El
régimen de Israel estudiará la petición de dos chilenos para abrir los
archivos secretos sobre las relaciones con el exdictador Augusto
Pinochet.
Itai Mack, abogado de dos ciudadanos chilenos que
judicialmente han exigido la apertura de los archivos sobre las
relaciones del régimen de Tel Aviv con el exdictador chileno, ha
anunciado este miércoles que el ministerio de asuntos militares de
Israel estudiará su petición para revelar más de 19.000 documentos a
este respecto.“Hasta ahora, se negaban siquiera a analizar el asunto con el argumento de que no tenían recursos humanos suficientes (…) Se trata de una cuestión de justicia histórica y de justicia personal”, ha manifestado Mack a la agencia española de noticias EFE, después de informarse de la nueva postura del régimen israelí respecto a demanda de Daniel Silberman, hijo de un desaparecido desde 1974, y Lily Traubmann, hija de un ejecutado político en septiembre de 1973.
El abogado también ha recordado que Estados Unidos desclasificó los documentos de sus lazos con el país suramericano en la década de 1990, lo cual ayudó a aclarar algunos casos de desaparecidos.
Como señala Mack, los documentos de EE.UU. indican que el régimen de Israel se encuentra entre uno de los principales exportadores de armas a Chile hacia el final de la dictadura de Pinochet (1973-1990), y ponen de relieve el carácter “político” en los encuentros internacionales.
Es de mencionar que los demandantes solicitan, además, un estudio sobre el nivel de las cooperaciones entre ambas partes y del conocimiento de los altos cargos israelíes acerca de las desapariciones y ejecuciones durante el mandato del exdictador.
“Inicialmente, informaron a la Corte de que hay más documentos de los que nos imaginábamos y de que no tienen posibilidad de pasar documento por documento pero, ante la negativa de la jueza a aceptar un ’no’ generalizado, el estado ha aceptado analizar el asunto para empezar por algo”, añade.
Silberman y Traubmann presentaron su demanda a las autoridades el año pasado y, ante la negativa del ministerio, en marzo acudieron a los tribunales para obligarles a comenzar a desclasificar los documentos.
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