El juicio entró en la etapa final
Infojus
El fiscal Pablo
Ouviña terminó su alegato el martes 10 de noviembre, y el pedido de
condenas para los responsables de delitos de lesa humanidad en el marco
de la coordinación represiva de las dictaduras militares sudamericanas.
Están imputados 18 militares -entre ellos el uruguayo Manuel Cordero-
por 174 crímenes contra la humanidad. Todo indica que en 2016 habrá
sentencia. ¿Pero el Cóndor empezó hace cuarenta años o se puede situar
su fecha de nacimiento en 1972? Carlos Osorio, director del Proyecto
Documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional de la
Universidad de Washington, y testigo en el juicio oral que se desarrolla
en los tribunales federales porteños en Retiro, ubica el nacimiento del
Cóndor en setiembre de 1972 cuando los gobiernos de Argentina y
Paraguay consideraron necesario intercambiar información de inteligencia
sobre “grupos subversivos”. Conviene repasar la génesis de este
mecanismo represivo, responsable de la muerte de miles de
latinoamericanos y que sólo llegó a juicio en Argentina.
Según la
historiadora uruguaya Clara Aldrighi, durante los gobiernos de Jorge
Pacheco Areco y Juan María Bordaberry (Uruguay), y los dictadores
militares Alejandro Agustín Lanusse (Argentina) y Emilio Garrastazú
Medici (Brasil), hubo un intercambio de información y cooperación entre
fuerzas de seguridad desde fines del año 1970. El gobierno brasileño no
sólo instruyó a policías uruguayos en la detención de interrogatorio de
militantes urbanos de la guerrilla de los Tupamaros, sino que aportó
fondos para la compra de armas y automóviles.
En el caso
argentino, fue el ex parapolicial Nelson Bardesio, detenido en Ituzaingó
–en la afueras de Buenos Aires- en mayo de 2008, quien admitió que
entre 1970 y 1972, policías de inteligencia uruguaya hicieron cursos
financiados por la SIDE argentina y era constante el cruce de efectivos
entre Buenos Aires y Montevideo. Uno de ellos fue el tristemente célebre
comisario Hugo Campos Hermida, fallecido en noviembre de 2001, quien
junto a los militares José Nino Gavazzo y Manuel Contreras, integraron
la plana mayor de los oficiales uruguayos en el Operativo Cóndor.
Tanto
los datos de Osorio como los aportados por Aldrighi tienen en cuenta el
contexto regional de efervescencia social y política y con gobiernos
dictatoriales o de derecha. En Paraguay gobernaba desde 1959 el general
Alfredo Stroessner. La Revolución Argentina iniciada por el general Juan
Carlos Onganía y su doctrina de la Seguridad Nacional, era continuada
por Lanusse. En Uruguay, Pacheco Areco dejaba el gobierno en manos de
otro civil de la derecha del partido Colorado, Juan María Bordaberry. En
Brasil, la dictadura instalada en 1964 estaba representada por el
generalato. En Bolivia, el general Hugo Banzer heredaba el gobierno de
la junta militar. Y en Chile, Salvador Allende era la excepción
democrática, aunque ya era hostigado por los paramilitares de la
agrupación derechista Patria y Libertad. Uno de sus miembros, Enrique
Arancibia Clavel sería condenado en Buenos Aires en el año 2000 por un
crimen del Cóndor: el asesinato del general democrático Carlos Prats en
1974.
“Golpear a la subversión en cualquier lugar del mundo”
John
Dinges, investigador norteamericano y autor del libro “Operación
Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el cono sur”, ubica la
firma de los acuerdos formales de cooperación represiva en la última
semana de noviembre de 1975 en la casona de la avenida Alameda, en
Santiago de Chile, donde funcionaba la Academia de Guerra y ya con la
dictadura del general Augusto Pinochet en el poder. Ahí se creó el Plan
Cóndor y los primeros en suscribirlo fueron el país anfitrión, Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, con la intención de
intercambiar información y prisioneros políticos “para golpear a la
subversión en cualquier lugar del mundo”, según palabras del propio
Pinochet, que orgullosamente presidió cada una de las siete reuniones
entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre, junto a unos 50 oficiales
de los seis países que rubricaron el acuerdo.
