrique Capriles, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo)
planea, con el apoyo de Estados Unidos, boicotear el proceso electoral y
reactivar la movilización en la calle.
Fuentes colombianas con acceso a funcionarios estadunidenses y a
líderes de oposición venezolanos, conocieron de una reciente reunión por
videoconferencia celebrada entre miembros de la oficina externa de EU
para Venezuela en Bogotá (VAU) y varios líderes opositores del G4
encabezados por Leopoldo López, presidente de Voluntad Popular. En dicha
reunión se ultimaron procedimientos para sabotear las elecciones de
diciembre.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que a esa reunión no
asistió Juán Guaidó, por tanto parece que el eje y apoyo estadunidense
se inclina de nuevo hacia alguien con credenciales violentas como el
líder de Voluntad Popular.
En esa reunión Leopoldo López, ya con experiencia en el sabotaje
violento, pidió a cada partido del G4 que procediera de inmediato al
reclutamiento de 100 mil voluntarios con el objetivo de movilizarlos
previamente pero sobre todo, el día de las elecciones, para abarcar
todas las mesas electorales del país.
La fuente que asistió a la reunión revela que, según explicó Leopoldo
López, los voluntarios deben tener la capacidad de manipular y
documentar irregularidades reales y supuestas ocurridas en el proceso,
por ejemplo, el uso de recursos del Estado por parte del PSUV y partidos
afines. Otros objetivos son demostrar una baja afluencia de votantes,
evidenciar violaciones de las fuerzas del Plan República, participar
decisivamente en la desmovilización del voto, y algo que es clave,
realizar actividades de protesta y resistencia civil para
entorpecer tanto el voto oficialista como de los sectores dialogantes de
la oposición que legitimarían la nueva Asamblea Nacional.
El G4 no va a participar en la contienda electoral, por tanto su
objetivo parecer ser documentar a partir de su propia injerencia para
luego intentar convencer a la comunidad internacional de lo
antidemocrático del proceso. El reto además es que eso sirva para
convencer al antichavismo de lo acertado de una estrategia que los va a
dejar fuera de la próxima AN.
Pero el líder del G4 fue más allá, planteando un objetivo más
ambicioso de 200 mil voluntarios que les permitirían tener unos 25
activistas por cada centro de votación, sugiriendo tomar como base el
número de voluntarios levantado para la fracasada operación de ayuda humanitaria que pretendieron introducir de Colombia a Venezuela en febrero de 2019.
Richa Bhala, funcionario de la VAU, responsable de operaciones de
contrainteligencia desde su cargo de vicecónsul de la embajada de
Estados Unidos en Islamabad (Pakistán), aceptó con elogios la propuesta
insistiendo en la necesidad de ampliar la plataforma opositora. Por su
parte, Rafael Foley, jefe de la oficina externa de Estados Unidos para
Venezuela en Bogotá, insistió en que el G4 debe pasar de una oposición
más o menos estructurada a una organización de resistencia y
desobediencia civil que trascienda los cuatro partidos políticos
opositores.
Al parecer y según las mismas fuentes, próximamente verá a la luz un
llamamiento por parte del G4 que buscaría sumar nuevas fuerzas a una
nueva plataforma opositora.
Si bien parece que la estrategia de boicot pasa de nuevo por la
violencia, una vez dejado atrás el efecto Guaidó, que resultó ser un bluf
que cohesionó al chavismo, en la nueva plataforma opositora continuarán
confluyendo las mismas contradicciones y aspiraciones de los partidos
políticos tradicionales, que no han logrado unirse en torno a nada, más
allá de su odio al chavismo y su subordinación a Estados Unidos.
En cualquier caso, el 6 de diciembre está marcado con rojo en la
agenda de la oposición venezolana, que buscará dar un nuevo paso en su
intento de derrocar al chavismo.
Pase lo que pase en las elecciones estadunidenses, pues aunque no
gane Trump permanecen los mismos intereses que llevaron a Obama a firmar
una orden ejecutiva declarando a Venezuela peligro para la seguridad
nacional de Estados Unidos, en 2021 comienza un nuevo capítulo de la
revolución bolivariana y chavista que resiste en la defensa de su
petróleo y soberanía nacional.
