Arturo Balderas Rodríguez
La Jornada
Concluyó la investigación sobre el
posible contubernio entre Donald Trump y su equipo de campaña con el
gobierno ruso, para intervenir en el proceso electoral de Estados
Unidos. Robert Mueller, fiscal especial nombrado para realizar la
investigación, entregó el viernes un documento de más de 300 páginas al
procurador de justicia conteniendo todos los elementos sobre su trabajo.
Al frente de un equipo de abogados, agentes del FBI y de
contrainteligencia, Mueller hizo una acuciosa y delicada investigación
durante casi dos años, cuyos resultados, en primer término, lo llevaron a
someter a juicio a cinco prominentes cercanos colaboradores de Trump,
antes y después de su toma de posesión.
De acuerdo con las normas establecidas, queda a juicio del procurador
general, William Barr, dar a conocer todo el documento o sólo una parte
del mismo. Para el caso, en las siguientes 48 horas, Barr elaboró un
resumen de tan sólo cuatro cuartillas de todo el informe. En su resumen
Barr indicó que Mueller no encontró elementos para determinar si Trump, o
alguien de su equipo de campaña,
conspiró o se coordinó con Rusia para interferir en las elecciones del 2016. En su reporte, Mueller no concluye si el presidente cometió un delito, pero tampoco lo exonera de haberlo cometido.
El resumen del procurador no dejó satisfecho a nadie, con excepción
de Trump, su familia y sus colaboradores. La duda de la imparcialidad
con la que el procurador trató el asunto se realza tomando en
consideración que Trump nombró a Barr como procurador general hace sólo
unas semanas, después de que Barr dijo que Mueller se había excedido en
sus investigaciones y que, de acuerdo con la ley, el presidente como
tal, no podía ser juzgado por delito alguno. Dicha afirmación levantó
razonables sospechas sobre la imparcialidad que Barr pudiera tener sobre
la conducta pasada o futura de Trump. A fin de cuentas, los
legisladores –particularmente los demócratas– exigen que se les entregue
completo el informe de Mueller para estar en la posibilidad de exonerar
o no al presidente.
El presidente Trump pudiera tener razón en su admonición en contra de
quienes durante estos años insistieron en su culpabilidad. Pero pudiera
estar equivocado al celebrar anticipadamente por dos cuestiones que
parecen elementales. La primera es que cinco de sus colaboradores más
cercanos han sido juzgados y están encarcelados por mentir para
protegerlo, y con ellos una docena de rusos por delitos relativos a sus
relaciones con Trump y sus colaboradores. La segunda es que, como
consecuencia de las investigaciones del fiscal especial, han salido a la
luz una cauda de delitos, actualmente investigados por diferentes
procuradores distritales, que Trump habría cometido previo a su llegada a
la presidencia y, lo que es más grave, ya ahí.
Va a pasar mucho tiempo antes de que se diluyan todas las dudas sobre
la comisión o no de los delitos de que se acusa a Trump. Por ahora no
hay acuerdo entre los especialistas sobre la eventualidad de que un
presidente en funciones pueda ser juzgado y desaforado, de comprobársele
algún crimen. En lo que parece haber acuerdo en el caso particular de
mandatario, es que la vía más probable sería la política, pero esa se ve
lejana en un congreso dividido por mitades. En todo caso, la apuesta
más segura de quienes quieren ver al presidente fuera de la Casa Blanca
son las elecciones de 2020. Se espera que para entonces los electores
tengan los suficientes elementos para decidir sobre la suerte del cada
vez más controvertido presidente Trump.
De última hora. En franca violación con la soberanía de México, y en
referencia a la llegada de migrantes centroamericanos, Trump amenazó con
cerrar la frontera con nuestro país si
el gobierno mexicano no detiene la inmigración ilegal(LA Times, 29/3/19). De repente la Doctrina Estrada no es tan obsoleta como algunos han sugerido.
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