TeleSUR/La Radio del Sur
La crisis institucional en Honduras, generada por el conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo, se reanudó este jueves, cuando decenas de manifestantes impidieron a dos magistrados ingresar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), situación que provocó que medio centenar de policías rodeara a dicha institución para evitar enfrentamientos.El conflicto comenzó varias semanas atrás, cuando el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional, el día 12 de diciembre, por oponerse a procedimientos utilizados durante una depuración que tiene lugar en la Policía Nacional. El pueblo hondureño también acusa a estos jueces de respaldar el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, en el año 2009.
El Parlamento nacional ya eligió a cuatro nuevos magistrados, así como el presidente de la Corte, Jorge Rivera, retiró sus choferes y automóviles oficiales a los jueces destituidos.
Tras la acción de este jueves, Rivera convocó al pleno de los magistrados para intentar solventar la crisis institucional y retomar sus funciones judiciales. Sin embargo, el intento fue infructuoso, debido a que sólo se presentaron la destituida magistrada Rosalinda Cruz y el recién nombrado Víctor Lozano.
Igualmente, otros siete magistrados se manifestaron públicamente en apoyo de los destituidos, a través de un comunicado, denunciando “la injerencia del Congreso” como un “atentado contra la independencia del Poder Judicial”.
Por su parte, Cruz pidió a la Relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Grabriela Knaul, que investigue el “golpe técnico” generado por su destitución y que atienda “con urgencia” el caso.
“Fuimos destituidos de nuestros cargos en flagrante violación a la Constitución, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las demás convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las cuales Honduras es signataria”, acusó.
Al mismo tiempo, en las afueras del Congreso, elementos del Partido Nacional, mayoritario en el legislativo, demandaban la destitución de todos los miembros de la Corte Suprema.
En ese sentido, Fredín Fúnez, abogado y dirigente del izquierdista Partido Libertad y Refundación, (Libre), sostuvo que “ni hoy, ni después, habrá una solución al conflicto que vive la Corte Suprema, porque los magistrados no se dan por renunciados y desean continuar con su investidura y privilegios”.
Asimismo, el líder de la izquierdista Vía Campesina, Rafael Alegría, auguró que “esta crisis entre poderes no ha empezado y se agudizará este año”, e instó al Gobierno a “buscar una pronta solución en aras de construir un mejor destino para la nación”.
En tanto, el presidente Porfirio Lobo, con el propósito de frenar la crisis institucional, inició un diálogo el pasado 14 de diciembre con los líderes de los poderes Legislativo y Judicial, así como con el Fiscal General.
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