Durante el gobierno de EPN, al menos tres agencias
federales han gastado casi 80 millones de dólares en programas de
espionaje de una empresa de origen israelí, dedicada a investigar a
periodistas y activistas anticorrupción.
Esto fue abordado en los trabajos previos a la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y publicado a través de un
artículo por The New York Times.
Ante esto, el canciller Luis Videgaray evitó hablar del asunto, pues
dijo que no había leído todavía el artículo, y que serían las
autoridades competentes las que responderían sobre el tema.
El programa conocido como Pegasus tiene en la mira a los abogados que
investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a un
economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, a dos
de los periodistas más influyentes de México y a una estadounidense que
representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Incluso, el sistema de espionaje ha llegado hasta los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Este software es infiltrado en los diferentes aparatos electrónicos
de una persona para monitorear cualquier detalle de su vida diaria:
llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y
calendarios. El micrófono y cámara del teléfono celular son también
utilizados, por lo que el móvil se convierte en un micrófono oculto.
Según NSO Group, la empresa que fabrica el software, la herramienta
es vendida exclusivamente a los gobiernos con la condición de que sea
utilizada solamente para combatir a terroristas o grupos criminales y
carteles de drogas.
Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la
Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción
apodada Ley 3de3 manifestó que ahora “somos los nuevos enemigos del
Estado”, luego de que su iPhone y el de su esposa fueran blanco en
varias ocasiones del programa espía. “La nuestra es una sociedad en la
que la democracia se ha deteriorado” – afirmó.
Estos ciberataques manifiestan las luchas internas que tienen lugar
en México y crean cuestionamientos legales y éticos sobre un Gobierno
que enfrenta fuertes críticas ante sus antecedentes en temas de derechos
humanos.
Según varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de
inteligencia y considerando que un juez federal es el único que puede
autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, es muy poco probable
que el Gobierno haya recibido la aprobación judicial que le permitiera
hackear los teléfonos de los activistas y periodistas.
“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la
corte porque saben que no la obtendrían”. “¿Cómo sería posible que un
juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los
derechos humanos?” – cuestionó Guerrero, exmiembro del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias
gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención” – agregó.
“Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.
Carmen Aristegui fue una de las víctimas de este sistema. En su caso,
un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y
le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema
con su visa. También recibió un llamado de ayuda para encontrar a un
menor desaparecido y otro que tenía una alerta por supuestos cargos
desconocidos a su tarjeta de crédito.
Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al
hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los
siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la
iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número
telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.
En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al
teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por
la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de
mí, para causarme daño” – dijo Aristegui.
Por su parte, Pardinas, quien presentó un estudio sobre los costos
políticos y económicos de la corrupción en México, en sus vacaciones
navideñas, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi padre,
estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas
venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que
quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos
de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Llegaron más mensajes y, después de no tener éxito con él, los
responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también
parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban
a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega.
Luego de que la ley 3de3 fuera aprobada, el 1 de agosto recibió un
mensaje. Este tenía una amenaza: “Oiga afuera de tu casa anda una
camioneta con dos vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)”.
Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó
a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara
por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No
había nada.
“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo” – bromeó Pardinas.
A fines de abril de 2016, Mario Patrón acusaría al gobierno de
negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el
manejo del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Sonó su teléfono y vio la pantalla, le mostró el mensaje a su colega y
dio clic a un enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de
prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco.
Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer
llamadas e informarse de lo que planeaba el gobierno; y con eso cayó en
la trampa.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el
software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los
estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada
estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
Aun con esto, no existen pruebas definitivas para señalar al gobierno
como responsable, ya que Pegasus no deja rastros del hacker que lo
utilizó. Incluso NSO Group afirma que no se puede determinar con
exactitud quién está detrás de los intentos de hackeo.
Sin embargo, los ciberexpertos si pueden verificar en qué momento el
software se ha utilizado en el teléfono de un objetivo, Lo cual minimiza
las dudas sobre la participación del gobierno mexicano o algún grupo
corrupto interno.
Por su parte, NSO Group aseguró que antes de vender el software,
investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos.
Sin embargo, una vez que es otorgada la licencia y se instala el
hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de
seguridad, no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas
espías o contra quién están siendo usadas.
A partir de ahí, la compañía se encarga simplemente de cobrarle a sus
clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar.
Según las propuestas de comercialización de NSO Group revisadas por The
New York Times, para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante
cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil
dólares.
A pesar de que se han presentado diversas evidencias que demuestran
que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y
sus familias, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso
de su software por parte del gobierno mexicano.
Ante tal contexto, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, Tirza Flores, representante de la
Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en
las Américas, expresó su apoyo hacia los periodistas y defensores que
han sido víctimas del espionaje por parte del Gobierno mexicano, y lanzó
un llamado a otras organizaciones y a las autoridades para pronunciarse
sobre este tema.
“Les pedimos a las y los representantes de los Estados aquí presentes
que en el segmento de réplica pudieran pronunciarse sobre esta grave
situación que afecta la defensa de los derechos humanos en México” –
indicó.
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