Existe
en el empresariado hondureño la creencia que la única vía para salir de
la crisis económica, social y política que enfrenta Honduras, es
apoyando la ejecución del plan 20/20, un plan élite que dejó sin valor y
efecto la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2038),
elaborado en el gobierno del Presidente Lobo Sosa (2010-2013). Se le
atribuyen a este plan bondades que no tiene, como ser instrumento para
generar 600,000 empleos en cinco años por grandes empresarios, sin
considerar la importancia y contribución de la inversión pública y
microempresas.
Uno de los sectores priorizados dentro del plan
20/20 es el sector energético. Se habla de mega proyectos de generación
de energía limpia que transformará la matriz energética del país,
eliminando en un plazo corto la dependencia de energía térmica. Incluso
se habla que dado el potencial del país, se puede exportar energía al
resto de los países centroamericanos.
Sobre este enfoque han
surgido varias condicionantes que afectan el optimismo de parte del
sector privado hondureño, especialmente de aquellos empresarios como
Julieth Handal, Jimmy Dacarret y Adolfo Facusse no muy fanáticos de las
bondades del libre mercado. El primero es el cuestionamiento de lo poco
transparente que han resultado los procesos de aprobación y entrega de
los recursos naturales y turísticos a empresas privadas nacionales y
externas. Las denuncias incluyen tráfico de influencias, otorgamiento de
licencias ambientales sin cumplirse los requisitos que manda la ley,
falta de consulta previa a los pobladores y corrupción de los gobiernos
locales.
En segundo lugar destaca el tipo y modalidad de
inversión. En general son empresas desarrolladoras que utilizan recursos
de la banca privada (externa), organismos internacionales y de la banca
nacional al involucrarse socios internos en los proyectos. Estos
recursos deberán ser pagados con ingresos generados por el proyecto,
garantizados mediante convenios suscritos con el mismo gobierno
negociando en ciertos casos tarifas especiales, caso particular de las
empresas hidroeléctricas. En el caso de los proyectos turísticos, el
Estado participa como socio minoritario para garantizar la recuperación
del dinero por los empresarios en caso de pérdidas por desastres
naturales y protestas publicas que se quieren tipificar como actos
terroristas en el nuevo Código Penal.
En tercer lugar se ha
denunciado la muerte de líderes ambientalistas, indígenas y miembros de
las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos, igual una
escalada de represion y hostigamiento a los pobladores que se opone al
proyecto energético o turístico.
Todo esto ha sido documentado y
denunciado por la organización internacional Global Witness, donde se
habla de la muerte de 123 dirigentes y pobladores después del golpe de
Estado, la represión violenta en contra de los defensores de territorios
y recursos naturales ancestrales y derechos humanos, lavado de activos e
involucramiento de empresarios y dirigentes de los partidos políticos.
Los
voceros de la empresa privada hondureña exigen pruebas de estas
acciones y actos, calificando a la organización internacional de
mentirosa. Se le acusa de ahuyentar la inversión privada al denigrar al
Estado hondureño y su clase política, y generar un clima de
inestabilidad social. Otros defensores de políticos metidos a
empresarios piden la intervención del Ministerio Publico para que Global
Witness presente las pruebas, de lo contrario procederán a la
acusación en los tribunales de justicia. Incluso se ha llegado al
extremo de solicitar orden de captura contra Billy Kyte, representante
de la organización, por lo cual no hay que dejarlo salir del país.
Las
denuncias de la organización se basan en documentos oficiales,
testimonios de las personas y defensores del ambiente afectados, las
muertes habidas, incluyendo el asesinato de Bertha Cáceres, los procesos
en marcha y ordenes de captura contra funcionarios públicos,
violaciones sistemáticas a la Constitución de la Republica, Ley del
Ambiente y Derechos Humanos Universales, la participación de familiares
de políticos del partido de gobierno en los negocios y los actos de
corrupción manifiestos en las alcaldías.
Al parecer, frente a
estas investigaciones documentadas, la estrategia del gobierno debería
ser al contrario. Eso es, solicitar a los directivos de Global Witness
para que acompañen a los órganos contralores del Estado en la
investigación de las denuncias por los pobladores, así como el apoyo de
las Naciones Unidas para acelerar la reglamentación de los mecanismos de
participación de las poblaciones étnicas en la aprobación o no de este
tipo de proyectos, respetando su opinión y voluntad.
Se estima que
Honduras ha entregado cerca de 35% del territorio nacional en
concesiones a empresas extranjeras y nacionales, sin que se observe un
proceso ascendente de generación de empleos sostenibles para la
población, rebajas sustanciales en el costo de la energía eléctrica y
beneficios tangibles en materia de protección de los recursos naturales,
uso y acceso de la población a fuentes de agua permanentes y disfrute
de las bondades turísticas y culturales.
Hay experiencia en
Latinoamérica donde la construcción de las represas no tiene por que
generar perdida de vidas humanas y desintegración de las familias
rurales, que observan como la vida misma se les va. Hay que abrir
espacios de participación a los pobladores y definir mecanismos y reglas
claras para la inversión productiva. Un paso adelante es reconocer las
formas de organización de la población, sus competencias y derechos
adquiridos; pero sobre todo, institucionalizar el mecanismo de
consentimiento libre, previo e informado (CLPI), con el aval de los
pobladores.
Los partidos políticos de oposición al gobierno
todavía no tienen un planteamiento sobre el tema, pero es necesario
debatir más sobre los impactos negativos de este tipo de empresas
extractivas y turísticas. La MACCIH de Almagro y Corrales se ausentó por
decreto, pero debe rectificar. El Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos debe dejar de hacer mandados y actuar. El Congreso de EEUU debe
aprobar la Ley Berta Cáceres y la Embajada Americana debe pronunciarse
sobre ello, más allá de la asistencia del Embajador James Nealon al
sepelio de la líder ambientalista y defensora de derechos humanos...
Tegucigalpa, 6 de febrero de 2017
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