Mientras habla de paz, el Gobierno impulsa la impunidad de los crímenes de Estado
El Espectador / Rebelión
| Crímenes de guerra, violación, asesinato, reclutamiento de menores, detención arbitraria y tortura quedarán fuera de la justicia penal si el Senado lo aprueba |
El proyecto de ley de fuero penal militar fue aprobado el 16 de octubre en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La
iniciativa quedó a dos debates de convertirse en ley. El Ministerio de
la Defensa explicó que en la plenaria de la Cámara de Representantes el
proyecto recibió 97 votos a favor y 8 en contra, lo que despeja la vía hacia la enmienda constitucional que regula la justicia penal militar en Colombia.
Expertos rechazan la reforma del fuero militar
Once expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron este 22 de octubre un llamado al Gobierno y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución nacional en lo relativo al fuero penal militar.
En una carta abierta publicada
este lunes, los expertos indicaron que la propuesta de reforma tendría
"implicaciones serias" para el Estado de Derecho y el disfrute de los
derechos humanos en Colombia.
"Se perjudicaría seriamente la
administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los
crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía",
afirmaron.
"Esta reforma representaría un retroceso histórico en
los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el
respeto y garantía de los derechos humanos", opinaron los expertos.
"Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la fuerza pública sobre
las consecuencias de participar en la comisión de violaciones de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario", agregaron los
firmantes de la carta.
En el escrito se reconoce que los crímenes
de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían
excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales, pero
se agrega que los cambios propuestos "ampliarían la competencia de
estos tribunales", y les otorgaría "poder para investigar, procesar y
decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos
humanos".
Estos delitos, en opinión de los expertos, "deberían
estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia
penal".
Se trata de delitos que representan una violación del derecho internacional humanitario
y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra, la
violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento y
uso de menores, la detención arbitraria, la tortura y los tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y otras violaciones como los
atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones.
También podrían quedar bajo jurisdicción militar la toma de rehenes,
los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos
humillantes, así como la obligación de tratar con humanidad a los que
no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por
motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo,
nacimiento o fortuna u otro criterio similar.
Asimismo, la justicia militar podría tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.
"Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional
intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o
policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos
de estos delitos", dijeron los expertos.
"Estamos particularmente
preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación
preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las
responsabilidades", incluidos "los criterios específicos que definen si
los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de
genocidio".
Los expertos advirtieron de que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales,
como instancia de control para tratar cualquier acusación contra un
miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, "sugeriría que el
acusado" recibiría "un trato preferente, lo cual podría generar un
clima de impunidad".
También consideraron que la existencia de
este tribunal, con competencia exclusiva para procesar al personal
militar o policial, "supondría la existencia de un sistema paralelo de
administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el
acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecería el debido
proceso legal", y atentaría así "contra el Estado de Derecho".
Los firmantes de la carta son:
Christof Heyns, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; El Hadji Malick Sow, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Faiza Patel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos.
También Frank La Rue, relator sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;
Gabriela Knaul, relatora sobre la independencia de magistrados y
abogados; Juan E. Méndez, relator sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes; Kamala Chandrakirana,
presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra la mujer.
Además, Maina Kiai, relator sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;
Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos; Olivier de Frouville, presidente del Grupo de Trabajo
sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; y Rashida Manjoo,
relatora sobre la violencia contra la mujer.
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