El Telégrafo
| La economía en 2017 se empieza a recuperar luego de los shocks externos que afectaron al país el año anterior. |
Cuando se analiza la
economía política de un proyecto político, una pregunta relevante sería
cómo se reparte el pastel cuando este crece o cómo se distribuye cuando
el pastel se contrae. Analizar qué sucedió en la década de la Revolución
Ciudadana (RC) en comparación con lo sucedido en la que la precedió
podría dejar traslucir si ha existido o no diferencias en la economía
política de la distribución de la riqueza.
Entre 1996 y 2006, la
economía ecuatoriana medida a través del PIB nominal creció 85% al
pasar de $ 25.214 millones a $ 46.802 millones; mientras que entre 2006 y
2016 creció el 105,6% (más que se duplicó al alcanzar una producción
estimada de $ 96.217 millones).
¿Cómo se redistribuyó el
crecimiento entonces? Como se observa en el gráfico 1 claramente hay dos
intencionalidades políticas en la distribución del ingreso entre ambas
décadas. Mientras en la década neoliberal el crecimiento de los ingresos
personales fue pro-rico, en el período de la RC fue pro-pobre. En
efecto, mientras que entre 1996-2006 el ingreso del 10% más rico creció
el 112%, el del 10% más pobre aumentó apenas el 20% en toda la década.
No es fortuito en este marco que la desigualdad medida según el
coeficiente de Gini del ingreso haya aumentado el 18% esos 10 años. En
el período de la RC, por el contrario, se invierten los papeles. Si bien
gana toda la sociedad en su conjunto, claramente se evidencia que los
que más se benefician son los más pobres. Entre 2006 y 2016, los
ingresos del 10% más pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos
de los más ricos crecieron el 40%. En este marco, no es azaroso tampoco
que la concentración del ingreso medido igualmente por el mismo
coeficiente señalado haya decrecido el 14%.
Dicho de otra forma,
mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5,6
veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, en la Revolución
Ciudadana tuvimos un pastel más grande, y se le dio tres veces más de
pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Cuando se compara la
distribución del ingreso real, es decir, el que iguala el poder de
compra pues el valor nominal se corrige por el nivel de precios, se
tiene otra conclusión que diferencia claramente a los dos períodos. En
efecto, como se observa en el gráfico 2, en el período 1996-2006 cayó el
ingreso real de todos los deciles o se podría decir, en otras palabras,
que los ingresos personales globales se achicaron. Sin embargo,
repitiendo lo que se había descrito en el gráfico 1, mientras el ingreso
de los más pobres cayó el 87%, el de los más ricos se contrajo en 76%;
es decir, los menos perjudicados fueron los más ricos. En cambio en el
período 2006-2016 todos los ingresos reales crecieron, casi tres veces
más en el decil pobre comparado con el de más altos ingresos. Lo
importante de resaltar es que creció en todos los deciles, pero fue
desigual porque benefició en mayor medida a los de más bajos ingresos.
Ahora
bien, una cosa es cuando se redistribuye crecimiento y otra es cuando
se redistribuye decrecimiento. ¿Qué grupo social se quedó con menos
pastel? Es usual que en momentos de decrecimiento económico los
gobiernos tomen medidas antipopulares a través de los denominados
“paquetazos” que afectan los niveles de vida de las grandes mayorías y
sobre todo de los más pobres. Subir los precios de los bienes básicos,
bajar salarios, eliminar subsidios al transporte, a la energía, etc.,
suelen ser medidas que se toman para solventar los problemas
macroeconómicos.
Ecuador entre 2015 y 2016 vivió lo que el
presidente Rafael Correa denominó la “tormenta perfecta”: caída de los
precios del barril de petróleo, lo cual condujo a que el Gobierno no
reciba un dólar por más de un año para financiar la inversión pública;
apreciación del dólar (moneda oficial de Ecuador); devaluación de la
moneda de Perú y Colombia (principales competidores comerciales de
Ecuador); contingencias legales que el Estado tuvo que pagar a
Occidental ($ 1.067,7 millones) y Chevron ($ 112 millones); fenómeno ‘El
Niño’; erupción del Cotopaxi y -como si esto fuera poco- un terremoto
con una magnitud de 7.8 Mw cuyo epicentro fue Pedernales,
constituyéndose en el sismo de mayor impacto social de los últimos 60
años. Tales factores exógenos condujeron a que la economía ecuatoriana
tenga un decrecimiento económico en 2016.
En términos de ingreso
per cápita se podría decir que este decreció el 3% entre 2015 y 2016.
