Por Diego de León
Maldonado Flores aprovechó su visita al sistema internacional de
derechos humanos de la ONU para presentar la situación de amenazas y
hostigamiento de que ha sido objeto por la labor de defensa legal que ha
adelantado a favor de comunidades y personas que se han opuesto al
desarrollo de proyectos mineros en el departamento de Santa Rosa.
Declarar una moratoria administrativa en el otorgamiento de licencias
de exploración y explotación mineras debería ser un compromiso serio
del presidente electo Jimmy Morales al momento de asumir el cargo en
enero próximo, indicó el director del área legal del Centro de Acción
Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Pedro Rafael Maldonado Flores.
“Sabemos que él desconoce totalmente el
tema, no tiene equipo de trabajo que pueda asesorarlo en este campo, por
lo tanto lo primero que tendría que hacer es tomarse un tiempo
razonable para analizar la conflictividad persistente, el mal negocio
que es la minería para el país y los altos niveles de contaminación que
produce”, indicó el abogado en declaraciones a CERIGUA durante su visita a Ginebra, Suiza, para participar en el IV Foro de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
Sobre todo, recomienda al futuro
mandatario revisar la reciente decisión de la Corte de
Constitucionalidad, del pasado 28 de octubre, en la que por medio de un
amparo interpuesto por CALAS, por primera vez
en el país se canceló una licencia minera “porque hubo violación de
derechos humanos en su otorgamiento”; se trata del proyecto “Sechol”,
ubicado entre los municipios de Senahú y Panzós, Alta Verapaz, licencia
que había sido entregada a favor de la empresa Mayaníquel, S.A.
La decisión quedó en firme, sólo es
cuestión que la sentencia regrese al tribunal constitucional de primer
grado para que se operativice la cancelación definitiva, indicó el
abogado; la licencia fue totalmente invalidada y tiene que empezar desde
cero el procedimiento de concesión, el cual también implicaría llevar a
cabo un proceso de consulta, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, por tratarse de territorios donde habitan pueblos indígenas.
“En las comunidades hay un gran número
de personas inconformes por los proyectos mineros”, afirmó el abogado
ambientalista; al mismo tiempo alertó que “existe un patrón bien
orquestado, con apoyo de empresas de seguridad privada al servicio de
las mineras, que consiste en identificar a los principales líderes
comunitarios, fabricar casos con los cuales pudieran señalar de
violentas a las comunidades y con eso despojarlos de la figura de
defensores de derechos humanos”.
El caso de la conflictividad en San Rafael las Flores, en Santa Rosa
De acuerdo con Maldonado, quien
personalmente ha llevado adelante la defensa legal de hasta 125
defensores ambientales, la empresa minera San Rafael, S.A., propiedad
del consorcio canadiense Tahoe Resources, llegó incluso a contratar al
militar peruano retirado, Alberto Rotondo, para diseñar e implementar
una estrategia de criminalización y judicialización contra quienes se
oponían al proyecto minero.
El ex militar se encuentra actualmente
en prisión a la espera de un juicio en su contra por hechos de violencia
perpetrados contra comunitarios; asimismo, según explicó el abogado de CALAS,
“la empresa es objeto desde el 2012 de una causa judicial por el daño
ambiental que el proyecto minero empezó a ocasionar desde el momento de
su construcción y el proceso está a punto de llegar a juicio”.
A la conflictividad existente le están
sumando elementos que pueden llevar a una activación de los procesos de
resistencia, dijo el director legal de la organización ambientalista;
“el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre ha reactivado el
otorgamiento de licencias en los meses que lleva de gestión, en tanto el
presidente electo ha mostrado su intención de autorizar los proyectos
mineros que sean necesarios, aseguró.
“Ante las manifestaciones de rechazo social, una agenda pro minería puede generar mucha más conflictividad”, sentenció.
El abogado participó en el IV Foro de la ONU
sobre empresas y derechos humanos, espacio que anualmente reúne en
Ginebra a representantes estatales, empresarios y organizaciones de
sociedad civil para discutir buenas prácticas en la implementación de
los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos; este
constituye el único instrumento de la ONU, de
carácter voluntario, sobre medidas para prevenir, sancionar y reparar
las violaciones de derechos humanos provocados por actividades de
empresas.
Maldonado Flores aprovechó su visita al sistema internacional de derechos humanos de la ONU
para presentar la situación de amenazas y hostigamiento de que ha sido
objeto por la labor de defensa legal que ha adelantado a favor de
comunidades y personas que se han opuesto al desarrollo de proyectos
mineros en el departamento de Santa Rosa.
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