Panamá,
24 oct (PL) Ministros del gobierno panameño intentan hoy por segunda
vez dialogar con las llamadas fuerzas vivas de Colón en otro contexto
ante la propuesta del presidente, Ricardo Martinelli, de renunciar a la
venta de terrenos de la Zona Libre (ZLC). Pero el futuro es
incierto porque el Frente Amplio de la provincia de Colón está
insatisfecho con la manera informal, incompleta y dudosa de la
comunicación del mandatario que la condiciona a "si los colonenses no
quieren" que se venda, cuando los hechos no dejan dudas de que la ley
es rechazada.El propio ministro de Gobierno, Ricardo Fábregas, admitió que se trata de un proceso de consulta, no negociación, por lo cual no hay nada claro, y eso ha llevado a dirigentes del Frente a afirmar que no quieren ni 35 ni 100 por ciento de los ingresos por ventas de tierras, sino derogación de la ley y respeto al patrimonio. Uno de sus dirigentes, Edgardo Voitier, insistió en que debe haber transparencia en las propuestas y el asunto no se puede solucionar vía Twitter, sino que hay que ponerlo en blanco y negro siguiendo las normas establecidas para esos casos.
La propuesta que lleva hoy el ministro de Economía Finanzas, Frank de Lima, de entregarle a la provincia el total de ingresos por ventas de tierra no satisface, pues el núcleo del problema, la derogación de la ley, se mantiene inalterable y no se ve intención de revocarla, indicó.
"Nuestra consigna es derogación para sentarnos a conversar", insistió Voitier. Explicó que en caso de que se derogue, solicitarían un aumento en los cánones de arrendamiento y que el 60 por ciento de esos dineros se destine a obras en la provincia colonense.
El Frente explicó que la dinámica del diálogo propuesto por el gobierno se centra en aspectos mecánicos de la ley, es decir, forma de funcionamiento y presuntos objetivos, y al no hablar de asuntos sustantivos como inconstitucionalidad o derogación, se desvirtúan asuntos de fondo como los presentados por abogados constitucionalistas en la Corte Suprema de Justicia.
El Frente Amplio desestima el tema del destino de los ingresos y su monto propuestos por el ministro De Lima porque esos asuntos no son objetivos de la lucha ni cuentan ante la reclamación básica de respeto al derecho patrimonial del país.
En sus proclamas y alegatos, apoyados por la Cámara de Comercio y la Asociación de Usuarios de la ZLC -que no ha mostrado interés en comprar- la organización plantea claramente que no está en desacuerdo con la modernización de la zona, sino con los alcances de la legislación que afectan el patrimonio.
Anacleto Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, y Felipe Cabeza, del Frente Amplio por la Democracia, cuestionan la forma y celeridad con la que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo aprobaron la propuesta y la elevaron a Ley de la República en menos de tres horas.
Se preguntan por qué si Martinelli tenía hasta 30 días para sancionarla, suficiente tiempo para someterla a consultas y entablar el diálogo que ahora busca, no lo hizo entonces y, en su lugar, la impuso a golpe de mayoría en una sesión irregular y muy criticada de la Asamblea Nacional.
Ambos dirigentes insisten en que no había que llegar a un punto de conflicto tan severo que ha convertido a Colón en un campo de guerra con tres muertos, numerosos heridos, un desaparecido y decenas de detenidos, para que al final el mandatario, desde Japón, haga una propuesta tan poco definida.
La represión, que según dirigentes sindicales, gremiales y diputados de la oposición, posibilitó que gente desalmada y pandillas armadas infiltraran las marchas pacíficas de protestas y el vandalismo en los comercios, ha sido exagerada.
Pero al mismo tiempo, añaden, la intensidad del atropello, que no tiene excusa, es una muestra irrefutable del alto grado y generalización del rechazo a la iniciativa del gobierno.
Esa forma de hacer las cosas, agregan, es la que ha creado sospechas y suspicacias que afectan la imagen del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario