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América Latina
Al
final de dos días del Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada,
organizado por casi un centenar de ONGs que forman la Red, para el
diálogo y discusión política, Rios exigió que las leyes sobre la
materia —demoradas ya seis meses—, sean aprobadas por el Congreso, en un
plazo máximo de tres meses.
Hasta hace dos meses, el balance de ocho años "es de 28.000 personas desaparecidas, el 48 por ciento durante el gobierno actual, —que inició en diciembre de 2012— cuando han desaparecido unas 4.000 personas cada año", dijo Ríos.
En el evento celebrado en la Universidad del Claustro de Sor Juana con el auspicio del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ríos expuso que la sociedad civil exige a los poderes de Estado mexicano medidas urgentes necesarias, y una la Ley de Desaparición Forzada, que está congelada por los legisladores.
Los casos "no son atendidos con investigaciones independientes, que no dependan de gobierno", dijo el responsable de la red más grande organismos civiles del país latinoamericano.
Tras las políticas represivas de los años 1970 y 1980 contra grupos rebeldes y guerrilleros de izquierdas, hubo más de 1.200 desaparecidos la situación se ha agravado.
"Las ONG han expresado un concierto de voces, junto con organismos internacionales: todos han coincidido en los últimos cinco años en un diagnóstico crítico", expresó el representante en México del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Raad Al Hussein
Hasta hace dos meses, el balance de ocho años "es de 28.000 personas desaparecidas, el 48 por ciento durante el gobierno actual, —que inició en diciembre de 2012— cuando han desaparecido unas 4.000 personas cada año", dijo Ríos.
En el evento celebrado en la Universidad del Claustro de Sor Juana con el auspicio del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ríos expuso que la sociedad civil exige a los poderes de Estado mexicano medidas urgentes necesarias, y una la Ley de Desaparición Forzada, que está congelada por los legisladores.
La
situación es más grave porque "existe un subregistro" por falta de
denuncia penal, por falta de confianza ciudadana y porque los agentes
del Ministerio Público no hacen investigaciones, y la que hacen no son
adecuadas.
El evento se ha celebrado en el marco de lo que los
organismos de DDHH consideran una "crisis grave y sistemática de
violaciones a los Derechos Humanos que se manifiesta en la enorme
cantidad de personas desaparecidas, ante la cual, las policías mexicanas
no aplican elementos científicos, sin profesionalismo ni apego a los
DDHH elementales".Los casos "no son atendidos con investigaciones independientes, que no dependan de gobierno", dijo el responsable de la red más grande organismos civiles del país latinoamericano.
Tras las políticas represivas de los años 1970 y 1980 contra grupos rebeldes y guerrilleros de izquierdas, hubo más de 1.200 desaparecidos la situación se ha agravado.
"La actual
estrategia militar de seguridad pública contra el crimen organizado, se
basa en una práctica sistemática de violaciones a los DDHH y connivencia
con la delincuencia", concluyó Ríos.
La ONU vigila
Por
su parte, Jan Jarab, Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ONU-DH
México), lamentó en su mensaje al Foro que en México "aún existe el
prejuicio de la sociedad de que las víctimas que desaparecen están
metidos en problemas relacionados con el crimen".
Jarab recordó
que diversos organismos internacionales como la CIDH y la ONU, han
coincidido "en un diagnóstico crítico sobre México en materia de
desaparición forzada y tortura; ante el cual se plantea una ruta
propositiva" para enmendar el camino."Las ONG han expresado un concierto de voces, junto con organismos internacionales: todos han coincidido en los últimos cinco años en un diagnóstico crítico", expresó el representante en México del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Raad Al Hussein
Recordó
que, Juan E. Méndez, relator especial de la ONU para la Tortura, ha
documentando el problema en un severo informe final presentado en el
Consejo de DDHH del organismo mundial el 5 de mayo de 2015, y fue
rechazado por el gobierno de Peña.
"La
tortura es generalizada en México, ocurre especialmente desde la
detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de
castigo e investigación", dijo Jarab.
Además, aun están
pendientes de cumplirse las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de DDHH
(CIDH), que llegó a México para examinar el caso de la masacre de 43
estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, y dejó
planteadas interrogantes sobre el comportamiento de las autoridades
federales que aún no han sido respondidas.
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