Al tiempo se
incorporaron Perú y Ecuador, cuando los militantes políticos entendieron
que para salvar sus vidas debían salir de los países de la cuenca del
Plata. La desclasificación de documentos a partir del año 2000 por parte
del Departamento de Estado norteamericano, y a pedido de varios
organismos internacionales, entre los que se encuentra el Archivo de la
Seguridad Nacional que preside Osorio, permitió ubicar en 1978 el
ingreso al Cóndor de Perú primero y de Ecuador poco después. Y entender
los mecanismos, la lógica y la matriz con que cada país miembro aportaba
a la entente genocida.
Tal como lo anunciara Pinochet, el largo
brazo de la coordinación represiva buscaba evitar cualquier esbozo de
organización de fuerzas políticas democráticas dentro y fuerza de la
región. La excusa de terminar con las organizaciones armadas como forma
de escudarse ante la opinión pública internacional era perfecta, si bien
el Cóndor contaba con el visto bueno de la mano derecha diplomática
norteamericana, encarnada en el secretario de Estado Henry Kissinger,
quien aceptó la propuesta de terminar con los movimientos de izquierda
armada en la región de la manera que fuera.
El asesinato de los
chilenos Carlos Prats en Buenos Aires en 1974, del ex ministro de
Defensa de Allende, Orlando Letelier, y el atentado que en Roma casi le
cuesta la vida a Bernardo Leighton, ex ministro de Eduardo Frei y
opositor a Pinochet, muestran las verdaderas intenciones del Plan
Cóndor: impedir la organización de las fuerzas democráticas en el
exilio. En el caso uruguayo, el secuestro y asesinato de los
legisladores Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez
Ruiz, del partido Blanco, el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires son otro
ejemplo de la intención de la dictadura uruguaya de evitar que la
oposición democrática exiliada conformara un polo de reclamo
internacional.
Territorios divididos en regiones militares
Los
países integrantes del Plan Cóndor dividieron su territorio en regiones
militares para permitir la represión a los opositores según una lógica
de guerra, apoyada por Washington bajo la pantalla de la guerra contra
el comunismo. Así quedó expuesto a lo largo del juicio oral que se
desarrolla en los tribunales de Retiro según lo aportado por Osorio,
Dinges y más de un docena de testigos especialistas en temas regionales
de defensa. Sin embargo, la primera señal de un testimonio sistematizado
judicialmente fue alcanzado por los testimonios de sobrevivientes en
los juicios iniciados en España, Italia y Francia y que llevaron a los
magistrados de esos países a pedir la detención internacional de
Pinochet, Jorge Videla y otros militares ligados a la coordinación
militar.
Lo cierto es que esos juicios lograron condenas puntuales
y en ausencia de los imputados pero no configuraron una sistematización
cabal y profunda de los operativos represivos entre dictaduras. Recién
en 2012 con el pase a juicio oral de la causa Cóndor, sumado al
antecedente del juicio por el centro clandestino de detención
Automotores Orletti (2011) fue la Argentina el único país de la región
que llevó a los tribunales el plan sistemático represivo. Uruguay y
Chile, dos países cuyo avance judicial logró llevar a prisión a un
puñado de oficiales superiores no lograron todavía sobreponerse a la
herencia militar que impuso leyes de impunidad disfrazadas. Paraguay, a
partir del descubrimiento de los archivos en Asunción y Brasil con la
Comisión de la Verdad, está intentando tibios avances no sólo en la
búsqueda de la verdad histórica sino de la justicia para los crímenes.
En
ese sentido los documentos desclasificados en Washington permitieron
conocer algunos pormenores de la relación entre el Tío Sam y las
dictaduras sudamericanas y fueron una piedra basal para avanzar en las
responsabilidades internacionales de un sistema represivo coordinado que
funcionó durante más de una década. Pero los detalles revelados en tres
años de audiencias en Comodoro Py 2002, siguen abriendo espacios de
investigación sobre la cuestión. Y colaboran para que caigan lentamente
los últimos vestigios de impunidad en la normativa nacional de cada uno
de los ex integrantes de multinacional del terror.
FK/RA
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