Sputnik
Como
en Estados Unidos, en Latinoamérica también se ha instalado el debate
sobre la medidas migratorias. Este debate se instaló en Chile, Perú,
Bolivia, Venezuela y Colombia. En Argentina cobró mayor dimensión con el
decreto anunciado el 30 de enero por la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, que endurece la Ley de Migraciones para acelerar los procesos
de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.
Dicha
medida está siendo cuestionada por la comunidad de extranjeros
residentes en Argentina. "Una vez más se retrocede en los logros
conquistados por los migrantes. Nos costó mucho conseguir la Ley de
Migraciones, que fue un ejemplo para muchos países donde lo que se
prohibía era el ingreso a aquella persona que tenía antecedentes
penales. Ahora todo eso cambió. Nos duele mucho ser catalogados como
delincuentes por ser inmigrantes. Esto es lo que ha hecho este DNU, que
pretende tapar la delincuencia de todo el país con la pantalla del
inmigrante. El problema es mucho más complejo", dijo al programa radial
de Sputnik 'En Órbita' Olinda Pérez, presidenta de Mujeres Peruanas
Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina.
Además
del decreto, desde distintos sectores se escucharon declaraciones
favorables a limitar el ingreso a los inmigrantes. Alfredo Olmedo, un
diputado de la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, es conocido
por su devoción hacia el presidente estadounidense Donald Trump y
propuso construir muros para frenar la delincuencia.
"Olmedo
está hablando de un muro. La ministra Bullrich se refirió a los
bolivianos, paraguayos y peruanos como gente que viene a delinquir al
país. Hay una gran preocupación en la comunidad inmigrante. Hay muchos
trámites en suspenso o en observación por algún requisito que no se
cumple. Esto nos alarma", dijo al programa radial de Sputnik ‘En Órbita'
Gustavo Morón, quien forma parte de un colectivo de abogados que
trabajan temas de migración.
Además aseguró que el nuevo
decreto especifica que "cualquier clase de delito" puede hacer caer
"cualquier residencia", e indicó que se instaló un "discurso
generalizado" donde los inmigrantes son "responsables de todos los
delitos" que se comenten en Argentina.
"El 7 de febrero
presentamos ante la Comisión Bicameral que supervisa los DNU un pedido
firmado por organizaciones sociales, de derechos humanos, eclesiásticas y
de migrantes para que abran un proceso de discusión por la medida de
Macri. La idea es que la comisión escuche, reciba información técnica,
cite a las autoridades y del Estado para explicar y debatir la reforma
que introdujo el DNU", dijo a 'En Órbita' Diego Morales, integrante del
Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, una organización que
aboga por la defensa de los derechos humanos y de las minorías.
Si
bien la instancia en el Congreso no tiene efecto suspensivo inmediato
sobre las medidas para frenar la migración, la expectativa es que se
consolide un clima social contrario a la aplicación de la normativa.
Además
no se descartan las demandas individuales o grupales. "Estamos pensando
en presentar varias acciones judiciales. En cada caso concreto en que
se aplique el decreto es posible plantear una acción. Del seguimiento de
este DNU pueden surgir casos individuales en las que se puede plantear
su invalidez", aseguró Morales, quien dijo que lo que está ocurriendo en
Argentina es un un "proceso complejo".
Para él es
necesario "desarmar" la asociación entre inmigración y delincuencia ya
que la medida tendrá "impactos graves" sobre los derechos de los
migrantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario