VTV/La Radio del Sur
La intervención del gobierno federal brasileño facilitó la
suspensión de una orden judicial que establecía el desalojo de una
comunidad guaraní-kaiowá de sus tierras en el sureño estado Mato Grosso
del Sur.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció esta decisión
durante un encuentro anoche con los líderes indígenas en la Secretaría
de Derechos Humanos de la Presidencia.
De acuerdo con la decisión de la justicia, unos 170 indígenas deben
permanecer en sus territorios hasta que se ejecute la demarcación de
sus tierras.
Esta noticia se registra después que dirigentes guaraní-kaiowás
amenazaran con realizar un suicidio colectivo si se cumplía una orden
judicial de desalojo del Tribunal Regional de la tercera Región, en Sao
Paulo.
“Nosotros los indígenas tenemos el derecho constitucional a ocupar
nuestra tierra” y no vamos a acatar la decisión judicial de un tribunal
de abandonar los territorios que ocupamos, señaló la víspera el jefe
tribal guaraní, Vera Popygua, en una carta enviada al Consejo
Indigenista Misionero (CIMI), difundida aquí por grupos sociales y de
derechos humanos.
Solano Pires, representante de los guaraní-kaiowá, manifestó su
alegría con la decisión y reafirmó el derecho ancestral de los
indígenas a sus tierras. “Esta tierra sagrada es nuestro”, pues mi
abuelo y bisabuelo están enterrados en ella, agregó.
Un juez federal revocó también la multa diaria de 500 reales (unos
250 dólares) contra la Fundación Nacional del Indio (Funai) por
incumplir con el dictamen legal de expulsar a la comunidad
guaraní-kaiowá de su territorio.
La secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, María del
Rosario, resaltó que el próximo paso será simplificar el proceso de
estudios para la demarcación de las tierras indígenas.
Recordó que estas personas libraron una batalla con el apoyo de
todos los grupos étnicos guaraní y guaraní-kaiowá, y las comunidades
indígenas en Brasil e instó la Funai a impulsar acciones para agilizar
y completar el procedimiento administrativo para la delimitación del
territorio.
El titular de Justicia comunicó asimismo que se adoptan medidas para
garantizar mejores condiciones para los indígenas y dijo que un
contingente de la Fuerza Nacional y la Policía Federal serán
desplegados en la zona para garantizar la seguridad en el lugar.
Además de la orden de desalojo, esta comunidad ha sufrido actos de
violencia e intimidación de parte de grupos armados, contratados por
hacendados y colonos.
El conflicto entre la comunidad guaraní-kaiowá y hacendados han
causado varios muertos y desaparecidos. Desde 2003 hasta la fecha
ocurrieron 279 muertes de indígenas, según el Consejo Indigenista
Misionero.
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