e van a cumplir 25 años del cambio en la concepción de la política migratoria estadunidense con respecto a México y la frontera. Un cambio que tuvo consecuencias directas en el flujo migratorio, el volumen o stock y el retorno.
El resultados de la política represiva y de control fronterizo inaugurada en 1993: la ruptura de la circularidad migratoria, el asentamiento de los migrantes, la reunificación familiar por la vía legal o informal, el alargamiento de la estancia y el no retorno de los migrantes irregulares. Y a medida que se incrementaba el control fronterizo aumentaban los costos y los riesgos de la migración subrepticia, lo que redundó un crecimiento importante del volumen de la migración irregular asentado en el interior de Estados Unidos. Un clásico ejemplo de lo que se ha llamado consecuencias no anticipadas
de políticas que provocaron que en vez de reducirse el volumen se incrementara.
No obstante, una vez cruzada la frontera se podía trabajar y vivir más o menos tranquilo en el interior de Estados Unidos, por lo menos hasta el 11 de septiembre de 2001 en que se desata de manera explícita una campaña oficial antinmigrante, se vincula el tema migratorio con el de seguridad nacional, se criminaliza al migrante y se niega cualquier vía de solución a los 11 millones de migrantes irregulares, seis de los cuales, son de origen mexicano.
De 1993 a la fecha la frontera entre México y Estados Unidos ha sufrido un cambio radical. Hasta 1965 era prácticamente una frontera abierta, luego pasó a ser porosa, sólo era una malla de alambre en algunas zonas urbanas, en 1993 con las Operaciones Bloqueo en el Paso y Guardián en el corredor de San Diego la frontera empieza a ser vigilada y finalmente, después de septiembre 11, se convierte en una frontera amurallada y militarizada, en una barrera prácticamente infranqueable.
Al mismo tiempo que se se recrudece el control fronterizo se da un proceso paralelo de persecución política de los migrantes que empezaron a ser utilizados como el argumento central de muchos políticos de derecha. Durante la campaña para gobernador de Pete Wilson en 1994, para el estado de California, se lanza la iniciativa SOS (Save our State) que luego se convierte en la Proposición 187 que propone limitar el acceso a los migrantes ilegales
a la educación, la salud y los servicios sociales. Ésta se aprueba por voto popular y luego de un juicio se considera anticonstitucional porque los asuntos migratorios son considerados como de competencia federal.
Dos años después (1996 con Clinton de presidente) se aprueba una ley federal: Illegal Immigartion Reform and Immigrant Responsability Act (IIRAIRA), que le abre la puerta a los estados para legislar sobre algunos aspectos en el manejo de recursos asistenciales a los que tenían acceso la población en general entre ellos los inmigrantes. En este ambiente se desencadenan una serie de legislaciones estatales, que encuentran respaldo en la política antiterrorista y se desata la persecución. En pocos años más de 60 ciudades establecieron acuerdos con el ICE (Immigration and Customs Enfrocement) para la aplicación de la disposición 287G, llamada de comunidades seguras
que permite a los agentes locales y estatales interpelar a personas para comprobar su estatus migratorio y les permite detenerlos por violaciones a las leyes de inmigración hasta que lleguen las autoridades federales.
Al respecto es pertinente mencionar que la reforma migratoria de 1996 (IIRAIRA) marca el tono antinmigrante de la reforma desde la primera letra del acrónimo, la I de Illegal que encabeza el título y que retoma los puntos fundamentales de las posiciones nativistas en contra de los inmigrantes. El lenguaje en el discurso oficial refleja lo que realmente se piensa, en ese sentido la palabra ilegal es una categoría discursiva que manifiesta el sentimiento de amenaza a la nación, a la sociedad. No es de extrañar que a partir de esta ley se diera pie a una serie de leyes antinmigrantes en los estados. De acuerdo con Leo Chávez la guerra antinmigrante no sólo es de palabras, ha pasado a implementarse en políticas públicas y propuestas para reformar la Enmienda 14, que otorga el derecho a la nacionalidad por nacimiento, bien podría ser el objetivo final.
En efecto el discurso nativista y antinmigrante se vio refrendado por una verdadera avalancha de leyes en contra de los migrantes irregulares. Los legisladores que se vieron favorecidos, después de una campaña electoral antinmigrante, tenían la obligación de proponer medidas restrictivas.
La llegada de Trump a la Casa Blanca se sustenta precisamente en esta tradición del partido republicano de utilizar el argumento del miedo y la amenaza migrante para ganar votos. Ya lo decía Maquiavelo: no hay nada mejor que utilizar al extranjero como excusa para generar miedo, ganar adeptos y distraer al pueblo de sus problemas de siempre.
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