Un total de 130 organizaciones vinculadas a la defensa de los
derechos humanos en Argentina enviaron un carta al presidente de ese
país, el empresario Mauricio Macri, para solicitarle una reunión urgente
por la decisión-vía decreto, sin consultar y enviar una propuesta de
reforma legal al Congreso- del mandatario de modificar la ley de
migraciones que abre las puertas para criminalizar a los extranjeros.
Las organizaciones advierten que en la reforma legal “asocian la
migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real
debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo
globalizado” reseña un reporte del diario Página 12.
En efecto, Macri formalizó el pasado lunes las modificaciones a la
Ley de Migraciones y aunque su ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Germán Garavano, dijo-citado por la agencia Telam- que la decisión “no
cambia el espíritu de la ley anterior”, la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, insiste que la medida fue tomada porque 33% de los
presos por delitos como el narcotráfico son extranjeros.
En Argentina hay aproximadamente dos millones de inmigrantes. “Menos
del 6% de la población carcelaria total es extranjera” reseña una nota
del diario página 12 que también agrega que de ese porcentaje apenas
0,07% están presos por delitos asociados al narcotráfico.
Sin embargo, la Ministra de Seguridad de Macri sostiene que los
inmigrantes son el principal problema del narcotráfico. “Acá vienen
ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga;
vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la
droga, no tanto bolivianos”, dijo en días pasados la Ministra Bullrich.
Ahora, de acuerdo al decreto, los extranjeros serán segregados por
categorías. Pueden ser “residentes permanentes”, “residentes
temporarios” o “residentes transitorios”. Mientras las autoridades no
formalicen los trámites correspondientes para declarar cualquiera de
estas categorías, los extranjeros podrán recibir una “residencia
precaria” (definida así por la autoridades), cuya cuya validez será de
hasta 90 días continuos y renovables.
Los grupos en defensa de los DD.HH temen que la libre
discrecionalidad de los funcionarios para ejecutar la decisión de Macri
conduzca a repetir viejos casos de xenofobias.
“Esta vinculación (migración al delito) puede habilitar, además,
episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes, como el
caso Marcelina Meneses, asesinada en el año 2001 en razón de su
nacionalidad boliviana”, alertan, citados por Página 12, el programa
Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús y centros de
residentes y colectividades de Perú, Bolivia, Haití, Venezuela y
Paraguay.
AVN
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