Cristina Fontenele
Adital
Miles de presos políticos de
Colombia iniciaron el pasado 9 de noviembre una huelga de hambre nacional por
tiempo indeterminado en más de 10 penitenciarías del país. El objetivo es
protestar contra los malos tratos, las torturas y las condiciones inhumanas de esos
presos en las prisiones. Los prisioneros de guerra de las Farc-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) denuncian la falta
de coherencia y voluntad política del presidente del país, Juan Manuel Santos, para
concretar los acuerdos de paz con la guerrilla. Y exigen la liberación de los
presos políticos en condiciones de salud graves como un gesto recíproco de paz.
Forman parte de la huelga de hambre
los centros penitenciarios ERON Picota, Cunduy, La Dorada, Pedregal,
Bellavista, Heliconias, La Tramacua, Picaleña, San Isidro, Jamundí, Palo Gordo,
Cúcuta, Arauca, Buen Pastor, Acacias y Combita.
Los prisioneros políticos del centro
carcelario Eron-Picota, de Bogotá, instan a las organizaciones políticas y
sociales, entre ellas al gobierno federal, la Conferencia Episcopal de Colombia
y el Observatorio por la Paz, a visitar las penitenciarías del país y a
establecer un diálogo "cordial y propositivo” con los portavoces del
movimiento.
En un comunicado, los reclusos del
Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta (Cocuc) señalan que si las
solicitudes no son atendidas se verán obligados a intensificar la jornada con
nuevos elementos, además de la huelga de hambre, como coserse los labios y
"todo lo que sea necesario” para la libertad de los presos enfermos.
Los detenidos de la Penitenciaría de
Coivas Picaleña, en Ibagué-Tolima, exigen la repatriación de todos los confinados
en cárceles extranjeras y la libertad para los presos políticos. Desde la
prisión de seguridad media y alta de Valledupar, conocida como Tramacúa, los
reclusos declaran que los prisioneros de guerra en Colombia existen y son
luchadores del pueblo.
En una nota, el Partido Comunista
Colombiano dice que el tratamiento que el Estado da a los presos políticos es
una prueba palpable de la degradación de la clase dominante, que "frente al
enemigo vencido pierde los valores, principios y creencias que dicen profesar”.
Según informaciones del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, hay denuncias de que empleados del
Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) estarían intimidando a los
presos con amenazas de transferencia a celdas de aislamiento.
La huelga de hambre se realiza al
mismo tiempo en que una misión internacional de la Organización Mundial contra
la Tortura (OMCT) visitó, del 9 al 13 de noviembre, varios centros carcelarios
del país con el objetivo de evaluar la implementación de las recomendaciones
hechas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) en mayo de
este año. Como conclusiones, la OMCT manifiesta la necesidad de que se cree una
política carcelaria que proteja los derechos humanos de los presos y combata la
superpoblación en las prisiones colombianas.
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