El
gobierno de Enrique Peña ha reconocido el diálogo y la cooperación con
los representantes y los beneficiarios de las medidas cautelares en el
llamado "Caso Iguala", que permitieron plantear a la CIDH nuevos
"acuerdos sobre el esquema de seguimiento a las medidas cautelares"
dijeron las partes en un comunicado conjunto.
El
pleno de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), notificó a los beneficiarios su resolución del esquema
de seguimiento de esas medidas de protección de las víctimas y
familiares.
El nuevo esquema será coordinado por el Relator de México de la CIDH y contará con un equipo de asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Un total de 126 policías y funcionarios municipales, y sicarios del crimen organizado, algunos confesos, están detenidos, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de CIDH ha documentado tortura y violaciones a los protocolos de resguardo de la escena del crimen.
El GIEI ha señalado "la existencia en las investigaciones de una presunta obstrucción de la justicia y sobre otros temas como las deficiencias del trabajo pericial, la omisión de recabar declaraciones relevantes, la insuficiente indagatoria sobre delincuencia trasnacional y la posible existencia de tortura", entre otros.
Los
abogados de las familias de las víctimas plantean que "la investigación
debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula –donde se
localizaron los restos del único estudiante identificado hasta la
fecha– y abarcar los aspectos señalados por la propia Comisión sobre
delincuencia trasnacional y uso de tecnología para evitar el empleo de
la tortura.
Como abogados de las familias de las víctimas el jesuita Centro Pro de DDHH, la organización civil Fundar y el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan de Guerrero aprobaron el nuevo "mecanismo de seguimiento especial".
La CIDH dará seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI con al menos dos asesores técnicos especiales que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios.
Los asesores "tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información; y el Comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos".
El nuevo esquema será coordinado por el Relator de México de la CIDH y contará con un equipo de asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Un total de 126 policías y funcionarios municipales, y sicarios del crimen organizado, algunos confesos, están detenidos, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de CIDH ha documentado tortura y violaciones a los protocolos de resguardo de la escena del crimen.
El GIEI ha señalado "la existencia en las investigaciones de una presunta obstrucción de la justicia y sobre otros temas como las deficiencias del trabajo pericial, la omisión de recabar declaraciones relevantes, la insuficiente indagatoria sobre delincuencia trasnacional y la posible existencia de tortura", entre otros.
Como abogados de las familias de las víctimas el jesuita Centro Pro de DDHH, la organización civil Fundar y el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan de Guerrero aprobaron el nuevo "mecanismo de seguimiento especial".
La CIDH dará seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI con al menos dos asesores técnicos especiales que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios.
Los asesores "tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información; y el Comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos".
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