La Policía de Panamá tomó este miércoles el poblado de Las Cruces, en la provincia de Veraguas, tras reprimir una protesta de campesinos que se oponen a la construcción de una central hidroeléctrica, que ha generado afectaciones ambientales en la región.
La acción policial dejó ocho heridos, según informó un portavoz del movimiento campesino de Las Cruces.El representante del movimiento campesino, Alejandro Rodríguez, denunció que 10 personas fueron arrestadas y en este momento se desconoce su paradero.
Pese a que el poblado fue tomado por los uniformados, unos 300 campesinos se mantienen en vigilia desde la madrugada de este jueves, agregó Rodríguez.
Los campesinos “están muy molestos” porque las autoridades municipales, el gobernador Ernesto Martínez y la Autoridad Nacional del Ambiente se negaron a ordenar la suspensión de los trabajos de construcción del proyecto, señaló el portavoz.
Por su parte, Hilario Martínez, dirigente de la Unión Indígena y Campesina de Veraguas, denunció la represión policial y exigió la liberación inmediata de los detenidos.
La opresión comenzó en la tarde de este miércoles y según versiones de testigos, algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rural del distrito de Cañazas, donde se encuentra el poblado de Las Cruces.
Los manifestantes en Las Cruces exigen al Gobierno respuestas ante sus reclamos por las afectaciones provocadas por la construcción de la hidroeléctrica. Piden que se ponga fin al proyecto.
Las comunidades del Río San Pablo acordaron cerrar las vías hacia las obras, las cuales construye la misma empresa que lleva a cabo el proyecto de Barro Blanco.
La obra hidroeléctrica es considerada clave por el presidente panameño, Ricardo Martinelli, para “abaratar el costo de la energía”. El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, declaró en días recientes que “si el país no aprovecha sus recursos hidroeléctricos, condenarán a las futuras generaciones a vivir y depender del precio del petróleo”.
Las protestas se dan en un momento en que el Gobierno de Martinelli pasa por una creciente conflictividad social, debido a los recortes en el gasto público que ha impuesto para “evitar un déficit fiscal”, tal como sucedió en el año 2012.
Durante ese año, Martinelli intentó privatizar los puestos de la zona libre de ciudad Colón, lo que generó una fuerte ola de manifestaciones que, finalmente, lo obligaron a dar marcha atrás al proyecto.
PL / Telesur
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