Por: Stella Calloni
El ex ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, actualmente
diputado del opositor Frente para la Victoria, denunció este martes que
el gobierno del presidente derechista Mauricio Macri quiere proscribir
políticamente a la ex gobernante Cristina Fernández de Kirchner después
que varias encuestas revelan un “crecimiento geométrico” de su figura,
para las próximas elecciones legislativas.
De Vido se presentó a indagatoria en la misma causa en que el juez
Julián Ercolini citó a la ex mandataria este lunes, y no declaró pero
presentó un escrito en el que rechazó los cargos que se le imputan sobre
irregularidades en el otorgamiento de obras públicas en el caso del
empresario Lázaro Baéz para la provincia de Santa Cruz, en el extremo
sur del país.
Consideró el ex funcionario que se intenta judicializar un proyecto
político y criminalizar una forma de hacer política, lo que está
demostrado en esta causa, una más en la persecución política del
gobierno de Macri, que trata de encubrir las graves deficiencias de su
gobierno.
Para esto se ha sometido a proceso penal a 17 ex funcionarios
públicos al considerar “irresponsablemente en una acción más propia de
una prensa amarilla que de un organismo judicial, que son parte de una
asociación ilícita por haber participado en actos de gobierno”.
Recordó que la obra pública siempre ha sido “decisión del Poder
Ejecutivo sometida al control del Poder Legislativo a través de la Ley
de Presupuesto” y que lo realizado en Santa Cruz fue incluido en el
presupuesto nacional y sometido a discusión parlamentaria; en su mayoría
fueron licitadas, contratadas, ejecutadas e inspeccionadas por la
Administración de Vialidad Provincial.
También recordó el ex ministro, al que se le han embargado todos sus
bienes, que en el total de obra pública a nivel nacional, el Grupo
Austral (de Lázaro Baéz) está en el puesto 38 y también solicitó como la
ex presidenta que se investigue la obra pública en todo el país.
Después de que Fernández de Kirchner denunció a la empresa IECSA del
primo y socio de Macri, el empresario Angelo Calcaterra, los fiscales
Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron investigar si el
gobierno actual favoreció a éste en una obra de multimillonaria.
¿Futura base de Estados Unidos?
La ministra de Seguridad Patricia Bulrich firmó en Ushuaia, capital
de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país un convenio con la
gobernadora Rosana Bertone para crear un Centro de Inteligencia Regional
en el lugar.
Supuestamente estaría destinado a “hacer frente al crimen organizado y
la lucha contra el narcotráfico”, para lo cual el gobierno nacional
girará una cifra millonaria a la provincia para la compra de
equipamiento destinado al nuevo organismo, lo que incluye la adquisición
de móviles, tanto para la policía provincial como para las fuerzas de
seguridad federales, se informó oficialmente.
Esto creó de inmediato dudas y preocupación en expertos en
militarización, ya que esta decisión de Bullrich coincide con las
negociaciones del Ministerio de Defensa argentino con Estados Unidos
para instalar una base de este último país en ese lugar estratégico. “No
hay explicación posible para instalar un Centro de Inteligencia de
estas características en un lugar tan lejano como es Tierra del Fuego y
casualmente coincide con las instalaciones que negocia Washington en su
proyecto de militarización regional”, señalan los expertos. El tema dará
que hablar en los próximos días.
(Tomado de La Jornada)
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