Entrevista con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia
“El punto de bifurcación es un momento en el que se miden ejércitos”
Le Monde Diplomatique (Bolivia)
¿Cómo explica el debilitamiento de la oposición después de más de dos años de pruebas de fuerza?
El gobierno del presidente Evo vio a la Asamblea Constituyente como la posibilidad de armar un gran ensamble colectivo de todas las fuerzas sociales del país. Nos metimos de cabeza en este proyecto pactista. Internamente al seno del pueblo, había que cohesionar al bloque popular, con muchas dificultades, porque había mucha diversidad corporativa, y luego había que dar como siguiente paso la apertura hacia los otros sectores sociales opositores, minoritarios pero importantes.
Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia
Y en ello dimos muestras de voluntad de flexibilizar posiciones políticas, de ceder en demandas e incluir a todos. Pero el bloque social opositor había definido una estrategia de bloqueo o suspensión constituyente, esto es de irresolución de la estructura de poder, y optó por el rechazo a los pactos constituyentes una y otra vez. Su objetivo consistía en prolongar la crisis de Estado iniciado en el año 2000, debilitando al gobierno a la espera de un momento donde la correlación de fuerzas le fuera favorable para la resolución de la crisis.
Y nosotros aun así insistimos. El debate sobre los llamados “dos tercios” a fines de 2006 fue un primer amague de lo que estaba en juego, y de la decisión de un sector que no estaba dispuesto a aceptar su posición de minoría política democrática. En los dos tercios y en el tema de la omnipotencia de la Constituyente cedimos, fuimos para atrás, pero a la vez, como contraparte, empujamos la consolidación de una mayoría social y política que también se convertía en una mayoría decisoria constituyente.
El segundo gran momento de confrontación fue el tema de la capitalidad de Sucre. Se desenterró un tema centenario, causante de una guerra civil en 1899, como punta de lanza para volver a suspender la Constituyente. Ahí el bloque opositor cívico-prefectural de derecha nos mostró que estaba dispuesto a todo, incluso a poner en riesgo la vida de constituyentes con tal de inviabilizar la posibilidad de un pacto nacional. Y nosotros, frente a ese escenario, volvimos a ofrecer enormes concesiones.
Visto a la distancia, la dirigencia cívica sucrence, que era empujada por atrás por las elites cruceñas, estaba obteniendo una gran cantidad de logros: casi un tercio de las sesiones de Congreso a Sucre, las oficinas del Defensor del Pueblo, de la Procuraduría, quizás de la Corte Nacional Electoral, un con-junto de instituciones que le daban una relevancia administrativa y económica a Sucre, además de una viabilización más rápida de un conjunto de obras de infraestructura. Pero tampoco aceptaron. Y comprobando que no había ningún interés en acordar, sino en antagonizar indefinidamente, es que nos lanzamos ala aprobación de la Nueva Constitucion, primero en la Calancha, en grande, y luego ya en Oruro. Es decir, resolvimos definir por vía de las mayorías constituyentes la estructura del poder estatal.
En esta época usted habló de “punto de bifurcación”.
Sí, enseguida llego ahí. Pese a todo esto, hicimos un nuevo intento y fuimos a buscar a Rubén Costas, a Leopoldo Fernández a su hacienda, fuimos a buscar a Branko Marin-kovic y, por último, le propusimos a la gente de Jorge Quiroga un proceso de destrabamiento. Ahí, de manera incontrastable, estaba claro que había un sector minoritario que iba a impedir por todos los medios la solución, vía el proyecto nacional-popular, de la crisis estatal iniciada en 2000.
Y claro, nosotros necesitábamos la Constituyente para constituir el nuevo Estado, para anclar en las instituciones y relaciones de mando duraderas del Estado la nueva correlación de fuerzas alcanzadas por el movimiento indígena-popular en el ciclo de movilizaciones de 2000-2005. En el fondo, una Constitución, lo que hace es solidificar una serie de puntos de apoyo irreversibles, de conquistas y mandos alcanzados históricamente por la trama de las luchas de poder de una sociedad. Y la prueba final de esta voluntad confrontacional de la oposición minoritaria de derechas vino cuando se lanzaron a la convocatoria a las consultas departamentales sobre los estatutos autonómicos a realizarse en mayo de 2008. Se trataba de una búsqueda de disputa de facto del poder político regional, de una suerte de poder dual regionalizado o escisión vertical antagonizada de la estructura del Estado. Llegado ahí, no había punto de retorno: la derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial.
