Adital
La
Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una propuesta de Ley de
Defensa de más de 600 mil millones de dólares que en los hechos limita la
transferencia de prisioneros de la cárcel de Guantánamo a territorio
estadunidense y a terceros países y obstaculiza, por consiguiente, el cierre de
ese campo de concentración del vecino país en territorio cubano.
Por La Jornada
Al abundar sobre el tema, el presidente de esa
instancia legislativa, el republicano Paul Ryan, dijo que los presos de
Guantánamo deberían permanecer ahí. Tal afirmación prefigura una nueva negativa
del Capitolio a la Casa Blanca respecto de sus intentos por cerrar la cárcel
ubicada en el enclave caribeño. Acaso sea la inminencia de ese escenario lo que
ha llevado al gobierno de Barack Obama a declarar que no excluye ninguna opción
y que podría actuar sin el aval del Congreso –posiblemente mediante una orden
ejecutiva– para asegurar la clausura del centro de detención establecido en
Guantánamo por George W. Bush.
Independientemente del previsible choque entre la
administración de Obama y la mayoría republicana que controla la Cámara de
Representantes, lo relevante es que el
mandatario está por iniciar el último de sus ocho años de gobierno sin que haya
podido concretar una de sus principales promesas de campaña, que despertó
entusiasmo y respaldo de un sector importante de la opinión pública nacional e
internacional –el cierre definitivo de Guantánamo–, y que ello se traducirá inevitablemente en un
descrédito histórico y en una frustración para los sectores sociales
progresistas de Estados Unidos.
Ciertamente, la impotencia de Obama ante este asunto se
ha visto agravada desde que la oposición republicana tomó control de ambas
cámaras del Congreso, en las elecciones intermedias del año pasado, pero
comenzó a manifestarse desde los primeros meses de su gobierno, cuando el
mandatario contaba con el apoyo mayoritario de sus correligionarios en el
Capitolio; desde entonces quedó de
manifiesto que el poder fáctico del complejo militar industrial era capaz de
resistir directivas presidenciales tan razonables y de obvia necesidad como el
cierre del campo de concentración montado en Guantánamo.
Ahora, cuando prácticamente todas las decisiones
presidenciales relevantes tienen que pasar por el aval de las mayorías
republicanas, Obama enfrenta la perspectiva de tensar aún más el clima político
con el Legislativo o asumir una grave derrota política.
Más allá de la circunstancia paradójica de que el
presidente del país más poderoso del mundo sea incapaz de hacer avanzar uno de
los elementos centrales de su agenda, la
persistencia de Guantánamo ratifica la proyección de Washington como un
violador consuetudinario de los derechos humanos y de la legalidad a escala
mundial.
Pese al desprestigio cosechado por Washington como
consecuencia de las conductas bárbaras, anómalas y delictivas empeñadas en la
guerra contra el terrorismo, no hay en la clase política de ese país voluntad
ni interés en revertir la degradación moral; por el contrario, al tolerar y
continuar las prácticas abominables y los tratos inhumanos que tienen lugar en
Guantánamo, el establishment estadunidense ha contribuido a profundizar esa
deb
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