Emir Sader
En el otro largo
periodo histórico de desarrollo con distribución de renta en América
Latina –especialmente entre 1940 y 1970–, el modelo era compatible con
las tendencias históricas del capitalismo a escala mundial. Asimismo,
ese modelo encontraba a significativos sectores del gran empresariado
cuyos intereses fundamentales eran contemplados.
Lo extraordinario desde ese punto de vista, del actual ciclo de
desarrollo económico con distribución de renta en el continente, es que
se da en la contramano de las tendencias históricas del capitalismo en
el mundo y choca con los intereses de partes importantes del gran
empresariado.
¿Cómo fue posible que algunos gobiernos latinoamericanos hayan podido
avanzar en ese modelo y cómo es posible que sigan avanzando? Las
visiones economicistas con su enfoque reduccionista se apresuran a
afirmar que todo fue posible gracias a los precios altos de los
productos primarios de exportación. Pero hubo tantos otros periodos con
esos precios al alza y nada similar ocurrió. Es condicionante externo
que puede ganar más o menos importancia, pero que no es determinante en
la existencia de gobiernos que promuevan el desarrollo con distribución
de renta y extensión de derechos sociales a la gran masa de la
población.
Lo fundamental fue y sigue siendo la determinación de gobiernos de
promover la prioridad de las políticas sociales, desarrollando un modelo
de crecimiento económico estrechamente vinculado con la extensión del
mercado interno de consumo popular. Esa opción es lo que ha permitido a
esos gobiernos valerse de la valoración relativa de los precios de los
productos de exportación para resistir la recesión internacional y
mantener niveles de crecimiento económico siempre vinculados con la
distribución de renta.
Ese fue el primer y fundamental factor que ha hecho que países como
Bolivia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y Ecuador se hayan puesto
en la contramano de las corrientes predominantes a escala global. En
este plano sigue vigente la hegemonía del modelo neoliberal, como la
misma crisis empezada en el centro del capitalismo en 2008 y todavía
vigente. Las políticas de austeridad son la forma específica del
neoliberalismo de enfrentar la crisis, ahondando la recesión, cortando
derechos de los más débiles, concentrando todavía más la renta y
reafirmando el rol predominante del capital especulativo.
Mientras, los países mencionados han enfrentado la crisis recesiva
internacional y sus efectos internos con medidas anticíclicas, con los
bancos públicos que se han fortaleciendo, con medidas de incentivo al
crédito a la producción y al consumo, con la extensión todavía más
grande de las políticas sociales.
Otro factor característico de la forma en que esos países se han
desarrollado en la contracorriente de las olas internacionales ha sido
el incentivo a la conciencia y organización social del pueblo.
Enfrentando los monopolios privados de los medios de comunicación a la
difusión masiva de un estilo de consumo egoísta se pudo resistir –en
cierta medida– la hegemonía de la ideología neoliberal, como elemento
más fuerte de ese modelo a escala nacional e internacional.
Cuando esos gobiernos han logrado articular esos dos elementos
–prioridad de efectivas políticas sociales y movilización de la
conciencia popular– consiguieron seguir avanzando, como ha ocurrido en
gran parte de la década y media trascurrida desde la primera victoria
electoral antineoliberal, en 1998, con el triunfo de Hugo Chávez.
La construcción de gobiernos posneoliberales ya tiene historia desde
entonces, con grandes avances, obstáculos, contradicciones,
dificultades, que se han manifestado de forma más clara en estos últimos
años, exactamente cuando ha habido problemas en alguno de los dos
factores que apuntamos o incluso en los dos.
En general los gobiernos posneoliberales tienen problemas cuando sus
políticas sociales dejan de funcionar bien o tienen factores opuestos
–como la inflación, por ejemplo– que neutralizan o debilitan las
conquistas. Se pierden bases sociales de apoyo y se debilita la
legitimidad política de los gobiernos.
O cuando, a pesar de hacer buenas políticas sociales, los gobiernos y
las fuerzas de izquierda no son capaces de convencer políticamente a
parte importante de los beneficiarios de esas políticas que ellas se
deben a una definición de políticas del gobierno y no simplemente a
esfuerzos individuales o a alguna suerte o resultado de alguna bendición
religiosa.
La crisis actual de algunos de esos gobiernos es resultado de la
acción desestabilizadora de la derecha interna e internacional, que
actúa sobre elementos de debilidad de esos procesos. Como ya ha sido
citado, estancamiento o retrocesos en conquistas sociales por problemas
en su implementación y/o por dificultades en la misma política
económica, y acción de los monopolios de los medios privados de
comunicación que plantean obstáculos para la conciencia social de la
masa de la población.
Ninguno de esos problemas es insuperable, menos todavía apuntan hacia
el agotamiento del potencial de esos gobiernos. La opción por la
prioridad de lo social, de las políticas de afirmación de derecho de los
más pobres, de distribución permanente de renta, de extensión del
empleo y de garantía del poder adquisitivo de los salarios, de educación
y salud de calidad, entre otras políticas, son prioridades permanente
en el continente más desigual del mundo. A su vez, la condición de
consolidar de forma irreversible esos procesos está en la conciencia
social de las personas, en la conciencia de sus derechos, de quienes
los garantizan y quienes son los que atentan contra ellos.
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