La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que, en última instancia, el poder del Estado es coerción. A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. Es el momento de inicio del nuevo orden estatal de manera autoproducente.
Y todo ello mediante el despliegue, medición o confrontación de fuerza desnuda de los dos bloques polarizados. El punto de bifurcación es el momento excepcional, corto de duración, primario pero decisorio, en que el “príncipe” abandona el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción. Entonces, ya era cuestión de tiempo la llegada de ese día de fuerza y nosotros entre mayo y septiembre de 2008 nos preparamos para ese momento.
Fue un momento bélico o potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus consultas e inició gradualmente la conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. Nosotros entendemos esa señal y nos desplegamos en una estrategia envolvente, como la llaman los militares. Tanto por el lado de los mecanismos coercitivos del Estado como por la vía de la movilización social.
Para mayo, se hace un análisis con las organizaciones sociales y con las propias Fuerzas Armadas evaluando los principales riesgos que había en el país y se instruye la preparación de planes de contingencia ante la eventualidad de una radicalización de la estrategia golpista de la derecha.
Ahí se hace un primer plan de contingencia de una gran movilización nacional en defensa de la democracia que no se lo ejecuta pero ya estaba elaborado tanto en lo social como en lo militar. En agosto, apostaron por una derrota electoral del gobierno, a fin de restarnos legitimidad democrática, pero ganamos el referéndum (revocatorio de agosto de 2008). Lejos de retroceder en el apoyo democrático, el gobierno incrementará su aceptación del 54 al 67%, consolidando una mayoría social en todo el territorio nacional, incluyendo en regiones anteriormente dominadas por la oposición.
Esto desquicia a la derecha. Después de dos años de estrategia de bloqueo constituyente, ahora pretendían una rápida recuperación del poder, comenzando desde el ámbito departamental. Pero el revocatorio ampliaba la legitimidad nacional del gobierno del presidente Evo e irradiaba la fuerza política del bloque indígena-popular a la totalidad de los departamentos.
En vez de entender el momento, la derecha decidió atacar. Las reglas de la guerra, y la política es la prolongación de la guerra por otros medios, enseñan que cuando un opositor es fuerte no se lo debe atacar directamente, y cuando un ejército es débil nunca debe promover ni aceptar entablar batalla ante uno más fuerte. La derecha hizo exactamente todo lo contrario a este ABC de la lucha por el poder. Enceguecida, se lanzó a la confrontación en el momento de mayor fortaleza política-electoral del gobierno y de mayor incertidumbre de la extensión de la base de apoyo de la derecha; y ahí comenzó su derrota.
Tras los resultados del referéndum aprobatorio de agosto, el bloque cívico-prefectural inicia su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan des-bocados a un callejón sin salida. Usan la violencia contra el Estado, dando el justificativo moral de una respuesta contundente del Estado contra ellos, que se la comenzará a desplegar en una escala gigantesca. Además, a medida que incendian y saquean instituciones públicas, se deslegitiman ante su propia base social quedando en horas como un puñado de violentos. Y viene Pando… El prefecto desata la masacre de Pando en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana.
La masacre de campesinos igualará a los prefectos con sus mentores Sánchez de Losada o García Meza, y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad.
Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población horrorizada por la acción de los golpistas.
Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz. No sólo campesinos y colonizadores se movilizaran sino pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.
La contundencia y firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia.
Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza.
La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado. Una cosa parecida sucedió en 1985, cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron frente a las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal.
Hoy, le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre de 2008 tuvo el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros en 1986. Sólo que ahora es el bloque plebeyo el que festeja la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. Lo que vino después fue la validación político parlamentaria de ese triunfo popular. Sobre la marcha de victorias electorales y militares, el gobierno indígena-popular llevará a la consagración institucional de la correlación de fuerzas lograda en el momento del “punto de bifurcación” Y eso lo hará mediante la aprobación congresal de la Nueva Constitución Política del Estado. sigue aquí........
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