Si hemos de darle crédito al Informe Church, un documento elaborado por el Senado estadounidense en 1975, lo cierto es que la Casa Blanca a través de su servicio de inteligencia CIA financió la desestabilización del gobierno de Salvador Allende desde que éste fuera elegido en las urnas, antes de que asumiera la presidencia del país en 1970. De hecho, en una tradición inaugurada en Italia en 1948, la CIA intervino en las elecciones chilenas de 1964 y 1970. El gobierno de entonces, encabezado por Richard Nixon y su secretario Henry Kissinger, fueron los artífices que vieron culminada su obra en septiembre de 1973 como parte de una estrategia mundial inscrita en la Guerra Fría.
No es necesario forzar la historia para demostrar con nítidos antecedentes que la conspiración anti allendista fue obra de una potencia extranjera y que ésta comenzó, por lo menos, tres años antes de los fatídicos acontecimientos como una sistemática acción encubierta. Todo lo acontecido durante los llamados mil días del gobierno popular: boicot diplomático y económico, atentados terroristas, huelgas de gremios profesionales y empresariales, presión al interior de las fuerzas armadas, y una orquestada campaña de prensa encabezada por El Mercurio, respondió en gran medida a los dólares invertidos en Chile, tanto por agencias gubernamentales estadounidenses como por corporaciones multinacionales.
Desde la perspectiva de Washington, el gobierno de Salvador Allende significaba un riesgo serio y la amenaza de una “segunda Cuba” en América Latina y con ello una expansión del poder comunista soviético. Recordemos que aquel mismo año, el gobierno de Nixon se retiraba de Viet Nam como fruto de una negociación en París. Recordemos, además, que la intervención norteamericana en Latinoamérica no era nada nuevo en su agenda política regional; después de la Segunda Guerra Mundial cayeron los gobiernos de Arbenz en Guatemala, Goulart en Brasil y la República Dominicana fue invadida igual que Granada y Panamá años más tarde. Hasta el presente, todas las administraciones en la Casa Blanca han mantenido el bloqueo a Cuba y una hostilidad explícita a cualquier régimen de corte democrático popular, como es el caso de Venezuela, Ecuador o Nicaragua.
2.- La alegría ya viene
La dictadura de Augusto Pinochet deja el poder ejecutivo en el marco de su propia institucionalidad. Este hecho marcará la llamada transición pacífica a la democracia, con el aplauso no disimulado de Elliot Abrams. Con escasas medidas cosméticas, los gobiernos de la Concertación debían gobernar con las reglas heredadas de la dictadura y con el compromiso de no tocar a ninguno de los cómplices del general durante su gobierno. La Concertación de Partidos por la Democracia gobernaría durante cuatro gobiernos sucesivos sin alterar, en lo fundamental, el modelo económico ni el modelo político diseñado por el dictador.
El resultado de casi dos décadas de “gobiernos democráticos” en que se alternaron la Democracia Cristiana y el Partido Socialista generó en el país más expectativas que resultados. La gestión concertacionista logró naturalizar un orden constitucional, revistiéndolo de una pátina republicana que no hacía sino consolidar lo que algunos han llamado una “democracia de baja intensidad” Como todo proceso, éste no estuvo exento de graves debilidades entre sus propios protagonistas y, en el límite, de una degradación de la cuestión pública en que se mezclaron negocios y política. En pocas palabras, una “constitución de facto”, ilegal y corrupta en su origen, terminó de corromper a una clase política que olvidó los grandes valores que decía defender para comenzar a defender los valores bursátiles y a las grandes empresas.
Los últimos gobiernos concertacionistas, insistiendo en un “pastiche republicano”, no lograron mantener la unidad en sus propias filas ni impedir que los escándalos se sucedieran. El proceso hizo crisis en las últimas elecciones presidenciales, dándole una mayoría circunstancial al actual mandatario, representante del empresariado y la derecha extrema. En el presente, la movilización social pone de manifiesto un cierto “malestar ciudadano” con el actual estado de cosas. Se ha planteado la necesidad de una “Asamblea Constituyente”, cuestión que divide a las distintas corrientes progresistas y democráticas ante la posibilidad de un eventual gobierno liderado por Michelle Bachelet.
La Concertación constituyó un instrumento político de la década de los ochenta respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Durante dos décadas, este conglomerado de partidos articulo una política de consensos cuyo resultado está a la vista: Un gobierno de derechas. No es fácil, por tanto, proyectar un “revival” concertacionista en los años venideros, pues la realidad social y política es muy diferente a aquella de los años ochenta y noventa. Pareciera que todo se juega en un programa que se haga cargo de reformas serias y profundas en el sistema económico y político. No es posible conjugar, al mismo tiempo, la herencia de Pinochet en lo económico y lo político con el creciente malestar de la población.
