La entrada en vigencia este miércoles de la nueva ley amparó unos 25.000 paramilitares colombianos y suspendió la ejecución de penas por crímenes distintos a los de lesa humanidad. La norma fue demandada ante la Corte Suprema por varias ONG’s defensoras de los derechos humanos.
La normativa que entró en vigor protege a los ex miembros de los grupos paramilitares en Colombia entre 2003 y 2006 quienes “podrían aclarar su situación jurídica, siempre y cuando, como lo estipula la norma, no hayan cometido delitos de lesa humanidad”.
Explicó que bajo el nuevo marco legal las órdenes de captura y ejecuciones de condena se podrían suspender si estas personas “han dejado las armas, cumplen con los programas de reinserción y colaboran con la Justicia”.
“Los desmovilizados en Colombia tendrán hasta el 28 de diciembre de 2011 para acceder a los beneficios que impone esta Ley”, detalló Camacho.
La norma, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista la noche de este martes con el reglamento que sancionó el presidente, Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que “se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas”, informó el Ejecutivo.
El Gobierno de Bogotá ha explicado que la norma 1424, también conocida como ley de Desmovilizados, resolverá de una vez por todas el estatus jurídicos de los paramilitares que supuestamente dejaron las armas durante la administración de Uribe, que pese a haber delinquido, no habían cometido violaciones a los derechos humanos.
Durante el Gobierno de Uribe, alrededor de 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brinda a cambio de su cooperación con las autoridades, beneficios legales y penas máximas de 8 años, sin importar los delitos que hayan cometido.
Además, los paramilitares debían reparar a las víctimas de sus crimenes. También dentro de la Ley de Justicia y Paz hay un programa de reinserción social de estos hombres, una vez que purguen sus penas. Sin embargo, varios de los paramilitares excarcelados han sido asesinados por desconocidos.
En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (Bacrim), como es el caso de las Águilas Negras.
Las autoridades policiales aseguran que Las Aguilas Negras es una de varias organizaciones criminales integradas por antiguos paramilitares al servicio del narcotráfico.
Según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esas Bacrim, están formadas por ex paramilitares y narcotraficantes.
Asimismo, el informe señala que al concluir 2010, actuaban en 15 de los 32 departamentos del país, y contaban con al menos siete mil hombres armados.
Estas bandas emergentes, según Indepaz, serían herederas de las estructuras paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) que entre 2003 y 2006 realizaron una negociación de paz con el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010).
Las Águilas Negras han sido consideradas como la tercera generación de los grupos paramilitares. Están asociadas con los cárteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Estos grupos también atacan a miembros de la guerrilla y personas sospechosas de simpatizar con ellos.
Telesur
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