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domingo, 24 de julio de 2011

Retiran juristas guatemaltecos pedido dimisión para jefe grupo ONU

Guatemala, 24 jul (PL) El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall' Anese, podrá hoy seguir ejerciendo tranquilamente el cargo después de cambiar de actitud quienes pedían su destitución.

La Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala desistió en su empeño de solicitar la sustitución del costarricense Dall' Anese ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Así lo confirmó el presidente de esa agrupación, Carlos Aguilar, aunque reiteró la indignación de los miembros por comentarios de quien dirige ese grupo de las Naciones Unidas en este país, los cuales calificó de irrespetuosos.

Esa Asociación había acordado enviar una carta a Ban con el pedido de democión para Dall' Anese, al denunciar una actitud de menosprecio a la capacidad de la justicia guatemalteca.

El funcionario calificó recientemente de ignorantes a jueces y magistrados por sus decisiones, contrarias a las pretensiones de la Cicig, por lo cual también exigieron una disculpa pública.

La defensa la asumió en primera instancia el presidente de la República, Alvaro Colom, cuando apoyó la labor de la Cicig y de su jefe en la lucha contra el crimen organizado.

También les dio un importante espaldarazo la Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos, de mujeres, trabajadores, la niñez, adolescencia y juventud, religiosas y muchas orientaciones más.

Guatemala merece justicia pronta, cumplida e imparcial, señaló la agrupación al respaldar el trabajo de la Cicig para enfrentar en este país el alto índice de impunidad, tanto por crímenes del pasado como del presente.

Dall' Anese asumió el cargo en octubre pasado tras la renuncia meses antes del español Carlos Castresana, como colofón de un proceso tortuoso en el cual éste también cuestionó fuertemente la eficacia del sistema judicial guatemalteco.

La Cicig fue creada de común acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala con la finalidad es apoyar a las instituciones del Estado en la investigación de delitos cometidos por aparatos clandestinos de seguridad y ayudar a desmantelarlos.

El Ministerio Público, la Policía y las entidades del sector Justicia están entre los órganos a los cuales la Comisión asesora en esa labor en esta nación, donde la impunidad está calculada en alrededor del 98 por ciento de los casos.

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