Diversas entidades y órganos internacionales ya se posicionaron en contra del golpe. Ayer (23), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) expresó su preocupación por la gravedad de la situación en Honduras. En un comunicado, Unasur condenó enérgicamente el Golpe de Estado y exigió la inmediata restitución de Zelaya en su cargo, para cumplir el mandato constitucional interrumpido el 28 de junio de este año.
La Unión de Naciones Suramericanas desea que la paz sea restablecida en el país y que se respeten los derechos humanos. "Ante los actos de violencia suscitados, repudiamos la utilización brutal de la fuerza contra los grupos que defienden la vuelta a la vida democrática, la imposición del estado de sitio, la suspensión total de los derechos del pueblo hondureño y exigimos que se respete a libertad de expresión y asociación" (fragmento del comunicado del 23 de septiembre).También el Grupo de Río apoya la vuelta de Zelaya a Honduras. En declaración, los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo reforzaron su posicionamiento y demostraron indignación y preocupación en lo que respecta a la situación del país. Las autoridades exigen que se terminen de inmediato los actos de violencia y represión contra la población y hacen un llamamiento a los órganos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos para que realicen un puntual seguimiento de la situación de los derechos humanos en el país.
Así como Unasur, el Grupo de Río ve la necesidad de un acuerdo pacífico iniciado por medio del diálogo y reitera la necesidad de un retorno del Presidente Constitucional Manuel Zelaya para que se recupere el orden democrático en el país. "El Grupo de Río respalda la vuelta pacífica del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales a Honduras, condena los actos violentos perpetrados por el gobierno de facto en las inmediaciones de la sede diplomática de Brasil en las últimas horas, así como también exige el pleno respeto de la integridad física de los servidores diplomáticos del país y condena las acciones intimidatorias en contra de esa representación" (fragmento de la declaración de los ministros del Grupo de Río).
Además de la constante represión policial y militar, la preocupación de las autoridades mundiales es por la inviolabilidad de la sede diplomática de Brasil en Tegucigalpa y, sobre todo, por la integridad física del Presidente Zelaya, de su familia y de sus colaboradores. Según informaciones de la Agencia de Noticias Pulsar, las Fuerzas Armadas hondureñas se mantienen en las inmediaciones de la embajada brasilera realizando operaciones intimidatorias y represivas y deteniendo a los manifestantes.
Durante los tres días en que Zelaya estuvo refugiado en la embajada, el ejército por orden del gobierno golpista cortó la energía eléctrica del barrio. En la oscuridad, y desde las casas de los vecinos, los militares vigilan al Presidente.
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