No obstante, los promedios esconden información valiosa de la economía
política de la RC. Si dividimos este decrecimiento según deciles de
ingreso podemos ver que en promedio el 70% de la población no vio
afectado su ingreso y que el peso del decrecimiento económico recayó el
30% más rico (ver gráfico 2).
En
efecto, mientras el 70% de la población no redujo en promedio su
ingreso, el ajuste se financió con la reducción en promedio de $ 19 per
cápita del 30% más rico (4% de su ingreso total). De esta manera, las
medidas tomadas no solo resultaron justas sino que se trata, además de
una decisión que es racional desde el punto de vista de la eficiencia y
eficacia económicas, de un elemento de ética ciudadana que corresponde a
la solidaridad que nos debemos entre los ecuatorianos. ¿Por qué? Si a
una persona que gana $ 1.000 se le quita $ 19 mensuales lo más seguro es
que no reduzca su demanda.
En cambio, si a una persona que gana
menos de $ 50 (aproximadamente la línea de extrema pobreza) mensuales
se le restan los mismos $ 19 no solo que disminuirá su demanda, sino que
tendrá graves impactos en sus condiciones de vida. La decisión política
en 2016 fue no afectar a las grandes mayorías (70% de la población) y
que el costo del impacto económico lo asuman aquellos grupos sociales
que tienen las capacidades para salir adelante sin afectar sus
estándares de vida.
Si bien cuando hay decrecimiento de la
economía usualmente la pobreza y la desigualdad suelen dispararse, en
Ecuador, entre 2015 y 2016, ni la pobreza ni la desigualdad se
incrementaron. En efecto, si bien la pobreza pasó de 23,3% a 22,9% y el
coeficiente de Gini de 0,476 a 0,466 de 2015 a 2016, estas reducciones
no resultan estadísticamente significativas.
La política pública
impidió que el malestar macroeconómico conlleve una pérdida de
bienestar microeconómico en los sectores más pobres de la población, y
que se trastoque la estructura distributiva del ingreso de los
ciudadanos.
Con las medidas tomadas se ha podido demostrar que
es posible hacer un “ajuste hacia arriba”, rompiendo de esta manera la
ley de la “gravedad” económica vivida en la historia de Ecuador y de la
región: en donde se socializan las pérdidas y las grandes mayorías y los
más pobres son los grandes perjudicados siempre. Para la RC, las
políticas de austeridad hacia abajo son absurdos económicos pues al
contraer la demanda de las grandes mayorías, el sector productivo deja
de ofertar productos, lo que a su vez impacta en el nivel de empleo y en
las condiciones laborales de los trabajadores, quienes al verse
afectados también restringen su consumo agravando cualquier panorama
económico. No hay mejor salud para una empresa que una buena mejora del
bienestar de la población que demande y consuma su producción.
Debe
quedar claro que además de los malos resultados económicos de
estrangular a las mayorías con las políticas de austeridad, es
imprescindible añadir a la cuenta social del ajuste el socavamiento de
la democracia y la cohesión social por las brechas e injusticias que
provoca el empobrecimiento de las mayorías y la concentración de la
riqueza en una pequeña oligarquía.
No es de sorprender, que
luego de los grandes shocks externos vividos entre 2015 y 2016, Ecuador
ya haya recuperado la senda del crecimiento y se espere que en 2017 la
economía crezca por encima del promedio de América Latina. El Gobierno
de la RC ha tenido claras sus prioridades: proteger a todos los
ecuatorianos, pero primero a los pobres y a las grandes mayorías;
reivindicando los principios de igualdad y solidaridad que son la base
de una democracia política, social y económica, en todas sus
dimensiones. Así, frente al mito neoliberal de que por ley de la
gravedad los beneficios del crecimiento “caerán por goteo” a la
ciudadanía, la política económica de la RC ha demostrado su falsedad y
ha evidenciado que no hay fenómenos naturales en el campo de la
economía, sino voluntades políticas para cambiar el rumbo de la
historia.
Lo que está en juego el próximo 19-F es el tipo de
sociedad en el que queremos vivir. No tomar en cuenta los niveles de
disparidad social y económica es negar la posibilidad de consolidación
de una sociedad que construya encuentro, vida en común, donde la
mercantilización de la vida cotidiana deje de ser el común denominador y
donde sea posible gestar colectivamente un porvenir social compartido
que no se base en los principios del egoísmo y la envidia, sino en los
de la cooperación, reciprocidad y solidaridad.
René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
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