Centroamérica se suma a la indignación por la criminalización de los «sin papeles» en Arizona
El Salvador, Guatemala y Honduras, que tienen 5 millones de ciudadanos en EEUU, se sumaron a las críticas de México contra la ley aprobada en Arizona que convierte en delito la inmigración irregular.
Gara
El Salvador, Guatemala y Honduras, que tienen cinco millones de ciudadanos en EEUU, se sumaron a las críticas de México contra la ley aprobada en Arizona que convierte en delito la inmigración irregular. Una ley que ha sido tildada de «racista» por policías de ese Estado.
Guatemala, El Salvador y Honduras se sumaron a las críticas de México contra la nueva ley aprobada en el Estado de Arizona, en el sur de EEUU, que criminaliza a los inmigrantes en situación irregular. Los países de la región que más emigrantes tienen en EEUU manifestaron su temor por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos allí y la persecución que se puede desatar contra ellos.
La aprobación de la ley, firmada el viernes por la gobernadora republicana Jan Brewer, ha levantado una auténtica oleada de indignación en el seno de la comunidad latina en EEUU. La nueva norma permite la detención y el castigo a cualquier ciudadano por el simple hecho de sospechar que pueda ser un «sin papeles», sin necesidad de que haya cometido algún delito.
El Gobierno de México alertó de que la nueva legislación «representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto» y señaló que «utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales».
Poco antes, la Cancillería mexicana había dicho incluso que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes.
Las autoridades hondureñas afirmaron que esta ley «pisotea» los derechos de los inmigrantes y subrayaron que «hay que ver de qué manera se baja ese impacto, que sin duda alguna va a perjudicar a una cantidad enorme de centroamericanos».
Guatemala, por su parte, expresó su «profunda preocupación» y consideró que la nueva ley «amenaza las nociones básicas de justicia».
También el Gobierno de El salvador expresó su temor a que se desate «una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en EEUU». Alertó de que la ley «criminalizaría la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico».
La nueva ley ha creado confusión en el seno de la propia Policía estatal y local de Arizona. Tony Estrada, jefe de Policía de Santa Cruz, la calificó de «racista» y señaló a la BBC que la nueva normativa les obliga a asumir un papel que cree que corresponde al Gobierno federal. «No es nuestro trabajo», dijo. «¿Cómo vamos a saber quién es y quién no es ilegal? ¿Cómo voy a distinguir yo a un mexicano de otro», se preguntó Estrada, que trabaja en un área donde más del 80% de la población es de origen mexicanoMiles de personas resisten en Arizona el nuevo intento “legal” de criminalizar inmigrantes
Los inmigrantes rechazan la medida aprobada por el Congreso estatal donde se multará hasta con seis meses de cárcel y dos mil 500 dólares a toda persona que no cuente con su documentación legal.
Kaos. América latina | TeleSUR
Una nueva embestida de los Estados Unidos para criminalizar y castigar (con carcel y multas) a lxs inmigrantes fue rechazada hoy por miles de personas que marcharon en repudio a la nueva Ley.
Así informaba Telesur de la Noticia
Miles de personas marcharon en Arizona contra polémica ley migratoria
Telesur. Los inmigrantes rechazan la medida aprobada por el Congreso estatal donde se multará hasta con seis meses de cárcel y dos mil 500 dólares a toda persona que no cuente con su documentación legal. Grupos sociales se dirigirán a los tribunales para exigir la anulación de la iniciativa y la intervención del presidente Obama.
Miles de personas marcharon pacíficamente este domingo en la ciudad de Phoenix, Arizona (suroeste de Estados Unidos), en protesta de nueva ley promulgada el pasado viernes, en la que por primera vez en la historia de este país se le dará a la Policía la oportunidad de detener y sancionar a cualquier inmigrante que se encuentre en situación ilegal en ese estado.
Los manifestantes con pancartas que decían "ayuda, no odio", "no somos criminales, somos estudiantes", rechazaron frente al capitolio estatal el decreto impulsado por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, que estipula, multar hasta con dos mil 500 dólares, privar seis meses la libertad y hasta extraditar a su país de origen, a toda persona que se encuentre sin la documentación reglamentaria.
"Durante estos 90 días, yo y otros vamos a hacer actos de solidaridad. Por eso estamos aquí", dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez dirigiéndose en español a la multitud, en referencia al periodo de casi tres meses antes de que la ley entre en vigencia.
Por su parte, el líder de los derechos civiles, Al Sharpton, afirmó que es el deber moral del pueblo unirse en estas circunstancias.
"No se equivoquen. Esto no es una pelea de minorías (...) es una pelea por justicia y equidad para todos", indicó el respetado activista.
La medida es calificada como un "ataque racista" por la comunidad hispana.
La ley firmada por Brewer permite interrogar y detener a cualquiera que pueda parecer inmigrante indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilícita.
Sharpton señaló que los manifestantes se pondrán en contacto con personas de todas partes del país y recorrerán las calles de Arizona sin documentos de identidad y se entregarán a las autoridades para ser arrestados.
"Traeremos gente que caminará libre por Arizona al igual que lo hicieron otros en el sur profundo hace 50 años", puntualizó.
Esta es la primera vez que en Estados Unidos un estado aprueba una ley que le de autoridad a la Policía de someter a los inmigrantes por no poseer una documentación legal.
Defensores de los derechos civiles advirtieron que acudirán a los tribunales del estado para anular la iniciativa y solicitar la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Según la enviada especial de teleSUR, Andrea Arenas, este es un año electoral y debido a todos los problemas que han surgido, en el Congreso "la bancada demócrata está tratando de promulgar una nueva reforma migratoria, inclusive antes que la reforma energética, debido a que tienen que demostrar su apoyo a este grupo marginado para no perder su voto ante los republicanos".
Además de los grupos sociales, la Iglesia Católica también se pronunció a favor de los ilegales.
La Archidiócesis de México condenó que se prejuzgue "a cualquier indocumentado como criminal", además consideró que con esta forma de actuar "se violan las garantías individuales", "derechos humanos", la "buena fama" y la "dignidad" de los indocumentados, cualquiera que sea su nacionalidad.
"Considerar como delincuente a todo inmigrante o a todo sospechoso de ser indocumentado refleja una actitud de desprecio al ser humano", aseguró la archidiócesis, que encabeza el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera.
Para resguardar a los inmigrantes, la Iglesia pide a la diplomacia mexicana "hacer un trabajo más intenso y eficaz frente a la nación con la que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera y con la que estamos asociados necesariamente tanto en lo comercial como en lo social y cultural".
El mensaje concluye con una condena expresa a las fuerzas políticas de México, que según la Archidiócesis, "se han vuelto piedra de tropiezo para nuestro desarrollo, complicando las iniciativas de modernización".
Actualmente, cerca de 460 mil inmigrantes viven de manera ilegal en el estado de Arizona, cuya desértica frontera con México se convirtió desde 1993 en el paso de mayor flujo de indocumentados, después de que Estados Unidos reforzara los controles en los también limítrofes estados de California, Texas y Nuevo México.
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