La
matanza de "Plan de Sánchez" fue perpetrada el 18 de julio de 1982 en
el departamento de Baja Verapaz, en el norte del país, durante el
gobierno del exdictador, Efraín Ríos Montt (1982-1983).
La Sala Primera de Apelaciones confirmó la sentencia de siete mil 710 años de prisión a cinco exparamilitares declarados culpables de una masacre de 256 indígenas perpetrada en el año 1982, al norte del país.
La prensa de ese país reseñó que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones emitió una resolución en la que deja en firme el fallo emitido el 20 de marzo pasado por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que juzgó a los exparamilitares por la matanza de “Plan de Sánchez”.
Con esta resolución, la Sala rechazó los recursos de apelación que habían presentado en abril pasado los cinco sentenciados, quienes pidieron la anulación de la condena por considerar que se cometieron errores jurídicos durante el juicio.
La Sala Primera dijo en su resolución, que fue leída en audiencia pública, que el fallo del Tribunal está apegado a la ley y que no cometió arbitrariedad alguna porque la sentencia se basó en las pruebas aportadas durante los debates.
La medida señaló que el excomisionado Lucas Tecú y los expatrulleros civiles, Santos Rosales García, Eusebio Galeano y los hermanos Julián y Mario Acoj, deberán continuar en prisión.
La matanza de “Plan de Sánchez” fue perpetrada el 18 de julio de 1982 en el departamento de Baja Verapaz, en el norte del país, durante el gobierno del exdictador, Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Durante el debate oral y público “quedó demostrada la participación de los procesados”, quienes actuaron con “perversidad y ensañamiento” contra las víctimas, dijo el 20 de marzo pasado la jueza Jazmín Barrios, al leer la sentencia.
La jueza explicó que el tribunal que preside impuso 30 años de cárcel por cada una de las 256 víctimas (siete mil 680 años) y 30 años más por el delito de “deberes contra la humanidad”, lo que sería una sentencia simbólica, pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.
“Durante el juicio se pudo comprobar que torturaron y quemaron a las víctimas para ocultar evidencias y garantizar la impunidad”, aseveró Barrios, tras indicar que la masacre fue una represalia por el supuesto apoyo de la comunidad a la guerrilla izquierdista.
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