Allanan y roban las instalaciones de Contralínea
Conferencia de prensa sobre el acoso a Contralínea
Atención Jefe de información / reportero de la fuente
La revista Contralínea hace una atenta invitación a conferencia de prensa, para dar a conocer la denuncia de hechos que esta mañana se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el allanamiento y robo a las instalaciones de este medio de comunicación.
La conferencia se llevará a cabo a las 18:00 horas en avenida Balderas número 33, cuarto piso, departamentos 405-408, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Teléfono: 9149 - 9808
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Allanan y roban las instalaciones de Contralínea
Entre el sábado 10 de abril y el domingo 11, fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y periodística, equipo de cómputo y celulares.
Este allanamiento se suma a la serie de acosos que ha padecido este medio desde 2007. Contralínea investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla.
Actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine.
El 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
En la inédita recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
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