Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y otros responsables de
organismos internacionales debaten sobre la necesidad de avanzar en la
transparencia de los Estados durante Cumbre Global de la Alianza para el
Gobierno Abierto, celebrada en Ciudad de México. Crédito: Cepal
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Las políticas de datos abiertos en América Latina aún no permiten que
las comunidades ejerzan sus derechos de acceso a información, consulta y
participación frente a proyectos extractivos y de infraestructura que
afectan a su entorno y a su forma de vida.
Esos derechos están contenidos en la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, con que se cerró en 1992 la llamada Cumbre de la Tierra, celebrada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.
El Principio 10 de esa declaración estipula que “toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones”.
“Hay un problema muy
severo, no basta con ser transparente. Hay un tema de oportunidad.
¿Cuándo necesita el ciudadano esa información? ¿Después de lo que
ocurre?...Hay que pensar sobre cómo desarrollar información antes de la
toma de decisiones o sobre los impactos de esas decisiones": Carlos
Monge.
Además, los Estados “deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
la participación de la población poniendo la información a disposición
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos”.
“En América Latina la falta de información abierta y oportuna es un
problema generalizado”, aseguró Tomás Severino, director de la
organización no gubernamental mexicana Cultura Ecológica.
El especialista explicó a IPS que “la información es técnica y
especializada. Datos abiertos nos da la posibilidad de generar
información accesible, de desagregarla y difundirla”.
El vínculo entre datos abiertos y proyectos que inciden sobre poblaciones y el ambiente fue uno de los temas de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrada entre el 27 y el 29 de octubre en Ciudad de México.
En el encuentro participaron representantes gubernamentales, de la
sociedad civil y académicos de los 65 países participantes en la alianza voluntaria,
creada en 2011 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Del total, 15 países pertenecen a la región latinoamericana.
Durante los foros y talleres, los delegados de la sociedad civil
organizada abogaron por fortificar las políticas de datos abiertos y
avanzar rápidamente hacia el cumplimiento del Principio 10, que no puede
ser materializado si no se evoluciona en la apertura total de la
información.
Es práctica común en la región que las comunidades desconozcan la
existencia de iniciativas mineras, petroleras, energéticas y de otro
tipo hasta cuando están en puerta, sin que les consulten previamente o
puedan revisar los expedientes pertinentes. Así, permisos, licencias y
concesiones quedan fuera de su radar.
Los Estados de la región ratificaron los compromisos sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe,
suscrita durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20 y realizada también en la
ciudad brasileña, en 2012.
Según informaciones compartidas por los participantes durante la
cumbre de gobierno abierto, en México, el tema ambiental se limita a
estipular la difusión de las consultas públicas en el proceso de impacto
ambiental en el Segundo Plan de Acción de datos abiertos 2013-2015.
Actualmente, esta nación latinoamericana recaba propuestas para la construcción de un tercer plan más ambicioso.
Uno de sus ejes aborda la “Gobernanza de los recursos naturales”, que
abarca cambio climático, hidrocarburos, minería, ecosistemas, derecho a
un ambiente sano y recursos hídricos para consumo humano.
Integrantes
de la sociedad civil latinoamericana debaten sobre la aplicación de
datos abiertos y el Principio 10 sobre acceso a la información,
participación y consulta en temas ambientales durante uno de los paneles
de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada
en Ciudad de México del 27 al 29 de octubre. Crédito: Emilio Godoy/IPS
Por su parte, Perú discute desde mayo la “Estrategia de apertura y reutilización de datos abiertos gubernamentales”, para el periodo 2015-2019, que incluiría cuestiones ambientales.
En agosto, Argentina presentó la primera parte del Segundo Plan de gobierno abierto 2015 – 2017, que tampoco contiene mayores consideraciones ambientales.
“Hay un problema muy severo, no basta con ser transparente. Hay un
tema de oportunidad. ¿Cuándo necesita el ciudadano esa información?
¿Después de lo que ocurre?, planteó Carlos Monge, representante en Perú
del no gubernamental Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales, de Estados Unidos.
“Eso es un error. Hay que pensar sobre cómo desarrollar información
antes de la toma de decisiones o sobre los impactos de esas decisiones”,
dijo en diálogo con IPS.
Monge criticó que desde 2014 países como Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú hayan reformado sus legislaciones para rebajar los estándares
ambientales, con el fin de mantener y atraer inversiones de la industria
extractiva, debido a la caída de la demanda global de materias primas,
uno de los sostenes de sus economías.
El “Atlas global de justicia ambiental”
enlista 480 conflictos ambientales en 16 naciones latinoamericanas y
caribeñas, relacionados con actividades como extracción minera y de
combustibles fósiles, gestión de residuos y del agua, acceso a la tierra
y desarrollo de infraestructura.
Esa iniciativa forma parte del proyecto europeo “Organizaciones de
Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio”, es coordinado por el Instituto
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona y lo
elaboran expertos de 23 universidades y organizaciones de justicia
ambiental de 18 países.
La mayoría de las disputas, detalla el atlas, se concentran en
Colombia con 101 de ellas, Brasil con 64, Ecuador con 50, Perú con 38,
Argentina con 37 y México con 36.
Ante el desconocimiento de las obras en su entorno, las comunidades
padecen lo que el profesor estadounidense Rob Nixon bautizó como
“violencia lenta” en materia ambiental, derivada de la explotación de
recursos naturales que fabrica conflictos y que empobrece aún más a las
poblaciones afectadas.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), criticó en el marco de la cumbre que las comunidades no
conozcan previamente datos sobre proyectos extractivos y aseguró que la
región aún no está preparada para cumplir con los datos abiertos.
“Es importante que tengan información sobre concesiones, contratos,
impactos, rentas, consultas, para que sepan antes de los efectos”,
declaró a IPS.
Los países de la región acordaron en noviembre de 2014 la negociación de un tratado sobre el Principio 10, en un proceso facilitado por la Cepal, que está por lanzar un centro de gobernanza de los recursos naturales de la zona.
La segunda ronda de negociaciones se escenificaron en Panamá del 27
al 29 de octubre y la tercera reunión se realizará en abril de 2016 en
Uruguay.
Severino, quien participa en las iniciativas mexicanas de datos
abiertos y en el proceso regional del Principio 10, planteó la necesidad
de cambiar leyes para apegarse a esos esquemas.
“Necesitamos mecanismos de participación y consulta”, señaló.
Monge anticipó dos procesos que deben institucionalizarse. “Los
ordenamientos territoriales y la consulta suponen generar mucha
información. Si quieren hacer una obra, hay que hacer transparente la
información sobre dinero, agua, territorio”, indicó.
Los primeros se refieren a la zonificación de áreas para residencias,
industrias o superficies ecológicas, a cargo de los municipios, y la
segunda, a preguntar a las poblaciones locales si quieren o no un
proyecto.
“La consulta es uno de los instrumentos más efectivos. El Principio 10 la aborda antes de hacer un proyecto”, resaltó Bárcena.
Editado por Estrella Gutiérrez
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