Los acelerados cambios culturales verificados en esta primera década del siglo XXI instalan a las nuevas generaciones en coordenadas que exceden incluso los límites históricos nacionales, de tal suerte que surgen reclamos democráticos que no admiten los límites estrechos de una sociedad altamente autoritaria, clasista y excluyente. Los movimientos estudiantiles han mostrado ya los síntomas de estas nuevas tendencias políticas y culturales que instalan nuevos horizontes de sentido en nuestra sociedad, ante los cuales ni el actual orden institucional ni la clase política que quiere gestionarlo está a la altura.
3.- Pinochetismo sin Pinochet
La dictadura del general Augusto Pinochet se planteó como un régimen fundacional, esto es, como un punto de inflexión en la historia del país. Para llevar a cabo este propósito legó a las generaciones posteriores una carta constitucional diseñada, expresamente, para preservar un modelo económico y político que asegurara el dominio ganado por la fuerza de las armas para los sectores de derecha. Si bien la historia ya ha barrido de escena las cenizas del dictador, no ha ocurrido lo mismo con el diseño institucional sancionado por la junta militar en los años ochenta del pasado siglo.
El Chile de hoy no es sino la prolongación pseudo democrática del poder heredado por los políticos y empresarios de extrema derecha desde aquella pagana noche en Chacarillas. Fue allí, una fría noche de julio de 1977 cuando un grupo de fanáticos, devotos del Opus Dei, nacionalistas o pretendidos liberales, sellaron el pacto entre el terror militar y la elite política y empresarial que nos gobierna en nuestros días. Mientras muchos hogares en modestas poblaciones eran allanados cada noche, mientras muchos chilenos eran torturados, exiliados o asesinados, los poderosos celebraban sus nupcias con el sátrapa.
Hasta nuestros días permanece intocado un sistema electoral que impide la expresión genuina de un pueblo, mediante artificios legales que dejan fuera a los partidos pequeños. Hasta el presente, la impunidad de civiles y militares es la atmósfera naturalizada de nuestro quehacer político. Contra la opinión de sentido común, es necesario señalar que la dictadura en Chile no ha terminado: No ha terminado para los pueblos originarios que solo reciben una feroz represión de parte de las autoridades por reclamar sus derechos ancestrales. Tampoco ha terminado la dictadura para las miles de familias endeudadas por un sistema que lucra con la educación de los jóvenes de nuestro país ni para millones de trabajadores que deben sobrevivir con salarios miserables gracias al modelo neoliberal imperante. La dictadura existe en cientos de leyes y decretos que ordenan un país fundamentalmente autoritario al que se han plegado no pocos miembros de una clase política oportunista.
En esta llamada democracia, el pinochetismo impune está vivo aunque su líder haya muerto, jactándose de sus crímenes, haciendo apología de la violencia y del terrorismo de estado. Una avenida todavía celebra el once de septiembre y buques de la Armada Nacional enarbolan el nombre de uno de los golpistas. En esta llamada democracia, los cómplices de graves delitos de lesa humanidad siguen fungiendo como legisladores o funcionarios de gobierno. El pinochetismo sin Pinochet persiste como una peste en la sociedad chilena, impidiendo a las nuevas generaciones avanzar hacia formas más profundas de democracia. La actual constitución garantiza prebendas a la clase política, impunidad a civiles y uniformados y, desde luego, millonarias ganancias a las corporaciones chilenas y extranjeras.
Mediante un manejo cuasi monopólico de los medios de comunicación se ha incubado entre nosotros un imaginario mal sano que convierte las justas demandas de los movimientos sociales en una amenaza. Los noticieros de televisión y la prensa de gran tiraje han incubado una cultura del miedo y del consumo suntuario. La herencia pinochetista se traduce, entonces, en una amnesia dirigida que nos impide recordar que nuestra sociedad está erigida sobre una pila de cadáveres y que los culpables andan sueltos.
A cuarenta años del golpe de estado de 1973 los tribunales se han mostrado reacios, acaso incapaces de hacer justicia. Los pocos procesados y sentenciados por temas relativos a derechos humanos cumplen sus condenas en cárceles de lujo. El mismo Augusto Pinochet murió impune gracias a los buenos oficios del gobierno chileno, rodeado de sus seres queridos y con las bendiciones de rigor. A cuarenta años del golpe de estado, muchos chilenos todavía viven el luto y la angustia de no saber dónde están sus seres queridos. El golpe de estado no ha terminado en Chile, la reconstrucción democrática de nuestra sociedad no ha tenido lugar. Más allá de la demagogia, lo único cierto es el olvido, olvido de las víctimas de aquel trágico episodio. Olvido de los pobres de cada día. Olvido de nuestra propia dignidad como país.
· Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS
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